REDACCIÓN
Organizaciones nacionales e internacionales demandaron a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, agilizar los casos de las indígenas me’phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, así como de los campesinos ecologistas de Petatlán, Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), pero pendientes de cumplimiento en México.
“Los tres casos –paradigmáticos de los obstáculos que enfrentan en México las mujeres indígenas y los defensores de derechos humanos y del medio ambiente para acceder a la justicia– se encuentran hoy en día bajo el conocimiento de autoridades militares, en abierto desacato de las sentencias del tribunal interamericano, sin que su predecesor en el cargo haya tomado medidas para acatar los fallos internacionales”, expresan las organizaciones en una carta entregada ayer en la PGR.
Entre los firmantes se encuentran Amnistía Internacional, el Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights; Latin American Working Group LAWG (EE.UU); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL (EE.UU.); Misereor (Alemania); la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (España); Fundación para el Debido Proceso Legal, DPLF (EE.UU). y organizaciones mexicanas como el Instituto para la seguridad y la democracia, Insyde; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación AC; Comité Cerezo México; Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos AC, y La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos conformada a su vez por 72 organizaciones.
En los tres asuntos, expresan los firmantes, las investigaciones fueron remitidas a las autoridades militares, quienes, a decir de la propia Corte Interamericana, no eran competentes para conocer de este caso. “La falta de imparcialidad e independencia del ministerio público militar al investigar delitos cometidos por los propios elementos castrenses, surge de los hechos tenidos como probados por la Coidh, y se manifiesta en el modo en que la carga de la prueba fue revertida en perjuicio de las víctimas, y en la impunidad que ha beneficiado a los miembros del Ejército responsables desde entonces”, asienta el documento.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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