JUAN CARLOS G. PARTIDA (La Jornada Jalisco)
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) pidió a la empresa Mexicana de Cananea, dueña de la mina de Cananea, Sonora, que mantenga más allá del límite ofrecido al 23 de julio su posición de liquidar a ex trabajadores conforme al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), lo que significa “hasta seis veces más” de lo que correspondería según el laudo obtenido por la empresa y la propia Ley Federal del Trabajo (LFT).
En el caso de la mina El Cubo, en Guanajuato, la dependencia federal lamentó el “paro ilegal” y los “chantajes” de los trabajadores que llevaron a la empresa canadiense a decretar el cierre indefinido de operaciones.
“Le hemos pedido a la empresa (Mexicana de Cananea) que mantenga esta oferta que ha hecho de tener una liquidación no solamente por lo que hace al laudo, sino que sea generosa y que mantenga abierta esta oferta para otros trabajadores que deseen liquidarse con base en el CCT. Insisto, jurídicamente hablando la empresa podría limitarse a lo que establece el laudo y la LFT; sin embargo, le hemos pedido esta misma semana que consideren ese límite que ellos mismos se impusieron al 23 de julio para que cualquier otro trabajador que se acerque con ellos pueda ser liquidado en esos términos”, dijo Javier Lozano Alarcón, titular de la STPS, de visita en Guadalajara para inaugurar la Conferencia Nacional de Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Afirmó que hasta ahora tiene el reporte que 88 “ex trabajadores” han cobrado su liquidación en dichos términos, lo que dijo “significa que se les ha ofrecido un beneficio de hasta seis veces más de lo que estrictamente correspondería”, pero evitó referirse a la huelga estallada el 30 de julio de 2007 por la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) y al envío de policías federales el 6 de junio pasado para “recuperar” las instalaciones de la minera productora de cobre previo al reinicio de labores, calculado para dentro de unos cinco meses más.
Respecto a la mina El Cubo, de la canadiense Gammon Gold, el funcionario federal culpó a los mineros de realizar un “paro ilegal” que provocó el anuncio del cese de actividades de la empresa en esa región.
“Este paro ilegal se dio porque el sindicato minero, el sindicato nacional (SNTMMSRM), en esta sección correspondiente al cubo, recurrieron a un paro ilegal de labores so pretexto de que no se les están pagando utilidades, entonces decidieron que si no les daban 50 mil pesos a cada uno de los trabajadores por concepto de reparto de utilidades, entonces mantendrían ese paro ilegal. Desafortunadamente no solamente estamos hablando de 397 trabajadores sindicalizados de la sección 142, en total son mil 136 entre personal de confianza, de empresas contratistas y del sindicato”, dijo.
En el tema también evitó referir que la demanda de los mineros era por 10 años de utilidades que la empresa se ha negado a pagar.
“La empresa el año pasado sufrió otra suspensión de labores, una huelga de 45 días, y eso explica en buena medida por qué no obtuvo –según nos decía la empresa– utilidades el año pasado. La carátula que presentan ante el Sistema de Administración Tributaria así lo demuestra. Y entonces lo que hizo la empresa es que decidió cerrar las puertas, lo que es una pésima noticia porque no solamente serán los sindicalizados quienes se van a quedar sin empleo si así se mantienen las cosas, sino las mil 136”, agregó.
Señaló que el miércoles 23 de junio se reunió con el director general de la empresa y reiteró que se trató de un “paro ilegal de labores” porque no se trata de una huelga, que sí es una suspensión temporal perfectamente prevista en la legislación “con el objeto de restablecer el equilibrio en los factores de la producción”, lo cual no sucedió en El Cubo.
“Una vez más nos volvemos a encontrar con este tipo de prácticas, de chantajes, que al margen de la legalidad exigen algo que no corresponde y ahora están llevando a que combinado con los precios que tienen los mercados, particularmente la plata a nivel internacional, es el pretexto perfecto para que la empresa diga ‘me voy de aquí’”, sentenció.
Por último, señaló que existe un emplazamiento a huelga que se aprobó para el día 30 de junio próximo, y que en ese sentido esperaba que prevaleciera la prudencia y la razón para salvar las fuentes de empleo.
“Estamos tratando de lograr esas pláticas conciliatorias en conjunto la Secretaría de Gobernación y la STPS, pero me temo que de prevalecer esta actitud de suspensión de labores habrán perdido todo, no solamente el pago que buscaban, sino su fuente de trabajo y afectarán a toda una región”.
Fuente: La Jornada de Michoacán
Difusión: Soberanía Popular
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