Presentan en San Luis Acatlán el libro Ecología política de la minería en América Latina
SERGIO FERRER (Corresponsal)
San Luis Acatlán, 19 de marzo. A parte de que la industria minera erosiona el tejido social tanto como el medio ambiente, y que deja miseria en lugar de riqueza a las comunidades, opera con una ley que fue hecha a modo de las empresas, de tal forma que con sólo construir una clínica temporal, ya pueden empezar a deducir impuestos, alertaron investigadores.
Durante la presentación del libro Ecología Política de la Minería en América Latina –editado por la UNAM, en cuya elaboración participaron 22 investigadores del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades–, Francisco López Bárcenas, del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, señaló que para oponerse a esa ley e impedir la instalación de mineras en su territorio, los pueblos originarios deberán estar organizados e informados.
En entrevista previa a la presentación, López Bárcenas apuntó: “la minería jurídicamente pertenece al Estado, el gobierno federal tiene facultad de otorgar concesiones a quien considere que reúna los requisitos para explotarla, esto es una desventaja respecto a los derechos de los campesinos”.
La ley minera destaca que al ser de utilidad pública la actividad minera, se puede además de concesionar, expropiar tierras, “la ley minera está hecha al gusto de las empresas, por otra parte, los empresarios deben pedir permiso a los dueños de las tierras a fin de emprender acciones”, declaró el investigador, que advirtió la importancia de estudios de impacto ambiental en situaciones como la explotación de recursos minerales.
En cuanto al estado, el texto retoma el caso de Mezcala desde un análisis de geopolítica actual. Gian Carlo Delgado Ramos, coordinador de dicha edición la cual reúne el trabajo de 22 investigadores, aseveró que a partir de las modificaciones a las leyes mineras, las empresas encontraron multiples ventajas, “con diversas obras como la instauración de una clínica (temporales) pueden deducir impuestos, por otra parte el gobierno no tiene la capacidad para saber qué están sacando y en qué cantidad, no cobran regalías por la cantidad de material extraído a boca de mina cobra por superficie concesionada” señaló.
La minería erosiona el tejido social, pues “por lo menos al corazón de la mina la gente que habita cerca no tiene acceso, los terrenos se vuelven propiedad privada”, afirmó Delgado Ramos, además resulta una actividad agresiva al ambiente, un ejemplo es el uso de procesos químicos utilizando sustancias extremadamente tóxicas como el cianuro.
Precisó que sería adecuado procurar una industria minera respetuosa con el ambiente, sin embargo resulta difícil, pues las empresas no se hacen responsables de los terrenos cuando se termina la explotación, en lo que denominó “nuevo boom minero”, se ven muy pocos beneficios económicos y sociales, la riqueza es sacada por empresas mineras extranjeras o mexicanas dejando en una mayor miseria a la gente que pierde tierras que eran fértiles, finalizó.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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