Difusión Cencos México D.F., 19 de mayo de 2010
Boletín de prensa
HRW
Cuando el Presidente Obama se reúna con el Presidente de México Felipe Calderón en la Casa Blanca el 19 de mayo de 2010, se espera que exprese una vez más el apoyo de Estados Unidos a la lucha contra los violentos carteles de narcotráfico en México.
Calderón inició una intensa campaña para combatir el crimen organizado luego de asumir la presidencia en diciembre de 2006. Desde entonces, ha delegado mayormente en las Fuerzas Armadas los operativos de seguridad pública y ha desplegado más de 50.000 soldados en todo el país.
La necesidad de seguridad pública en México es evidente. La rivalidad entre los poderosos carteles de narcotráfico y las pugnas dentro de estos, así como los enfrentamientos armados entre sus miembros y las fuerzas de seguridad pública, han causado la muerte de casi 23.000 personas desde 2007.
El gobierno de Estados Unidos se convirtió en un socio en la lucha contra la violencia ligada al narcotráfico en 2007, cuando anunció la Iniciativa Mérida de lucha contra el crimen organizado. Desde entonces, ha entregado a México más de $ 1.300 millones de dólares a través de esta iniciativa, y el gobierno de Obama se ha comprometido a mantener la ayuda en los próximos años.
Tras reconocer que los abusos socavan la confianza pública en las fuerzas de seguridad y frustran su capacidad de enfrentar a los carteles, Estados Unidos y México acordaron supeditar la entrega de parte de los fondos de Mérida al respeto de los derechos humanos.
1. ¿Son los abusos militares generalizados?
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, un organismo oficial, ha publicado informes exhaustivos sobre más de 50 casos de abusos aberrantes perpetrados por el Ejército desde que Calderón asumió la presidencia en 2006, que incluyen asesinatos, violaciones sexuales y torturas. La Comisión informó haber recibido otras 4.000 denuncias durante ese período.
La cantidad de denuncias e informes detallados de abusos se ha incrementado significativamente con cada año que se mantiene el despliegue militar. En 2006, la Comisión no publicó ningún informe sobre abusos cometidos por el Ejército; en 2009, publicó 30 informes. Asimismo, entre 2006 y 2009 la cantidad de denuncias de abusos militares presentadas ante la Comisión se multiplicó por diez. Diversas organizaciones no gubernamentales locales e internacionales han documentado abusos generalizados cometidos por las fuerzas de seguridad de México durante el gobierno de Calderón, y esto ha sido reconocido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
2. Cuando los oficiales militares cometen abusos, ¿responden por sus actos?
No. Prácticamente todos los abusos militares contra civiles quedan impunes. Esto se debe en gran parte a que son investigados y juzgados por los propios militares, y el sistema de justicia militar carece de la estructura necesaria para abordar las violaciones de derechos humanos de manera independiente e imparcial. El sistema es extremadamente secreto y poco transparente, el Secretario de la Defensa controla las Fuerzas Armadas y el sistema de justicia militar, los jueces militares no gozan de estabilidad en el cargo y las autoridades civiles prácticamente no efectúan ningún control de las decisiones de los tribunales militares. A su vez, las víctimas y sus familiares no tienen ninguna posibilidad efectiva de impugnar la decisión de que sus denuncias se tramiten ante un tribunal militar en lugar de un tribunal civil.
Las estadísticas son una clara prueba de que el sistema de justicia militar no juzga a los soldados. Según datos proporcionados por el propio gobierno mexicano -entregados sólo luego de que Human Rights Watch solicitara reiteradamente pruebas de que el sistema de justicia militar efectivamente estaba juzgando los abusos-, solamente tres soldados han sido condenados por violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno de Calderón. No obstante, una de estas condenas estuvo relacionada con un accidente automovilístico y no constituyó una violación de derechos humanos, y otra fue revertida en la instancia de apelación. Por lo tanto, hay solamente un caso que constituye una condena por violaciones de derechos humanos: el de un soldado que fue condenado a 9 meses de prisión por haber disparado y asesinado a un civil en un retén militar.
Por estas razones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos -el más alto tribunal de derechos humanos para América Latina- ordenó en noviembre de 2009 que México reformara su código de justicia militar para excluir los casos relacionados con violaciones de derechos humanos de la jurisdicción de los tribunales militares.
3. ¿Se resolverían estos problemas de derechos humanos si México apartara a los militares de los operativos de seguridad pública y los reemplazara con policías?
Las Fuerzas Armadas de México no han recibido entrenamiento adecuado para llevar a cabo operativos de seguridad pública, y no se juzga a los oficiales militares cuando cometen abusos. Dado que en el pasado han cometido graves violaciones de derechos humanos contra civiles, las Fuerzas Armadas no son la autoridad adecuada para desempeñar este rol.
No obstante, si bien en teoría la policía se encuentra más preparada para este tipo de tareas, la policía mexicana también ha sido responsable de graves violaciones. Por ejemplo, la tortura es una práctica generalizada entre las policías de México, en parte debido a los perversos incentivos generados por el sistema de justicia de México, en el cual algunos jueces aceptan sistemáticamente confesiones obtenidas mediante coerción como elementos de prueba. En una misión de investigación llevada a cabo en Tijuana dos semanas atrás, Human Rights Watch recogió denuncias creíbles de uso sistemático de torturas por militares y policías, incluidos más de 100 casos posteriores a 2009 de personas que afirman haber sido detenidas arbitrariamente, trasladadas a bases militares y torturadas para obtener una confesión.
(Si bien en 2008 México aprobó una reforma exhaustiva del sistema de justicia que prohíbe expresamente el uso de la tortura y elimina muchos de estos perversos incentivos, la mayoría de los estados de México todavía no han puesto en práctica las reformas y aún cuentan con un plazo de seis años, a partir de esta fecha, para implementarlas).
4. ¿El apoyo de Estados Unidos a la Iniciativa Mérida está ligado a cuestiones de derechos humanos?
Efectivamente. La ley que creó la Iniciativa Mérida supeditó la entrega del 15 por ciento de fondos específicos al cumplimiento por parte de México de cuatro requisitos de derechos humanos:
poner fin a la jurisdicción militar para la investigación y el enjuiciamiento de oficiales militares que cometan violaciones de derechos humanos;
hacer cumplir la prohibición del uso de la tortura y otros malos tratos para obtener confesiones;
mejorar la transparencia y rendición de cuentas de la policía; y
consultar a organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil de México para mejorar la Iniciativa Mérida.
La ley dispone que los fondos específicos serán retenidos hasta que el Departamento de Estado de los Estados Unidos informe por escrito a las Comisiones de Asignaciones (Appropriations Committees) de la Cámara de Representantes y el Senado que México cumple cada uno de los cuatro requisitos en materia de derechos humanos.
5. ¿Los requisitos sobre derechos humanos de la Iniciativa Mérida han sido efectivos para mejorar las prácticas de derechos humanos en México?
No, los requisitos no han sido efectivos, en gran parte debido a que el gobierno de Estados Unidos no ha exigido su cumplimiento.
En agosto de 2009, el Departamento de Estado presentó un informe al Congreso sobre la Iniciativa Mérida que mostraba que México no cumplía al menos dos de los requisitos de derechos humanos. Por ejemplo, con respecto a la prohibición de la tortura, el informe señaló: "Desde 2007, no tenemos conocimiento de que ningún funcionario haya sido condenado por torturas, lo cual genera sospechas de impunidad. Pese a que la ley lo prohíbe, tanto policías como agentes del ministerio público han intentado justificar una detención obteniendo la confesión de un delito por la fuerza". El Departamento de Estado también informó que es "poco común" que las autoridades civiles juzguen violaciones cometidas por soldados, ya que estos casos suelen estar a cargo de agentes del ministerio público y tribunales militares.
No obstante, a pesar de estas conclusiones, y contrariamente a lo dispuesto por la ley, el 15 por ciento de los fondos específicos de la Iniciativa Mérida fueron liberados por el gobierno estadounidense después de que el Departamento de Estados emitiera el informe.
6. ¿Qué volumen de ayuda ha proporcionado Estados Unidos a las Fuerzas Armadas mexicanas a través de la Iniciativa Mérida?
El gobierno estadounidense ha destinado $ 420,8 millones de dólares de los fondos de la Iniciativa Mérida a las Fuerzas Armadas mexicanas: $ 116,5 millones en el presupuesto complementario de 2008; $ 39 millones en el presupuesto de 2009; $ 260 millones en el presupuesto complementario de 2009; y $ 5,3 millones en el presupuesto de 2010.
Un informe emitido por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos en diciembre de 2009 comprobó que sólo el 2 por ciento de los $ 1.300 millones asignados a la Iniciativa Mérida, es decir, $ 26 millones, habían sido utilizados por México. Esto significa que la mayor parte de la ayuda estadounidense entregada a las Fuerzas Armadas de México aún no ha sido utilizada, y que la colaboración entre las Fuerzas Armadas estadounidenses y mexicanas continuará durante los próximos años, a medida que se aplican estos fondos.
7. ¿Qué puede hacer Obama para abordar estos problemas durante la visita de Calderón?
Obama debería recalcar a Calderón que resulta imperativo que México cumpla los requisitos sobre derechos humanos establecidos en la Iniciativa Mérida. En tanto redundaría en interés de ambos países, Obama debería dejar en claro que si México incumple, Estados Unidos está dispuesto a retener el 15 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida supeditados a requisitos de derechos humanos.
Obama debería expresar que el cumplimiento de estos requisitos no sólo favorecerá los derechos humanos sino que además incrementará la efectividad de las fuerzas de seguridad de México en su lucha contra los violentos carteles de narcotráfico. Esta es justamente la razón por la cual Estados Unidos y México acordaron que la protección de los derechos humanos sería un elemento central de la Iniciativa Mérida.
Fuente: Cencos
Difusión: Soberanía Popular
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