FRANCISCA MEZA CARRANZA
El Tribunal Unitario Agrario (TUA) 41 falló por quinta ocasión a favor de los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop) con respecto al juicio de nulidad interpuesto el 12 de mayo contra la asamblea efectuada en La Concepción el 28 de abril de 2010; no obstante, el dirigente Marco Antonio Suástegui Muñoz aseveró que el movimiento de resistencia continuarán hasta que el gobierno federal publique en el Diario Oficial de la Federación la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico.
En medio de un ambiente festivo de los opositores, quienes portaban una manta con la leyenda “Punto final de la presa La Parota; Cecop-ganamos, la tierra no se vende”, el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, y los abogados de este organismo informaron sobre el resolutivo emitido a casi un año de la asamblea que han calificado como “amañada”.
El director del área jurídica, Vidulfo Rosales Sierra, informó que el resolutivo del expediente 360/2010, firmado por la magistrada Carmen Lizárraga Cabanillas, fue emitido el 18 de abril y entregado de manera reciente a ellos y al Cecop; en éste se indica que la asamblea es nula de pleno derecho por las irregularidades cometidas antes, durante y después.
Con el resultado se cancela supuesta aprobación de comuneros para la expropiación de poco más de mil 300 hectáreas de tierras y cualquier convenio que se haya suscrito al respecto.
“La asamblea es nula de pleno derecho y en este momento quedan nulos los convenios que se puedan celebrar, que se hayan celebrado o que se quieran celebrar con posterioridad a la sentencia, en otras palabras, el comisariado ejidal y la CFE no pueden hacer ningún convenio de ocupación previa, de expropiación, ni licitación alguna”, aseveró.
Las cuatro acciones de nulidad que fueron tomados en cuenta para el resolutivo final contra la asamblea, en la que participaron personas externas, fue el desapego a la establecido por la Ley Agraria, pues al llevar a cabo la expropiación de las tierras de los bienes comunales de Cacahuatepec se llevaría a cabo una afectación sustancial de la vida de los comuneros y en consecuencia la transformación del núcleo social.
También las irregularidades en las convocatorias a la asambleas pues de 30 días previos que debe ser convocada se redujo a 12; además, en la asamblea debe de participar 75 por ciento del total de comuneros que habitan en la zona –que es de 7 mil 250 de acuerdo con el padrón– y solamente firmaron asistencia mil 200 personas.
La cuarta irregularidad fue que las convocatorias no se publicaron en los anexos a los bienes comunales de Cacahuatepec. “La sentencia es clara, puntos claros y se debe respetar la legalidad, no hay lugar a duda, la sentencia es clara creemos que aún cuando puedan apelarla no se van a modificar los puntos porque las irregularidades son evidentes y bastantes; no podría haber una modificación en una segunda instancia aunque están en pleno derecho de hacerlo pero creo que por dignidad ya no lo deberían de hacer porque hay cinco sentencias”, puntualizó.
Suástegui Muñoz aseguró que con la resolución se quiere poner punto final al conflicto y a la ruptura del tejido social que hay en la zona desde que se anunció el proyecto.
En todo momento agradeció al gobernador Ángel Aguirre Rivero por el acercamiento que ha tenido con ellos; no obstante, dijo que uno de los documentos que se le entregará en la reunión de 7 de mayo será el resolutivo para que acepte que el proyecto no es viable.
Dijo que también se entregará una copia certificada del resultado al arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, a quien calificó como su principal aliado y quien en todo momento les dijo que no se separaran de la mano de la ley.
Al respecto, Felipe Flores Hernández, aseveró que con el resolutivo cambiará la situación porque la negativa al proyecto no es capricho de “unos cuantos como se ha manejado” y que la harán valer porque no pueden seguir en confrontación.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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