México D.F., 3 de enero de 2011 (Cencos).- Los feminicidios en Ciudad Juárez y los abusos de militares en Guerrero desde la Guerra Sucia y hasta nuestros días, han provocado que una corte internacional sentencie al Estado mexicano. Las sentencias incluyen obligaciones de investigar crímenes, hacer reformas estructurales en las leyes, restituir la dignidad de las víctimas y explicar ampliamente a la sociedad la verdad de las violaciones a los derechos humanos que cada caso implica. 2011 será el año en que deberán cumplirlas.
De las sentencias se desprenden las reparaciones que deben acatarse y que comprenden una parte jurídica, pero otra más que se refiere a la reparación psicosocial de las víctimas, es decir, que se deben relegitimar sus historias, restituir su reputación pública y fomentar la reconstrucción del tejido social y comunitario que las violaciones a sus derechos humanos provocaron. Lejos de esto, el gobierno ha demostrado falta de voluntad política incluso al punto de negar la obligatoriedad que tienen frente a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
La Corte IDH ha sentenciado al Estado encontrandolo culpable en 4 ocasiones - la desaparición forzada de Rosendo Radilla, los feminicidios de Campo Algodonero, y las violaciones por militares contra Inés y Valentina- y ahora tiene pendiente el cumplimiento.
Las fechas para dar cumplimiento varían respecto a la publicación de cada sentencia. Algunas disposiciones se deben acatar inmediatamente, otras son a los 6 meses y al año de publicación y posteriores a estos el Estado también debe dar cuenta en informes anuales sobre como ha avanzado y el cual es supervisado por la Corte.
Estos plazos semestrales y anuales ya han vencido para las sentencia de fondo, reparación y costas de Rosendo Radilla Pacheco y del caso Campo Algodonero, y durante 2011 serán los primeros plazos para que el Estado comience a cumplir las sentencias de Inés, Valentina y la de los Campesinos Ecologistas publicada tan sólo hace 15 días. En un futuro próximo vendrán muchas más.
Casos ante la Corte
Esmeralda, Laura
y Claudia
Inés Fernández
Valentina Rosendo Cantú
Rosendo Radilla
Teodoro y Rodolfo
La formula: obligación y voluntad
Desde que México aceptó tardíamente la competencia de la Corte en 1998, su actitud como Estado y la voluntad política para colaborar con los fines de esta son limitados. El argumento para no aceptar a esta institución protectora de derechos humanos era que se violaría la soberanía y 12 años y 4 sentencias más tarde el panorama no es más alentador.
En septiembre, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se discutía si la jurisprudencia de la Corte IDH era obligatoria o no, ignorando el Artículo 67 de la Convención Americana de Derechos Humanos que sentencia que el fallo “será definitivo e inapelable” y la propia aceptación de la competencia Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 1998.
Santiago Corcuera Cabezut, abogado que ha litigado en la Corte Interamericana (caso Castañeda Gouttman), ha sido experto del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas de la ONU y actualmente es Presidente del Comité Coordinador de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU cree que “si no se le da una línea de trabajo diferente al equipo de litigio del Estado mexicano diciendo que hay que reconocer la responsabilidad, no se va a lograr nada”.
Para él es claro que “no se debe litigar lo ilitigable, como por ejemplo la competencia de la Corte, lo mejor era reconocerla y entonces entrar al fondo del asunto”.
La hija de Rosendo, Tita Radilla, sabe que “para 2011 el Estado tiene que responder, no pude hacer lo mismo de este año, tiene que haber investigaciones precisas que den con el paradero de nuestros desaparecidos y reformar el fuero militar para que todos los casos de ataques a civiles por militares pasen a fuero civil.”
Algunos avances se han hecho en los casos de Campo Algodonero y Rosendo Radilla, como la publicación de las sentencias, o la segunda etapa de excavaciones por parte de la Procuraduría General de la República en el excuartel militar de Atoyac de Álvarez, pero a decir de los defensores de derechos humanos y los familiares de las víctimas se han hecho de forma pero no de fondo.
El 10 de diciembre se terminó el plazo de un año para que el Estado diera cumplimiento a 9 de las 16 disposiciones que incluye la sentencia de Campo Algodonero, pero sólo se había cumplido una: la publicación de la sentencia. Lo mismo sucedió en el caso Radilla el 15 de diciembre pasado, fecha límite para que el Estado enviara su informe de cumplimiento, ya que sólo se cumplió con la publicación, y se hicieron excavaciones, que no satisfacen a la defensa.
“El Estado esta dando un alcance restrictivo a la sentencia, en vez de preocuparse por cumplirla integralmente”, dice Humberto Guerrero, coordinador del área de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
El cumplimiento entonces, tiene que ver con la voluntad política de los responsables de acatar las sentencias y en este sentido la única herramienta de presión que tiene la Corte IDH es la entrega de informes anuales.
“El informe sí tiene un peso considerable porque hace ver que se está incumpliendo un compromiso internacional, pero también creo que tiene que haber sanciones internacionales, pronunciamientos de otros países por su incumplimiento”, opina Tita Radilla.
Los informes, coincide Corcuera, “son la única herramienta de la Corte para presionar al Estado, lo cual es útil pero la otra herramienta a utilizar es la política, por ejemplo: que la Corte lleve una inconformidad ante la asamblea general de la Organización de Estados Americanos, presentando un informe y señalando a los países que no cumplen, como México que están usando al sistema para atrasar y no dar un cumplimiento valido. Se le debe llamar a un cambio de actitud”.
Para presionar a que la Corte se pronuncie enérgicamente durante la etapa del cumplimiento, Michelle Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y defensora en el caso Campo Algodonero, propone “impulsar una audiencia en la Corte IDH de supervisión de la sentencia para volver a sentar en el banquillo de los acusados a México”, acción que realizarán este año.
Además, Corcuera Cabezut opina que el actual sexenio carece de un plan: “no esta teniendo una respuesta estratégica y en conjunto a todas las sentencias de la Corte, está apagando fuego por fuego, y su única estrategia es litigar todo”.
Mientras que para Michelle Salas al Estado también le falta un adecuado enfoque ya que “las sentencias deben ser vistas como una oportunidad y no como un reproche. El proceso sin lugar a dudas se podría facilitar si hubiera servidores públicos comprometidos”.
Presupuesto a la mira
A pesar del presente incumplimiento, todo parece indicar que en 2011, tras la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, se podrá avanzar un paso en lo que se refiere al pago de indemnizaciones.
Con la asignación de 30 millones de pesos a un “Fondo de reparaciones e indemnizaciones a causa de violaciones a los derechos humanos decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por violaciones a los derechos humanos” se podrán pagar indemnizaciones y costas de las sentencias.
Luego de la publicación de la Ley de Federal de Responsabilidad Patrimonial en 2004, ya se asignaba una partida presupuestal para el cumplimiento de sentencias (artículos 2 y 5) pero es apenas a partir de este año que dicha partida contará con recursos.
Se avanza tarde, “es otra disposición sencilla de cumplir pero que no se hace hasta que no tienen otra opción. Se gastan más en los festejos del Bicentenario, o incluso en la delegación que llevan las audiencias ante la Corte que el costo que tienen las indemnizaciones de todas las sentencias”, dice Michelle.
Reparación psicosocial, la justicia en manos de las víctimas
Los ministros de la Corte Interamericana han señalado que la sentencia en si misma ya es una parte de la reparación del daño provocado a las víctimas. En este sentido el valor de las sentencias internacionales no está en el castigo sino en la reparación y en que su cumplimiento redignifique a las víctimas. Las violaciones de derechos humanos son contra las víctimas, pero también a sus familias y amigos, a sus comunidades y a la sociedad.
La reparación psicosocial, explica la psicóloga Valeria Moscoso Urzúa, “tiene que ver con acciones que logren redignificar a las víctimas, restituir su dignidad e integridad y una de las formas para conseguirlo tiene que ver con la aceptación de los hechos, la búsqueda de justicia y de la verdad”.
En la sentencia no hay separaciones entre psicosocial y jurídico, dice la coordinadora del Área de Atención Psicosocial de la CMDPDH, pero “las medidas de satisfacción y reparación si tienen su fundamento en el objetivo de restituir a las víctimas al estado previo a la violación en la medida de lo posible”.
“Por ejemplo, la publicación de la sentencia significa dar a conocer a la sociedad la vida de Rosendo y demostrar que no era un terrorista, que no estaba haciendo nada ilegal; es limpiar la reputación de la persona desaparecida y dejar en claro que era un luchador social que quería mejorar la calidad de vida de la comunidad; que era padre, hijo y esposo y que no quería otra cosa de lo que todos deseamos para nuestro país”.
Cuando las disposiciones en el plano jurídico de una sentencia no se cumplen, explica, “estas medidas pierden su fuerza simbólica como restauradoras de la dignidad”.
Alcanzar la justicia parece algo lejano para las víctimas de violaciones a derechos humanos por parte del Estado mexicano. Su esfuerzo se extiende por muchos años de lucha. Desde la violación, la transformación de sus vidas y la imposibilidad de recibir justicia en su país, hasta lograr una condena internacional han pasado muchos años.
Valentina e Inés, que no hablaban español lo aprendieron para defenderse; Tita Radilla, su familia y todas las familias de la Afadem se han encargado de que en México de hable de Guerra Sucia y continúan a la espera de que sus desaparecidos regresen; Teodoro y Rodolfo, aunque salieron libres, hasta la fecha no han sido exculpados; las familias de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette miran más allá de las fronteras para encontrar la justicia sabiendo que al poner un pie fuera de sus casas las posibilidades de morir asesinadas aumentan.
Fuente: Centro Nacional de Comunicación Social
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