lunes, 4 de octubre de 2010

Tercerización de servicios públicos, ganancias de amigos y familiares

Patricio Cortés
pcortesc@yahoo.com.mx

* Entonces ¿para qué pagamos impuestos si el Estado declina obligaciones?: Irma Manrique Campos * El fenómeno es abrumador en Pemex: Fabio Barbosa * Con el doble de inversión CFE tiene magras utilidades * Negocio muy jugoso de particulares en complicidad con funcionarios: Serrano Jiménez * Todo se concesiona: agua, recolección de basura, presas, salud, banca...

Privatizar las ganancias y socializar las pérdidas es el sello del neoliberalismo, privatizaciones fueron y son comunes, así como la denominada tercerización de servicios; sin embargo, diversos economistas coinciden en que no es lo idóneo para las endeudadas finanzas públicas.

Un claro ejemplo de tercerización de servicios ha sido el sector energético donde Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE. Una empresa de clase mundial) cada vez ceden más funciones a particulares y sus finanzas se ven cada vez más comprometidas.

Se sabe que la CFE es una paraestatal que ha optado por tercerizar servicios y sus finanzas nos hablan de los resultados. En el año 2000 recibieron 76 mil 662.5 millones de pesos, para el 2010 se le autorizó un presupuesto 219 mil 364.1 millones de pesos. De acuerdo al informe anual de la paraestatal, las ventas en 2000 ascendieron a $97.4 mil millones, mientras en la Ley de Ingresos vigente se espera que obtenga 242 mil 798.6 millones de pesos; es decir, tendrá en números absolutos ganancias similares (poco más de 20 mil millones), pero con más del doble de presupuesto.

El informe de 2000 decía: “La CFE tiene una estructura financiera sana, ya que el activo fijo neto representa el 89% del activo total; solamente 7.5% (9.3% al cierre de 1999) está financiado con pasivos a largo plazo a favor de terceros. El pasivo total equivale al 35.3% del patrimonio (33.2% al cierre de 1999), lo que significa que por cada peso adeudado se tienen $3.00 propios. Esto se confirma también con la participación propia en los activos de 73.9% (75.1% al cierre de 1999)”. Hoy se sabe que está más que endeudada y su director de Operación, Néstor Moreno Díaz, enfrenta cargos en el vecino del norte por corrupción al otorgar contratos millonarios.

Irma Manrique Campos, destacada integrante del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional, explica a Forum que todo esto es parte del proyecto privatizador, no tiene sustento económico pues no hay ahorro para el sector público con el esquema de tercerización de servicios sino al contrario.

Considera que de lo que se ha decidido tercerizar lo más grave es el sector financiero, que es donde se concentran más ganancias y ha resultado muy costoso su rescate. La economista opina que el Estado está renunciando a sus funciones y está dejando que las hagan los particulares, o sea ellos se queden con las ganancias en esto de adelgazar cada vez más al Estado. “¿Entonces para que pagamos impuestos?”, cuestiona tras calificar la situación de desesperante.

Por su parte, el también investigador del mismo instituto, Fabio Barbosa Cano expone “Es un fenómeno que se ha presentado siempre, pero ahora es abrumador. Yo los vi como miembro de la comisión de historia de Pemex, se conocen como contratos amarrados, como fue la construcción de la refinería de Azcapotzalco (1944), en el mismo contrato en que el banco autorizó el financiamiento, también impuso en las cláusulas a quien se le van a comprar los materiales, los insumos, qué tecnología se va a usar. Ahí el país está limitando sus posibilidades de desarrollo, de expandir el empleo en la industria”.

Nos narra que a partir de 1982, tras una de las más severas y decisivas crisis en México, se da una nueva correlación de fuerzas “con las tendencias más agresivas, más claramente empresariales del Partido Acción Nacional y los restos que había del sinarquismo y cercan al gobierno de la revolución y obligan a un repliegue de la participación del Estado en la economía. Ésta es la respuesta a este proceso que ha llevado a la destrucción de ramas enteras de la industria mexicana y a la pérdida de millones de empleos. Esto nos está llevando a una verdadera catástrofe”.

Ejemplifica con el caso del Ébano, perforado en 1901 y, obviamente, a más de un siglo la producción decayó. En 2007, Pemex licitó públicamente 400 pozos para la rehabilitación de viejos campos en el sector Ébano, Panuco, Cacalilao y lo ganó una asociación de Diavaz (españoles) y Sinopec que es una empresa del Estado chino.

“Este proceso de rehabilitación, de entrada a viejos campos para lograr nueva producción, en general ha sido exitosa desde el punto de vista de la producción. Estos campos estaban produciendo unos 3 mil 500 barriles diarios y actualmente están produciendo unos 256 mil barriles. Sin embargo, los mexicanos esperamos de la industria petrolera, en primer lugar empleos directos y sus efectos multiplicadores, eso no se está logrando y los habitantes de la región se quejan abiertamente de ello”.

El especialista en temas energéticos expone que el saldo de la subcontratación ha sido negativo: “El proceso de endeudamiento, de la etapa de los Pidiregas al momento, en la industria petrolera se ha agravado. Los números del balance de Pemex dicen que está técnicamente quebrada, el pasivo de Petróleos Mexicanos es mayor que su patrimonio. Esto no quiere decir que vaya a sufrir embargos, de ninguna manera. El flujo de efectivo de Pemex en números redondos es de 1.2 billones de pesos anuales, el total de la deuda de Pemex es de 1.4 billones de pesos”.

Reconoce que hay casos donde la subcontratación es necesaria: “Si se tratara de alguna innovación tecnológica, de algún software que no se haya desarrollado, de algún insumo verdaderamente escaso, se justifica la subcontratación. Pero este proceso ha alcanzado niveles inadmisibles que están poniendo en riesgo la viabilidad del país. Vemos difícil que puede mantenerse la cohesión nacional en las condiciones actuales”.

Ejemplifica: “Burgos (prácticamente concesionada) no está permitiendo que las empresas mexicanas se desarrollen ofreciendo un volumen mayor de insumos, tampoco está permitiendo que mano de obra mexicana incremente su participación y más importante aún: Burgos no está permitiendo obtener gas a precios más bajos que los que está ofreciendo el mercado internacional”.

La maestra Ana Luz Figueroa Torres, también del Instituto de Investigaciones Económicas, advierte a Forum: “Pemex es capaz de desarrollar y perforar pozos, entonces ¿por qué subcontratar a otros? Es por presiones políticas. A mi punto de ver no hay una justificación económica. Cuando se trata de contrataciones directas son expresiones de corrupción. Para las empresas extranjeras sí funciona porque ellas reciben sus ganancias. En Chicontepec no había argumentos ni técnicos ni económicos para subcontratar, por ejemplo”.

Sobre el clásico argumento de que se subcontrata por que no hay el capital para invertir y es mejor pagar poco a poco a la iniciativa privada, refuta la economista adscrita a la Unidad de Investigaciones del Sector Energético: “¿Cómo no van a tener dinero si el petróleo ha estado por la nubes? No hay argumento para decir que no hay dinero para invertir, es una política de un gobierno incorrecto. Los salarios han disminuido considerablemente y las prestaciones también”.

“Para que la renta petrolera beneficie a los mexicanos, Pemex tiene que invertir directamente (y no a través de contratos de obra y servicios) y con recursos financieros propios”, diagnostica la maestra Ana Luz Figueroa Torres.

La investigadora asegura que el promedio anual de inversión entre 1974 y 1982 era del 46.3% de los ingresos totales de Pemex, entre 2001 y 2008 fue apenas del 6.3% en promedio anual, limitando la modernización de la paraestatal.

“Pemex se transforma aceleradamente en una empresa contratista, ya que la inversión será progresivamente a través de contratos de obra en detrimento de la inversión directa. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2009, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios firmaron 29 contratos por más de 60 mil millones de pesos”.

El fenómeno de la subcontratación por parte de los gobiernos ha crecido tanto que en la Cámara de Diputados se creó, hace cuatro meses, la Comisión Especial para Analizar los Esquemas de Tercerización de Servicios en el Sector Público, presidida por el diputado Emilio Serrano Jiménez que, de entrada, asegura sobre este fenómeno: “Está afectando a los usuarios de los servicios y está contribuyendo a hacer un negocio muy jugoso a particulares en complicidad con los funcionarios”.

“Con la limpieza ya tiene años, luego el transporte, ahora hay clínicas y hospitales que dan servicio a derechohabientes del Seguro Social y despachos privados. ¡Está esto terrible! El presupuesto deberías alcanzar para mucho más, el problema es que de todo quieren hacer negocio, tanto los gobernantes, como sus familiares, amistades y compadres”, reconoce el diputado.

Al ser cuestionado sobre dónde ve que el problema es más grave, responde “Las guarderías, los hospitales, clínicas y la transportación marítima de Pemex”. Sobre que hará la comisión que preside, informa a Forum: “Primero, vamos a hacer la investigación de cuáles son los servicios tercerizados, en qué consisten, cuáles son los montos, quiénes los autorizan y a quién benefician estos negocios. Después ver la norma de la que se están sujetando y luego meterlos a una ley general para que se regule esta situación”.

Advierte una corrupción generalizada: “Donde le movamos vamos a ver que va salir toda la porquería y esto debe acabarse, no importando el color, los partidos o niveles de gobierno. Le echan la culpa a la imposibilidad de atender la demanda del servicio, pero es el negocio que hacen entre particulares y gobernantes”.

En muchos sitios se ha privatizado incluso la recolección de basura, lo cual ya ha provocado diversos problemas al momento en que los municipios se han visto en serios problemas, ya sea por el mal servicio o el alto costo: en Patzcuaro, Michoacán, la calles se inundaron de basura al no poder costearse las exigencias económicas del concesionario Centro Intermunicipal y Tratamiento de Residuos Sólidos (Citirs); en Cancún, Quinta Roo, la empresa Domos no ha dado el servicio adecuadamente al grado de dejar al punto turístico en riesgo de contingencia sanitaria. Cuernavaca, Morelos, y Zapopan, Jalisco, tienen graves problemas para pagar a los concesionarios, por mencionar sólo algunos ejemplos.

Aun el recurso vital, el agua, está en una creciente privatización. En la ciudad de México el cobro ya está en manos privadas y se ha anunciado que pronto también su distribución, no sin antes incrementar sus precios, hubo manzanas de sitios populares como en Tláhuac, que fueron consideradas en el mismo nivel socioeconómico que las Lomas de Chapultepec.

El doctor David Barkin, autor del libro La gestión del agua urbana en México: Retos debates y bienestar, declaró a la revista Personae de marzo del presente año: “Podríamos hablar de las extraordinarias vergüenzas del manejo del agua de la primera ciudad mexicana en privatizarse que fue Aguascalientes, que va ser la primera ciudad mexicana que va a tener que cerrar sus puertas por falta de agua. La privatización no implica la solución y quita la responsabilidad social de la población, los convierte en mercancía y en clientes y no en corresponsales”.

Muchas presas también están concesionadas ya sea en su operación o en su construcción. Al respecto Claudia Campero, miembro de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, declara: “Se necesitan ver alternativas al manejo del agua más sustentables, mucho mejores desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social, dejando los beneficios en las comunidades y no en las grandes hidroeléctricas”.

“Las presas necesitan un manejo muy delicado, pero se siguen abriendo grandes presas como el Zapotillo y La Parota que implican riesgos muy importantes para las comunidades que viven abajo, sufren la escasez mientras se acumula y luego sufren la inundación”, añade.

Lo cierto es que la presencia del Estado se contrae cada vez más (salvo en lo militar) y el dinero le alcanza cada vez menos, con servicios públicos en franca decadencia. ¿Qué más pruebas de que ese modelo no funciona?

Fuente: Forum
Difusión: Soberanía Popular

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