Denuncia de los jóvenes graffiteros de San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de las Casas, 4 de febrero del 2010

A la sociedad en general

A las y los jóvenes

A las organizaciones civiles y gente consciente

Queremos informarles las injusticias que estamos viviendo como jóvenes, escritores de graffiti y artistas de esta ciudad, por parte de las autoridades municipales que han estado violentando nuestros derechos como jóvenes ciudadanos, integrantes de la sociedad, al catalogarnos como delincuentes por el solo hecho de ser jóvenes y recurrir a nuestro derecho de libertad de expresión.

El 1° de febrero fuimos detenidos cuatro escritores de graffiti por policías municipales, cuando realizábamos murales en los que teníamos trabajando varios días y contábamos con el permiso de los dueños. No había denuncia ni nos informaron los motivos por los que nos trasladaban a los separos. Ingresamos a la Dirección de Policía, Tránsito y Protección Civil Municipal donde nos impusieron una multa apelando a delitos que nunca nos explicaron y a una ley que no nos mostraron.

Como consecuencia de estos hechos las y los jóvenes escritores de graffiti en San Cristóbal nos reunimos para discutir la situación de los jóvenes detenidos, ante la que como colectivo nos sentimos agraviados, por lo que queremos denunciar lo siguiente:

• El proceso de detención tuvo muchas irregularidades. No se les informó debidamente sobre su situación legal. Dos escritores detenidos no fueron presentados ante el juez calificador en turno y pasó más de una hora antes de que los dejaran realizar una llamada. Por otro lado, los jueces calificadores fincaron los cargos en base a modificaciones a un reglamento municipal que no ha sido de conocimiento público y que encima se negaron a mostrar, lo que se agrava ante el hecho de que los funcionarios públicos caían en contradicciones sobre el carácter de las modificaciones legales y decían que no conocían el nombre del reglamento al que se apegaron para hacer las detenciones. Frente a estas irregularidades consideramos que las autoridades impidieron un proceso justo y digno.

• Es importante mencionar que, tanto en el Barrio de Santa Cecilia como en el lugar conocido como los 11 cuartos, los escritores de graffiti contaban con autorización de los dueños e inquilinos de la propiedad, quienes personalmente asistieron a la Dirección de Policía para confirmar que los jóvenes contaban con autorización para hacer sus producciones. Por lo tanto, no intervinieron ningún espacio público (iglesia o parque) como se difundió en los medios de comunicación y no estaban actuando en daño o perjuicio de los dueños de las paredes.

• La prensa local difundió información falsa acerca de los hechos y de la situación de los detenidos, con lo que alimenta el clima de persecución y hostilidad hacia la juventud de esta ciudad. Además atentó contra su intimidad al explotar su imagen y difundir información personal, basándose en los documentos de la Policía. Exigimos un periodismo responsable que verifique los hechos, y no publique versiones falsas, alarmistas y sin fundamentos.

• Los hechos descritos violan nuestros derechos a transitar, reunirnos y expresarnos libremente, a opinar sobre las cosas que nos interesan y a difundir información útil para mejorar nuestra calidad de vida.

Atentamente,

Escritores y escritoras de Graffiti de San Cristóbal de las Casas

ANEXAMOS LOS TESTIMONIOS DE LOS JÓVENES QUE FUIMOS DETENIDOS

Testimonios de la detención en el Barrio de Santa Cecilia

Nos encontrábamos pintando legalmente en el barrio de Santa Cecilia, con permiso físico, firmado y comprobado por la dueña de la barda; le pedimos que nos firmara el oficio porque sabemos que hay una ley que sólo permite el graffiti legal. Llevábamos tres días pintando la pieza, durante el sábado 30 y el domingo 31 de enero policías se acercaron solicitándonos el permiso de la dueña, nosotros se los mostramos las veces que nos lo pidieron con lo que ellos quedaban conformes y se iban.

El lunes 1° de febrero, aproximadamente a las dos de la tarde, llegaron unos oficiales y nos pidieron que nos subiéramos a la patrulla porque había salido un decreto que estipulaba que no se podía pintar ni graffiti legal ni ilegal. Nosotros les recordamos que teníamos un permiso firmado por la dueña de la barda de la casa y ellos insistieron en trasladarnos frente al juez, ya que habían recibido una denuncia y estaban acatando órdenes. Es importante mencionar, que en el lugar solicitamos que nos mostraran el decreto, a lo que ellos contestaron que estábamos ocasionando daños a la vía pública y transgresión en propiedad privada. Para comprobar lo contrario solicitamos que hablaran con la dueña para que desmintiera los cargos por daño a su propiedad a lo que ellos se negaron. Por otro lado, tampoco nos mostraron una denuncia o cualquier oficio que indicará que debían trasladarnos.

Nosotros no nos resistimos a subir a la patrulla, porque sabíamos que no estábamos cometiendo ningún delito y porque los policías nos dijeron que el asunto lo arreglaríamos con el juez. Nunca nos indicaron que estábamos arrestados.

Al llegar a la Dirección de Policía, Tránsito y Protección Civil Municipal, el juez Iván Velasco nos dijo que había una ley que se acababa de modificar y que estipulaba que no se podía hacer graffti, legal o ilegal, ni afuera del perímetro del centro, nosotros argumentamos que teníamos el permiso de la dueña, que si había una ley que nos la mostraran y nos informaran el nombre de la ley. Sin darnos información, nos pidieron que nos quitáramos las agujetas, el cinturón y nos pusiéramos una hoja con nuestro nombre, nos indicaron que nos ubicáramos enfrente de los aerosoles y nos tomaron como ocho fotos.

Frente al juez no nos indicaron si había que pagar una multa, el monto de la misma o cuánto tiempo teníamos que quedarnos en los separos. La señora que nos prestó la barda acudió con el juez para informarle que teníamos permiso para pintar, pero ella también fue amenazada: le cuestionaron que hubiera dado un permiso sobre su propiedad y le señalaron que podían imponerle una multa, aunque nunca le mostraron un documento oficial que indicaran esos procedimientos. Cuando nuestros padres llegaron a la Dirección de Policía también le informaron al juez que había un permiso firmado y que si existía el decreto se los mostraran, algo que nunca hicieron, sólo les indicaron la multa de $2,700 por cada uno y les dijeron que nos iban a hacer el favor de hacernos un descuento de 50%, por lo que la multa quedo en $1,350 por cada uno, que si seguían insistiendo en mostrarles el documento no haría válido el descuento. Estuvimos en los separos alrededor de tres horas, hasta que se pago la multa.

Testimonios de la detención en “Once Cuartos”

Nosotros nos encontrábamos a una cuadra del Colegio Arcoiris, en una zona que se conoce como los Once Cuartos, contábamos con permiso del señor que renta la casa y de la dueña. Pintamos una producción de dos días con la temática del Bicentenario que hablaba sobre los doscientos años de libertad del país. El lunes 1° de febrero, entre las 4:20 y 4:30 pm, llego una patrulla indicándonos que no podíamos pintar graffiti legal, les pedimos que nos mostraran los documentos donde se decía eso a lo que nos contestaron que lo arreglaramos con el juez. En ese momento, el inquilino de la casa no se encontraba en el lugar, les dijimos que podíamos localizarlo para que hablara con ellos y aclarara la situación, pero no accedieron.

Nos indicaron que levantáramos nuestras cosas, incluso ellos tomaron nuestras mochilas y aerosoles y las metieron a la patrulla. No nos indicaron que estábamos arrestados, sólo que arregláramos el asunto con el juez, nosotros no nos resistimos sabiendo que no estábamos cometiendo ningún delito, ya que contábamos con la autorización del inquilino del lugar quien había pagado un depósito por la casa que estaba rentando.

En el camino hacia la Dirección de Policía Municipal encontramos a unos ebrios en la calle, uno de ellos estaba tirado y los policías lo comenzaron a patear, sin embargo, no detuvieron a ninguno aún cuando estaban ingiriendo alcoholo en la vía pública.

Llegamos a la base, nos pidieron que dejaramos nuestras cosas y que nos decomisarían las latas, le pusieron el nombre a las mochilas y a nuestras pertenencias. Nos tomaron fotos con una hoja que decía nuestro nombre y que señalaba como delito “graffiteros”, y no nos mostraron ninguna reglamentación que señalará que lo que estaban haciendo estaba respaldado de manera legal, incluso nos dijeron que los decretos no podían mostrarse al público. Entonces les preguntamos que cuando se había informado a la ciudadanía sobre este decreto nos respondieron que se había aprobado hace una semana y que no tenían porque informar ya que era un decreto municipal. Es importante señalar que en ningún momento nosotros hablamos con el juez, cuando se lo pedimos a un policía nos dijo que el juez no estaba disponible porque estaba comiendo.

Así, sin mostrarnos el decreto y formalizar la detención con base en un delito estipulado, sin indicarnos la fianza o los días a pasar detenidos y sin hablar con el juez, nos ingresaron a los separos.

Solicitamos una llamada telefónica que fue permitida como hora y media después, y ante nuestra constante insistencia de que teníamos derecho a hacerla.

Desde que nos subieron a la patrulla, nuestros compañeros avisaron al inquilino de la casa quien llegó a la Dirección de Policía junto con la dueña, ambos hablaron con el juez Iván Velasco y aseguraron que nos habían otorgado la autorización, incluso habían participado en la elección de la temática a pintar. El inquilino, junto con otras personas que acudieron al saber de nuestra detención, hablaron con el juez quien les indicó la multa de 2,700 por cada uno, y después de dialogar llegaron a un acuerdo de $850 cada uno.

Mientras estábamos en los separos, llegaron borrachos y hombres que habían golpeado a sus esposas, a ellos se les imponía una multa de $300 y a nosotros de $850, entonces ¿es peor ser graffiitero y contar con permiso para pintar que golpear a una mujer? Eso es lo que nos dan a entender con a sus tabuladores.

Con respecto a nuestras pertenencias, a los cuatro nos sugirieron que si dejábamos la mitad de los botes, los policías nos devolverían la otra mitad, ante lo que respondimos que son nuestras herramientas de trabajo, que nos significan una inversión y que no habíamos cometido ningún delito como para que se quedaran con ellas. Al final, nos regresaron nuestras latas y mochilas, mismas que fueron revisadas sin nuestra autorización.

Fuente: CDHBCASAS

Difusión: Soberanía Popular