RAÚL SENDIC GARCÍA ESTRADA
A la ancestral marginación y pobreza que se vive en la Sierra, se suman los efectos del desplazamiento interno, del acoso policíaco, militar y paramilitar, además de los agravios que comete la delincuencia organizada que ha perseguido y asesinado a los defensores de los bosques.
Los guerrerenses estamos viviendo un proceso de eliminación selectiva de los líderes sociales que producen heridos, torturados, amenazados, desaparecidos y asesinados. Es altamente preocupante este proceso de desplazamiento que subordina la seguridad de las comunidades a la presencia policíaca y militar.
Las víctimas directas del desplazamiento son hasta hoy, 107 personas que abandonaron sus viviendas en la comunidad de La Laguna, entre ellas, dos menores embarazadas, 77 menores de 18 años, de los cuales 34 tienen menos de 5 años, quienes desde hace casi un mes viven en la intemperie en la comunidad de La Joya, con una situación de emergencia por las condiciones de vivienda, saneamiento, higiene y alimentación en que se encuentra la población desplazada y que hoy empiezan a padecer un fuerte desgaste físico y mental debido a la presión psicológica en que sobreviven, con agravios como son, la pérdida de la tierra, herramientas, animales de corral, granos y enseres domésticos.
El desplazamiento interno implica el movimiento poblacional producto de la violencia y la amenaza persistente ante ataques armados, el desplazamiento es una forma extrema de proteger la vida, es un esfuerzo para defenderse del peligro desplazándose a otras comunidades vecinas, el proceso de desplazamiento implica la pérdida de la territorialidad física y social que conlleva a una crisis de identidad social y comunal, además de que dificulta el desarrollo de la vida cotidiana y las actividades productivas del campo, el desplazamiento de los habitantes de la comunidad de La Laguna, genera en ellos crisis traumáticas, angustia, miedos, añoranza de lo perdido, inactividad e inestabilidad y la pérdida de formas y modos de vida.
Los gobiernos federal y estatal deben evaluar la pertinencia del regreso de los desplazados a su comunidad y un plan emergente de ayuda en los aspectos económico y social que de manera inmediata se aboque a atender la problemática de la población de esa parte de la Sierra, en áreas de salud, alimentación, apoyo psicológico y proyectos productivos.
El estado debe ser garante del apego a derecho de las policías y el ejército federal, así como del castigo de aquellos que se han extralimitado en sus funciones y han agredido a la población serrana.
Es loable las labores de seguimiento y acompañamiento de la prensa, de las Organizaciones de Derechos Humanos, para preservar la seguridad y la vida de los desplazados.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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