Reclama la indígena violada por soldados que se haga justicia también para Inés Fernández
LUCIANO TAPIA (Corresponsal)
Ciudad de México, 4 de octubre. La indígena me’phaa Valentina Rosendo Cantú dijo que si el gobierno mexicano “tiene dignidad”, debe cumplir las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en los casos de ella y el de Inés Fernández Ortega, violadas sexualmente por soldados en 2002.
Por su parte, el ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza; la directora para el programa de Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Alejandra Nuño, y el director del centro de derechos humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, anunciaron que se creará un frente común en todo México con las organizaciones sociales para vigilar y hacer que el fallo de la Corte Interamericana se cumpla.
“Que los militares responsables vayan a la cárcel y se les castigue conforme a la ley. Ya basta de amenazas y de las persecuciones contra mi persona y mi familia, si no he regresado a mi pueblo es porque no hay garantías”, dijo Valentina Rosendo Cantú, quien manifestó que a consecuencia de la denuncia que hizo, fue señalada e incluso abandonada por su esposo, y ha tenido que hacer frente a una serie de necesidades para sacar adelante a sus hijos.
Ante los representantes de los medios de comunicación y de organismos de derechos humanos, Rosendo Cantú, que asistió a la sede del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, relató parte de los momentos dramáticos al ser agredida física, psicológica y verbalmente por sus verdugos.
Sostuvo que en México en lugar de proteger a las víctimas se protege a los violadores. “A mí –agregó– nunca me creyeron las autoridades del estado de Guerrero, fue por eso que al ser escuchada por los organizaciones sociales de derechos humanos, el caso fue ventilado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahora espero que el Estado mexicano cumpla”.
Emilio Álvarez Icaza, Alejandra Nuño, Abel Barrera Hernández y el asesor de Tlachinollan, Mario Patrón Sánchez, informaron que se está conformando una comisión de defensores para sostener las primeras reuniones con el Ejecutivo federal, con los congresistas federales y que estos delitos no queden impunes.
Patrón Sánchez, señaló que actualmente hay 108 defensores de derechos humanos que cuentan con medidas precautorias.
Abel Barrera Hernández, denunció que en Guerrero hay casos por aclarar, como la masacre de El Charco, además de las víctimas de la guerra sucia, que dejó más de 600 desaparecidos.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión: soberanía Popular
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