CITLAL GILES SÁNCHEZ
Chilpancingo, 16 de agosto. La Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) remitió al fuero militar los casos de las indígenas mep’haa que fueron violadas sexualmente por militares, luego de declararse “incompetente” para seguir las indagatorias.
El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, informó mediante un comunicado que el pasado 12 de agosto la PGJM notificó por escrito a Inés Fernández y a Valentina Rosendo que las averiguaciones relacionadas con la violación sexual y tortura cometida en su contra por miembros del Ejército Mexicano en 2002, han sido remitidas a la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con un extracto del oficio emitido por la PGJM a las afectadas, “la Fiscalía Militar tuvo a bien acordar la incompetencia para seguir conociendo y determinar la[s] indagatoria[s] número SC/179/2009/II-E y SC/180/2009/II-E”.
Por lo que el pasado 29 de julio la Fiscalía giró dos oficios, en los cuales se remite a la Subprocuraduría Regional de Control de Procesos y Amparo de la Procuraduría General de la República ambas indagatorias para que sea dicha dependencia la que determine lo que en derecho proceda.
Dicha acción responde a lo dispuesto en la reciente Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, y en las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coidh)) en contra del Estado mexicano y luego de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que a partir del caso de Rosendo Radilla, resolviera que el fuero militar no opera para procesar a militares responsables de violaciones a derechos humanos, por lo que deberán ser juzgados por tribunales civiles.
Dicha acción por parte de la PGJM se da luego de nueve años de lucha por parte de Inés y Valentina junto con organizaciones defensoras de derechos humanos, por lo que ahora destacaron que la PGR tiene la responsabilidad “ineludible” de ejercitar acción penal ante los tribunales federales contra los militares responsables identificados por las afectadas.
“No existe pretexto alguno para llevar las investigaciones hacia direcciones que conduzcan a la impunidad, como en su momento lo hizo la PGJM o la propia PGR al intentar remitir las investigaciones al fuero local”, destacó Tlachinollan.
De igual forma señaló que es importante que el Estado actúe en un plazo razonable y con la debida diligencia, “a la luz de una adecuada perspectiva de género y etnicidad, posibilitando la amplia participación de ambas mujeres y sin generar que sean revictimizadas y en condiciones de seguridad. Esto último es fundamental, dado que la seguridad de ambas mujeres se ha visto amenazada en el desarrollo de las investigaciones, lo que ha motivado que el propio tribunal interamericano les haya otorgado medidas de protección a ellas y a sus familias”.
Tlachinollan consideró que esto marca un precedente para que en todos aquellos casos donde militares se vean involucrados en violaciones a derechos humanos sean remitidos a instancias civiles.
Finalmente destacaron que es “indispensable” que la procuradora Marisela Morales garantice una investigación que se ajuste a las directrices impuestas por la Coidh, lo que será exigido y monitoreado por las organizaciones que a lo largo de más de 9 años han acompañado a Inés y a Valentina en su búsqueda de justicia.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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