La desaparición del periodista pudo estar vinculada con su ejercicio profesional, resaltan
CITLAL GILES SÁNCHEZ
Chilpancingo, 21 de junio. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al Estado mexicano para que haga todo lo posible y dé con el paradero del jefe de información del periódico Novedades Acapulco, Marco Antonio López Ortiz, quien está desaparecido desde el pasado 7 de junio y cuya desaparición, señala, puede estar vinculada a su trabajo periodístico.
En un comunicado, la CIDH externó su preocupación por la desaparición de López Ortiz, que de acuerdo con información que ha recibido el organismo internacional, fue capturado por un grupo de personas desconocidas en la ciudad de Acapulco el pasado 7 de junio y desde entonces no se ha tenido noticias sobre su paradero.
De acuerdo con la CIDH, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero ha informado que se inició una investigación sobre estos hechos, además de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) visitó las instalaciones de Novedades Acapulco para averiguar sobre la desaparición del periodista.
El organismo internacional detalló en su Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010 que la situación de violencia que enfrentan los periodistas de Guerrero, “es crítica”, pues de acuerdo con el detalle de dicho informe, se contabilizaron cuatro ejecuciones de periodistas guerrerenses durante el año pasado, además de otros hechos graves como el ataque armado contra el periódico El Sur en Acapulco, ocurrido en noviembre.
Por ello, exhortó al Estado mexicano para que impulse medidas de protección para los periodistas además de implementar mecanismos eficientes “para afrontar la grave deficiencia en la procuración y administración de justicia respecto de estos crímenes”.
De igual forma el organismo internacional exigió a las autoridades mexicanas el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, el traslado a la justicia federal de las investigaciones de los crímenes contra comunicadores en aquellos casos que lo ameriten, y la implementación adecuada de los mecanismos de seguridad necesarios para proteger efectivamente la vida e integridad de los periodistas amenazados.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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