Las autoridades nicaragüenses deben erradicar la violación y los generalizados abusos sexuales contra niñas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe.
Escucha sus voces y actúa: No más violación y violencia sexual contra niñas en Nicaragua sigue las experiencias de las sobrevivientes mientras tratan de superar las barreras que obstaculizan su acceso a la justicia y a servicios de rehabilitación. El informe, que forma parte de la campaña Exige Dignidad, de Amnistía Internacional, revela mediante testimonios la falta de ayuda suficiente por parte del Estado a las sobrevivientes para que rehagan sus vidas tras la violencia sexual.
“Cada día, muchas niñas nicaragüenses sufren el horror de la violencia sexual en silencio, por no arriesgarse al rechazo que a menudo sufren cuando hablan de lo sucedido”, ha manifestado Esther Major, investigadora de Amnistía Internacional sobre Centroamérica.
“Es hora de que las autoridades demuestren el mismo coraje que las valientes sobrevivientes que compartieron sus testimonios con nosotros y rompieron el silencio que rodea a los abusos sexuales.”
Según datos policiales, entre 1998 y 2008 se denunciaron más de 14.000 casos. Dos tercios de las víctimas eran menores de 17 años.
El informe, presentado para coincidir con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, documenta cómo la sociedad nicaragüense estigmatiza a las víctimas de abuso sexual, y cómo el sexo sigue siendo un tema tabú, lo que hace que las niñas no se atrevan a denunciar la terrible situación que están viviendo.
Según las denuncias, los autores más habituales de la violencia sexual contra las niñas son familiares y personas que ocupan una posición de poder. El hogar es con frecuencia un lugar peligroso, y muchas niñas que sufren abuso sexual a manos de sus familiares se ven presionadas para guardar silencio.
La ausencia de programas gubernamentales para concienciar a la población sobre la violencia sexual y cambiar las actitudes sociales significa que, a menudo, es a la víctima a quien se culpa, y no al agresor.
Las niñas que sacan fuerzas para denunciar la violación o los abusos sexuales a menudo descubren que, en lugar de un trato atento y profesional, lo que se encuentran son unos policías, fiscales y jueces que no cumplen las normas nacionales e internacionales sobre el trato a las víctimas de abuso sexual.
Pese a que en Nicaragua existen protocolos para policías, fiscales y jueces sobre el trato a las víctimas de violación y abuso sexual, en la práctica a menudo estos protocolos no se tienen en cuenta.
A muchas niñas nicaragüenses también les resulta difícil cubrir los costes de los desplazamientos para asistir a vistas judiciales o acudir a citas en el hospital o a instituciones forenses.
“La justicia nicaragüense debe servir a todas las personas, no sólo a las que tienen poder y dinero. El gobierno debe transmitir un mensaje claro de que la violencia sexual nunca es culpa de la víctima de violación, que los agresores serán procesados y que las sobrevivientes recibirán el apoyo que necesitan para recuperarse”, ha manifestado Esther Major.
“Demasiadas niñas abandonan la escuela, dejan su trabajo e incluso intentan quitarse la vida. Deben recibir ayuda para dejar atrás los traumas de su infancia.”
Algunas sobrevivientes sufren el trauma adicional de descubrir que se han quedado embarazadas a consecuencia de la violación.
El informe muestra la falta de ayuda que existe actualmente para las niñas que desean continuar con el embarazo: no se les proporciona ayuda ni para cuidar del bebé ni para regresar a sus estudios o su trabajo.
Además, en 2008 el actual gobierno nicaragüense tipificó como delito todas las formas de aborto. Esto tiene graves consecuencias para las sobrevivientes que no desean seguir adelante con su embarazo.
La ley obliga ahora a las niñas, bajo amenaza de encarcelamiento, a continuar con su embarazo después de haber sido violadas, incluso aunque el embarazo ponga en peligro su vida o su salud. Para una niña a la que su violador ya le ha negado todo control sobre su cuerpo, la ley actual supone una crueldad insoportable.
“Lo único que piden las jóvenes víctimas de violación y abuso sexual es que el gobierno nicaragüense proteja su derecho a no sufrir violencia sexual, y que las apoye para que puedan superar el trauma físico y psicológico causado por esos actos de violencia. Esta es una obligación que Nicaragua ha contraído en virtud del derecho nacional e internacional.”
“Pedimos al gobierno nicaragüense que ponga fin a la violencia sexual y garantice que esa violencia no se convierte en el hecho que defina el resto de la vida de las sobrevivientes”, ha manifestado Esther Major.
Este informe se enmarca en la campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional, destinada a poner fin a las violaciones de derechos humanos que conducen a la pobreza global y la agravan. La campaña movilizará a personas de todo el mundo que pedirán a gobiernos, empresas y demás instituciones influyentes que escuchen las voces de quienes viven en la pobreza y reconozcan y protejan sus derechos. Si deseas más información, visita el sitio web de Exige Dignidad:
http://www.amnesty.org/es/demand-dignity
Información complementaria
En Nicaragua, los autores más habituales de la violación y el abuso sexual de niñas son sus propios familiares.
Las cifras de denuncias de violación son aún más alarmantes si se tiene en cuenta que en Nicaragua, como en otros países, la violación y los abusos sexuales son delitos poco denunciados, especialmente cuando se cometen contra niñas y los agresores son familiares de las propias víctimas.
La investigación para este informe se llevó a cabo entre 2008, 2009 y 2010. Entre las más de 130 personas entrevistadas había 35 niñas y jóvenes de entre 10 y 20 años que habían sido violadas, 10 madres de víctimas de violación, expertos que prestan asistencia a las víctimas de abusos sexuales y les proporcionan apoyo psicológico, mujeres policía, parlamentarios y representantes gubernamentales.
En octubre de 2010, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, manifestó su preocupación por “los elevados índices de malos tratos y descuido de niños, incluidos los abusos sexuales, y de violencia doméstica y de género” en Nicaragua.
El informe forma parte también de la campaña de Amnistía Internacional “16 Días de Activismo” contra la violencia de género, que comienza el 25 de noviembre y se centrará en el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Pueden encontrar más información sobre esta campaña en: http://livewire.amnesty.org.
Difusión: Soberanía Popular
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