CITLAL GILES Y SERGIO FERRER
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez envió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) un documento amicus curiae (amigo de la corte), donde aportan elementos sobre el juicio contra los integrantes de la radio comunitaria Radio Ñomndaa.
Dicho documento es entregado por terceros ajenos a la controversia, en el que expresan consideraciones jurídicas que llaman la atención sobre aspectos relevantes del juicio.
De acuerdo con integrantes del Centro Prodh es de vital importancia hacer un pronunciamiento por los casos de David Valtierra Arango, Genaro Cruz Apóstol y Silverio Matías Domínguez integrantes de las autoridades tradicionales amuzgas de Xochistlahuaca y del Comité de la Radio Ñomndaa.
Los activistas criticaron que llevar a un proceso penal, una determinación que ha sido resuelta conforme al sistema normativo amuzgo “representa un desconocimiento de facto de la autodeterminación de los pueblos indígenas y de sus autoridades”.
Por lo que consideraron que la determinación del juez de Primera Instancia del Ramo Penal en Ometepec “expresa un profundo desconocimiento de la diversidad étnica y cultural reconocida en la Constitución y se caracterizan por una concepción etnocéntrica y colonialista del derecho”.
De igual forma en el documento se analiza cómo la función jurisdiccional se encuentra atravesada por prejuicios raciales que vulneran el derecho a ser juzgado con imparcialidad.
Finalmente se exponen algunas consideraciones sobre el proceso penal, particularmente sobre los criterios desiguales en la valoración de prueba, la convalidación de retractaciones de los testigos de cargo, aún frente a manifestaciones expresas ante el Juez de la causa, en el sentido de no conocer el contenido de las declaraciones y de que las mismas fueron realizadas por el Ministerio Público.
Por su parte, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y diversas organizaciones, lanzaron una convocatoria para el encuentro de radios comunitarias y medios libres dentro del cual, habrá un foro sobre mineras en México y el derecho a la consulta, a realizarse los días 18 y 19 de marzo en San Luis Acatlán.
Rodrigo Gutiérrez, escritor que participará en el foro como ponente, dio en entrevista algunos detalles del tema a tratar. “A partir de la reforma a la ley de minas, durante el gobierno de Carlos Salinas, existe una apertura significativa para que las empresas se asienten en los territorios de los pueblos indígenas y las tierras de los campesinos”, precisó.
Gutiérrez, aseguró que en dicha ley se estableció que las concesiones se otorgarían durante cincuenta años, más cincuenta de prórroga, que las mineras tendrían posibilidad de intercambiarlas; tendrían el derecho a disponer de los terrenos que se encuentren dentro de la superficie que amparan así como derecho a obtener la expropiación de los predios y acceso preferente al agua, entre otras increíbles ventajas.
“Con fundamento en esa ley los gobiernos de Fox y Calderón comenzaron a promover la llegada de capitales foráneos para que invirtieran en el ramo, en los últimos cuatro años ha habido un aumento exponencial de las concesiones, las mineras canadienses e inglesas son las que están aprovechando el campo abierto”, indicó Gutiérrez.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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