Caso Stanford: Mexicanos al grito de ¡justicia!

Caso Stanford: Mexicanos al grito de ¡justicia!

EMILIO GODOY

Desprotegidos por sus propias autoridades, inversionistas mexicanos que fueron esquilmados por la firma Stanford emprendieron una demanda en Estados Unidos contra las aseguradoras que abrieron la puerta en México a los fraudes de Robert Allen Stanford. Este magnate texano succionó de bolsillos mexicanos alrededor de mil millones de dólares en poco más de una década y los transfirió de manera fraudulenta a Antigua.

Atraídas por los altos rendimientos y por la aparente solidez del Stanford International Bank (SIB), Paula Gilly Flores y su madre invirtieron la herencia legada por la abuela en certificados de depósito de este banco. Pero en febrero de 2009, ambas mujeres, radicadas en Puebla, se quedaron con las manos vacías cuando la empresa dueña del banco, Stanford Group Company, propiedad del magnate texano Robert Allen Stanford, fue intervenida por la Comisión de Seguridad y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Ellas no fueron las únicas. Desprotegidos por las autoridades financieras mexicanas, Gilly, sus paisanos Samuel Troice, Martha Díaz y la empresa panameña Punga Punga Financial Ltd. decidieron demandar ante una corte federal de Texas a las empresas aseguradoras Willis Group Holdings Ltd. y a su ejecutiva Amy S. Baranoucky; a Willis of Colorado Inc. y a su ejecutivo Robert S. Winter, así como a la firma Bowen, Miclette & Brito Inc., a las cuales acusan de ser cómplices de estafa.

De acuerdo con el expediente presentado el pasado jueves 2 ante una corte federal de Texas, marcado con la clave 3:2009cv01274, al que accedió Proceso, esas compañías aseguradoras sirvieron de cubierta a Stanford para captar unos mil millones de dólares provenientes de alrededor de 3 mil inversionistas mexicanos.

La demanda de 56 páginas sostiene que las aseguradoras se extralimitaron en sus funciones y actuaron "como agentes de ventas a favor de Stanford Financial". Así, dicen, escribieron cartas que validaban las inversiones de esa empresa, la cuales a su vez eran usadas para atraer nuevos clientes, además de conferirle reconocimiento y credibilidad entre los clientes de Stanford, unos 30 mil en todo el mundo.

Willis of Colorado Inc. tiene su sede en el estado de Colorado y operaciones en Texas; Willis Group Holdings Ltd., la tercera aseguradora más grande del mundo, está localizada en Bermuda y su mayor centro de operaciones es Gran Bretaña; mientras que Bowen, Miclette & Brito, Inc. está ubicada en el estado de Texas.

Cartas correspondientes a 1996, 1998, 1999, 2001, 2002 y 2004, firmadas por Robert S. Winter, y documentos similares de Willis Group de 2005, 2006 y 2008, prácticamente respaldaban la supuesta solidez de los certificados de depósito de SIB.

Los afectados se han sentido perjudicados por la inacción de los reguladores financieros de México, Estados Unidos y Antigua. Se sienten desprotegidos por la autoridad, dijo a Proceso el abogado David Cibrián, del despacho texano Strasburger & Price que representa a los acusadores junto con la firma Castillo Snyder

Las aseguradoras enfrentan cargos por violaciones a la Ley de Valores de Texas, fraude y engaño negligente; los demandantes solicitan 900 millones de dólares. "Calculamos ese monto por el valor aproximado de la cartera mexicana invertida en (el SIB) en Antigua", explicó Cibrián.

Los inversionistas mexicanos optaron por llevar a juicio a las aseguradoras pues no pueden demandar a Stanford en virtud de una prohibición impuesta por un juez federal para no acumular demanda sobre demanda.