El abandono y el olvido de los gobiernos es la continuación del proceso de exterminio, acusan
REDACCIÓN
Organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos hicieron un llamado a frenar los procesos de criminalización contra los pueblos originarios, a desmilitarizar las comunidades y pueblos de la sierra “ocupadas por el Ejército” y a respetar la autonomía indígena con base en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En la víspera de la conmemoración del 12 de octubre, las agrupaciones consideraron que “el olvido y abandono en que viven los pueblos indígenas en Guerrero es la continuidad del proceso de extermino que inicio hace más de quinientos años”.
El comunicado está suscrito por Estela Cabrera Lucas, del Consejo Nahua; José Luis Matías Alonso, de Altepetl Nahuas de la Montaña de Guerrero; Fermín Procopio Tlacotempa, estudiante de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (UNISUR); Roque Nava Calvario, de la Unión de comuneros Náhuatl de Atzacualoya y sus 15 anexos; Pablo Isidoro Santos y Margarito González Nava, de Ze ojtli llankuik (un camino nuevo); Hugo Cartas Carmona, de la radio comunitaria “Uan milauak tlajtoli” (Palabra verdadera); Magencio Abad Zeferino, de la Organización de Pueblos Originarios para el Desarrollo Social; Casiana Nava Rodríguez, del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón; Manuel Olivares Hernández, de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y Celso Vázquez Pileño del Consejo ciudadano de Chilapa.
“En Guerrero, indígenas de todas las regiones enfrentan cotidianamente problemas como despojo de tierras, sobrexplotación de recursos, discriminación, maltrato, ocupación militar del territorio, violación sexual de mujeres, criminalización, violencia, además de padecer las consecuencias de procesos como la migración, la contaminación de tierras y ríos, el uso obligado del español como lengua dominante, condiciones todas que favorecen un exterminio paulatino de los pueblos indígenas al obstaculizar la reproducción de sus instituciones tradicionales y vulnerar cualquier posibilidad de desarrollo social e individual”, establece el documento.
Además de los temas generales, las organización exigieron solución a casos concretos: cumplimiento a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, violadas por soldados en Ayutla en 2002; y de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido tras ser detenido en un retén militar en Atoyac en 1974; así como investigar los asesinatos de Raúl Lucas Ponce y Manuel Ponce Rosas, y garantizar juicio imparcial para los múltiples indígenas detenidos en cárceles estatales y municipales; y el reconocimiento a la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur.
Atropellan a una niña y muere
En diferentes acontecimientos, una niña me’phaa de cinco meses de nacida fue arrollada por un camión recolector en un campo agrícola del estado de México, cuando dormía en una cajita improvisada entre los surcos de jitomate mientras sus padres trabajaban en la recolección del vegetal; y un día antes, otros cinco niños me’phaa resultaron heridos en un accidente automovilístico cuando se trasladaban con sus padres a campos agrícolas del municipio de Aranda, en Jalisco.
El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan reportó los dos sucesos, ocurridos el jueves y viernes pasados, en los cuales los familiares de los menores tuvieron que resolver por sus propios medios las consecuencias, sin el apoyo de los patrones.
En un comunicado emitido este lunes, Tlachinollan informó que en el caso de la niña, sus padres –de 20 años él, y ella de 19– tuvieron que darle sepultura al día siguiente en el municipio de Atlaultla, del estado de México, sin poder trasladar el cadáver a su tierra natal, en Tlapa, por presiones de los patrones.
En el de los niños accidentados, refirió que en total fueron 11 personas las lesionadas, y cinco eran menores de edad. Por gastos médicos debieron pagar más de 15 mil pesos, y el conductor del vehículo contra el que chocaron, les exigió 120 mil de indemnización, siempre con el apoyo del ministerio público local. El patrón, de nombre Cleto Alfaro, se deslindó de responsabilidad con sus trabajadores.
El centro de derechos humanos precisó que cada año más de 8 mil jornaleros de La Montaña de Guerrero viajan a campos agrícolas del norte y centro del país, de los cuales al menos 38 por ciento son menores de 14 años. Pero los niños y niñas que fallecen por este desplazamiento, son “invisibles” para las autoridades, quienes no los tienen en ningún registro, lo que los coloca en grado de alta vulnerabilidad.
Algunos de los casos documentados de niños que murieron en campos agrícolas años pasados son el de David Salgado Aranda, niño naua de 8 años originario de la comunidad de Ayotzinapa que murió el 6 de enero de 2007; el de la niña me’phaa Marcial Solano González, que murió a los 11 meses de una enfermedad diarreica; el caso de Mario Félix Martínez, que tenía 9 años cuando perdió la vida al ahogarse en un estanque del campo agrícola patote; el de Ismael Santos Barrera , también originario de Santa María Tonaya, que falleció el 7 de febrero de 2009 atropellado por un camión; el de Rosa de los Santos Gálvez que murió al año y tres meses de edad por enfermedad gastrointestinal en marzo de 2009 o el de Estrella Santos Nava, que tenía 11 meses de edad cuando murió calcinada al incendiarse la cuartería de lámina de cartón donde se encontraba junto con otros 14 niños. El pasado 18 de julio de 2010 falleció Flora Jacinto Vázquez, de años de edad por ingerir agua contaminada.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión: Soberanía Popular
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