CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 1º enero. El gremio periodístico fue uno de los sectores que también sufrió la represión a la libertad de expresión durante 2010, donde hubo asesinatos de periodistas y agresiones a medios de comunicación, sin que hasta la fecha haya esclarecimiento de ninguno de los casos.
En el año que termina se sumaron a la lista de periodistas asesinados dos más, el de Juan Francisco Rodríguez Ríos, corresponsal de El Sol de Acapulco en el municipio de Coyuca de Benítez, y su esposa María Elvira Hernández Galeana, su colaboradora, quienes fueron asesinados el 28 de junio.
Con estos homicidios se contabilizaron cinco en los dos últimos años y nueve en lo que va del sexenio de Zeferino Torreblanca Galindo.
En todos los casos, según destacó en un reporte el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, las investigaciones no son centradas en atentados contra la libertad de expresión y la defensa de los derechos, sino como asuntos relacionados con la delincuencia organizada.
De igual forma se dio el atentado contra el periódico El Sur, donde gente armada hizo varios disparos con armas de alto poder, sin que resultara ningún trabajador lesionado.
Estos hechos también provocaron gran preocupación ante organismos internacionales quienes consideraron a Guerrero como el lugar donde más periodistas se asesinan, pues así lo expresó la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, el 14 de noviembre.
De igual forma la Asociación Interamericana de Prensa (SIP) condenó los atentados contra los periodistas, que hasta el día de hoy, no hay grandes avances en las investigaciones.
El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, condenó y alertó “una vez más que estamos frente a un hecho de censura que no sólo quita la vida de los periodistas, sino que también crea una cultura del miedo, cercenando el derecho del público a la información”.
Casos como el de Amado Ramírez, Misael Tamayo, Juan Daniel Martínez, Juan Francisco Rodríguez Ríos y el de su esposa, aún están en la impunidad, pues no se han podido resolver de manera satisfactoria.
Organizaciones sociales consideraron que la situación de violencia que impera en el estado y en el país, pone en indefensión a la libertad de expresión.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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