Funcionarios de la Comisión Nacional del Agua desatienden las quejas para frenar el daño ambiental
JORGE COVARRUBIAS
Israel Jafet Robles observaba la parsimonia con la que un burócrata de corta estatura, tez morena, lentes y entrado en años –sentado frente a él detrás de un escritorio– cortaba pedacitos de papel y los arrojaba al cesto de basura. Salió en la madrugada de este jueves de Santa Gertrudis, un rancherío con menos de 50 casas en el municipio de Tonaya, Jalisco.
Le urgía hablar con el director general del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Raúl Antonio Iglesias Benítez sobre un asunto que preocupa a los ganaderos y agricultores de la región: la contaminación de mantos acuíferos, arroyos y tierras de cultivo que está generando la minera Metalúrgica Tapalpa SA de CV con los químicos que utiliza para separar oro, plata y zinc.
El hecho fue denunciado y luego de una visita de inspección el pasado 28 de marzo, la Conagua colocó sellos de clausura a la llave de paso que emplea la minera para descargar los residuos tóxicos, sin embargo la empresa los retiró al tercer día, comenta Israel.
Asegura que son millones de litros que llevan consigo partículas de cianuro, cromo, arsénico y plomo, los cuales se emplean en el proceso de la separación de metales y que han sido descubiertos por un laboratorio de la Universidad de Guadalajara.
Llegó solo a las seis de la mañana al municipio de El Grullo y de ahí abordó un camión para trasladarse hasta las oficinas de la Conagua en Jalisco, localizadas en la ciudad de Guadalajara en la avenida Federalismo Norte número 275, fueron cuatro horas más de viaje.
Cerca del mediodía, Israel entró en las oficinas del organismo y después de registrarse en la lista de visitantes subió al quinto piso del edificio; pidió a una secretaria entrevistarse con Iglesias Benítez. La respuesta fue inmediata, el funcionario no podría atenderlo porque se encontraba en una junta. El joven insistió y se le turnó con el secretario técnico del organismo, Esteban Shafer. Tenía que regresar con una respuesta a la comunidad, le dijo.
Israel se presentó como secretario de la Comisión para la Defensa del Agua, nombrado por el presidente municipal de Tonaya, el panista Roberto García Santana. Su aspecto de campirano pareció restarle credibilidad ante el burócrata. Alto, delgado –más bien correoso–, barba desaliñada, vestido con camisa a cuadros, pantalón de mezclilla y unos huaraches calzándole los pies, el joven sólo llevaba un oficio membretado con fecha de antier y firmado por el primer edil de esa entidad, donde se denuncia oficialmente la violación de los sellos puestos por la Conagua dentro del plazo de suspensión temporal impuesto a la minera.
Israel solicitó a este reportero que lo acompañase en su travesía burocrática para dejar constancia de los hechos.
“¿Nosotros rompimos los sellos, o cómo estuvo esto?”, preguntó el funcionario ante la explicación de los antecedentes que iba dando Israel.
Shafer se rascaba la cabeza, se ajustaba los lentes, se movía de posición en su sillón, le daba tecleos a su computadora, y hacía trocitos de papel que luego arrojaba a un bote.
“El asunto es muy serio, se trata de una contaminación con químicos bastante pesados que nos está afectando directamente a la población”, le dijo Israel al funcionario que sólo asentía con unos lacónicos sí, ajá, mmm.
Shafer hacía tiempo y no respondía a la denuncia del poblador de Tonaya. Le dio lectura al oficio y enseguida tomó el teléfono para llamar a Apolinar González Toledano, jefe de Proyectos de Procedimientos Administrativos, el funcionario responsable de la colocación de sellos a la minera.
–Me sorprende que no estuviera usted enterado– reaccionó el joven.
–Pues sí, así son las cosas– le respondió el secretario.
“Es que mire, vemos nueve estados, es imposible, y tenemos muy poca gente, es imposible que nos enteremos de todo así”, contestó a una pregunta de este reportero.
Además de la denuncia escrita por el presidente municipal, Israel llevaba consigo un pliego de exigencias suscrito por los habitantes de las comunidades de San Gertrudis y Alpizahuatl. En él se explica a detalle que la contaminación afecta a los ecosistemas y perturba el desarrollo de las actividades locales como la reproducción bovina y la agricultura.
La minera conserva los químicos en un bordo que se llama Presa de Jales, y el año pasado al llegar a su tope con el temporal de lluvias abrieron la llave de paso.
“Sale directamente al arroyo que pasa por todas las comunidades, empezando por Santa Gertrudis, pasa por los pueblos de más abajo, Tonaya, y hasta Colima ahí se junta con los ríos de Armería y Ayuquila”, señala Israel.
Los pobladores piden que se pare definitivamente la actividad de la minera, que haya una indemnización a los afectados terratenientes y que el manantial que abastecía a la minera se concesione a las comunidades de Santa Gertrudis y Alpizahuatl.
En lo que Apolinar subía a la oficina, se desarrolló una conversación entre Israel y el funcionario que transcurrió en evasivas por parte del último.
–¿Cuándo hicieron ustedes la denuncia?
–¡Uh!, nosotros denuncias hemos hecho desde agosto del año pasado y constantes.
–¡Ah!, bueno, pues sí, no, no, no, no me han pasado el reporte.
–¿Se da usted cuenta de la magnitud de este problema?
–Mire, no me cuestione por favor de eso.
–Por qué no le voy a cuestionar si es una dependencia pública y lo que ustedes hacen nos afecta directamente a todos, incluso a usted.
–Sí, claro.
El diálogo terminó en el momento en que Shafer se enteró que este rotativo acompañaba al joven de Tonaya. Apolinar tampoco quiso hablar y sólo extendía los brazos al ver el parpadeo de la grabadora.
–Pero si esto es público, no veo yo el inconveniente– exclamó Israel.
–Pues sí, lo que pasa es que no estamos autorizados para hacer declaraciones a la prensa– dijo Shafer.
–Si la cosa está en orden no tenemos que ocultar nuestras palabras y menos si se trata de un organismo público como es Conagua.
–No hay ningún inconveniente, nada más que sí tendrías que verlo a través del área de Comunicación Social– añadió Apolinar.
Ambos servidores se negaron a seguir hablando, salvo la mención del servidor que impuso sellos, en el sentido de que se está atendiendo el asunto en los términos de ley, y que ya existe un procedimiento abierto, del cual no puede revelar su contenido. Shafer ni siquiera le firmó de recibido a Israel el documento que llevaba y le pidió que lo entregara en la Oficialía de Partes.
Fuente: La Jornada de Jalisco
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