El ministro del Interior de Ecuador, Gustavo Jalkh, detalló este lunes las medidas disciplinarias que se les aplicarán a los efectivos que forman parte del regimiento Quito, implicado en la intentona golpista del pasado jueves.
Entre las medidas se encuentra la redistribución, de forma preventiva, de los policías que conformaban el regimiento Quito en varias unidades, así como también el relevo de funciones de varios oficiales para que cumplan funciones administrativas.
Los oficiales "ya no comandan grupos, ahora están bajo responsabilidades administrativas y con vigilancia interna", indicó el titular de Interiores en una entrevista ofrecida a una televisora ecuatoriana.
Jalkh también declaró que se les retirarán las armas de dotación a los uniformados motociclistas y se están levantando expedientes administrativos internos por mala conducta, así como también tribunales de disciplina.
Agregó que el fin de semana, conjuntamente con el nuevo jefe de la policía,el coronel Patricio Franco, se determinaron los nombres de las personas que formaron parte del intento de golpe de Estado.
"Durante todo el fin de semana con el nuevo alto mando de la Policía, el coronel Patricio Franco, se establecieron los nombres de las personas que estaban participando (en el intento del golpe)", dijo
Adicionalmente, se confiscaron las grabaciones de la central de radio de la Policía que serán enviadas a la Fiscalía para ser estudiadas.
Por su parte, el fiscal General, Washington Pesántez, enfatizó que a los policías sublevados se les aplicarán las penalidades estipuladas en el Código Penal.
"Serán sancionados (los policías) conforme al Código Penal común, ese es un delito, no policial, es un delito común (...) vamos a investigar la conspiración, quizás urdida desde fuera de los cuarteles policiales y que pretendieron utilizar a miembros de la institución policial", afirmó
Mientras tanto, en las zonas circundantes del regimiento de Quito, los policías continúan en sus labores con normalidad.
Sectores económicos detrás del golpe
Este lunes, la ministra de Coordinación de la Política Económica de Ecuador, Katiuska King afirmó que detrás del golpe de Estado contra Rafael Correa hay grupos económicos disconformes con las reestructuraciones que ha emprendido el Gobierno en esta área.
La ministra acotó en una rueda de prensa que el Estado promueve un modelo económico con ''justicia social'', además de la "recaudación progresiva" debido a que muchos ciudadanos ''no pagaban sus impuestos''.
El pasado 30 de septiembre, un grupo de policías tomó a la fuerza el Regimiento Número 1 de la ciudad de Quito en protesta contra la negación al veto de la Ley de Servicio Público que contempla la eliminación de bonificaciones. El presidente de Ecuador, Rafael Correa se encontraba en el lugar para intentar dialogar y se vio obligado a abandonarlo por los hechos violentos que se desataron en la zona y más tarde denunció que la insurrección formaba parte de un intento de golpe de Estado de la oposición.
La ley de Servicio Público que inició el conflicto entró en vigencia este lunes luego de que se venciera el plazo para que la Asamblea considerara un veto al instrumento legal.
Junto con esta norma también entraron en vigencia el Código de Ordenamiento Territorial y la ley de Educación Superior.
La ley de Servicio Público busca ordenar los ingresos de los policías y los militares, que ganaban más que el resto de los funcionarios de la administración pública, e impulsar la homogeneidad en los beneficios laborales.
Las bonificaciones que recibían los oficiales se eliminarán y se incorporarán al salario mensual. Antes, los uniformados devengaban mil 907 dólares mensuales, ahora recibirán 2 mil 448 dólares todos los meses.
Fuente: TeleSur
Difusión: Soberanía Popular
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