Sedena minimiza denuncias; paga 200 mil pesos por víctima fatal
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
México, DF; 20 de julio (Apro).- El director general de Derechos Humanos de la secretaría de la Defensa Nacional, general brigadier Jaime López Portillo Robles Gil, aseguró que se magnifican las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares durante los operativos contra el narcotráfico.
Aseguró que de las dos mil quejas interpuestas contra militares en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en lo que va del sexenio, "sólo hay 35 recomendaciones por parte del organismo, lo que representa un número realmente mínimo", aseguró el general durante un foro público sobre el Ejército y los derechos humanos.
La cifra es menor sobre todo si se toma en cuenta que son 45 mil soldados desplegados para el combate al narcotráfico y sólo 65 elementos han sido procesados como resultado de esas recomendaciones, insistió el general al participar en el encuentro organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), de la PGR.
Aunque evitó indicar el rango y el tipo de delitos por los que han sido sometidos a la justicia esos elementos, sobre el Ejército pesan varias acusaciones por asesinato, tortura, violaciones y otras violaciones a los derechos humanos.
El general también soslayó que esas 35 recomendaciones representan casi el 70 por ciento de las recibidas por la Sedena en los 20 años de existencia de la CNDH (Proceso 1694).
Tan sólo en lo que va de este año ya son 11 las recomendaciones emitidas por la Comisión, lo que casi iguala a las 14 del año pasado, según datos proporcionados en el marco del foro por Jorge Robledo Ramírez, investigador de la CNDH, quien sin embargo apoyó la participación del Ejército en el combate al narcotráfico.
Al término de su intervención, entrevistado por la prensa, el general López Portillo Robles Gil defendió el alcance del fuero militar, a pesar de las críticas del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"Para nosotros el sistema es correcto. Hasta ahora nos ha funcionado para mantener la disciplina militar y diríamos que no se modifique", señaló ante la revisión que hará la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad del Código de Justicia Militar.
En particular, la Corte revisará los alcances del artículo 57 del Código Militar, según el cual las violaciones a los derechos humanos son "faltas a la disciplina militar", por lo que ese tipo de casos en los que las víctimas son civiles quedan bajo la jurisdicción de los tribunales castrenses.
La crítica nacional e internacional es que bajo ese criterio, los militares se investigan a sí mismos, incluso cuando efectivos militares asesinan a civiles.
El general señaló que en esos casos la Sedena busca la conciliación y paga alrededor de 200 mil pesos a los deudos, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.
"Procuramos entrar a la etapa de conciliación para no afectar a la gente, porque son daños colaterales que va causando las tropas, a excepción donde haya un dolo especifico", aseguró.
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