Michoacán: la venganza de Calderón

Michoacán: la venganza de Calderón

J. CARRASCO Y F. CASTELLANOS

Michoacán es territorio que controla La Familia, según testimonios del propio gobernador Leonel Godoy, quien a principios de su mandato se reunió con el titular de la Secretaría de la Defensa, general Guillermo Galván, y le comentó que esa organización estaba presionando a algunos alcaldes. Pero el gobierno federal se reservó la respuesta y sólo en vísperas de los comicios del próximo 5 de julio instrumentó el golpe contra un bien seleccionado grupo de  alcaldes y  funcionarios cercanos a Godoy. Poco le importó violentar la soberanía del estado. 

MORELIA, MICH.- Derrotado una y otra vez en las urnas de su estado, Felipe Calderón aprovechó la vulnerabilidad del gobierno de Leonel Godoy por su presunta protección al narcotráfico para hacer del combate a la delincuencia organizada bandera electoral.

En apenas un año y tres meses de gobierno, Godoy está por segunda ocasión sometido a una fuerte presión por hechos relacionados con la delincuencia organizada en una crisis de inseguridad que Calderón ha administrado políticamente y lo ha llevado al extremo de considerar el estado de excepción en la entidad.

A pesar de que a través de su gran aliado, el Ejército, supo desde hace más de un año de las presiones de La Familia michoacana a varios de los alcaldes ahora detenidos, Calderón se guardó la oportunidad para actuar. Lo hizo a 40 días de las elecciones federales en las que en la entidad se prefiguraba una nueva derrota para el PAN.

Con una actividad narcopolítica tan intensa como en otros estados, Michoacán es desde el martes 26 escenario donde los cárteles de la droga se convirtieron en actores determinantes durante el proceso electoral que culminará el 5 de julio próximo.

Los informes de inteligencia civil y militar que circulan en el estado sobre las alegadas relaciones de funcionarios federales, estatales y municipales con la delincuencia organizada que operan en el estado sustituyeron a las plataformas electorales.

Encaminado hasta ese día a una nueva derrota en el que aún es bastión perredista, el PAN espera capitalizar en los comicios el operativo policiaco militar que el gobierno federal ejecutó en las primeras horas del martes 26, en forma simultánea, en distintos municipios del estado, incluida esta capital.

La redada acabó con la detención de 10 presidentes municipales de distintos partidos, 17 funcionarios estatales y municipales y el juez de primera instancia Jaime Liera, coordinador de la Policía Ministerial durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel. Además, la entrega voluntaria del exprocurador de Justicia Miguel García Hurtado, y del exsubprocurador Ignacio Mendoza Jiménez.

Los 30 están acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) de proteger al grupo conocido como La Familia michoacana, a Los Zetas –brazo armado del cártel del Golfo– o a la organización de los hermanos Beltrán Leyva.

Junto con el cártel de Sinaloa y el del Milenio, esas organizaciones se disputan el control de la ruta michoacana para el tráfico de mariguana, cocaína y heroína entre Sur y Norteamérica y de la materia prima que llega desde Europa y Asia para la elaboración de metanfetaminas.

A todos los detenidos les fue decretado el viernes 29 un arraigo por 40 días que se puede duplicar antes de que se defina su situación jurídica. El primer plazo del arraigo se vence tres días después de las elecciones.