LEOPOLDO GAVITO NANSON - LUNES, AGOSTO 08, 2011
En diversas ocasiones ECP ha señalado que la política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón pulveriza a las instituciones, debilita al Estado y, por su definición militarista, estrecha aún más los ya flacos espacios de soberanía. El Estado mexicano no tiene los recursos ni las calificaciones para sostener en el largo plazo una suerte de guerra de guerrillas con enemigos múltiples que lo igualan y frecuentemente rebasan en capacidad de fuego en el campo.
El sábado pasado, el periódico estadunidense The New York Times daba a conocer que Estados Unidos aumentan el rol que juegan en la sangrienta guerra mexicana contra las organizaciones de narcotráfico. Se ha enviado al país nuevo personal operativo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y militares en retiro además de considerar la opción de promover a contratistas de seguridad privada con la esperanza de revertir en torno a un esfuerzo de miles de millones de dólares que hasta ahora ha dado pocos resultados.
Resulta que en semanas recientes un pequeño grupo de operativos de la CIA y empleados civiles militares llegaron a instalarse en una base militar mexicana. En ella, oficiales y funcionarios de ambos países trabajan, según el NYT, lado a lado en recabar información de los cárteles de las drogas y en ayudar a la planificación de operaciones. Además, buscan la colocación de equipos contratistas estadunidenses en las unidades especiales de la policía antinarcóticos.
El NYT reporta que funcionarios de ambos lados de la frontera dicen estas nuevas formas se han ideado para burlar las leyes mexicanas que prohíben a militares y policías extranjeros operen en territorio mexicano, y para evitar que la avanzada tecnología estadunidense de vigilancia caiga bajo en manos las agencias de seguridad mexicanas, toda vez que no son confiables.
La versión mexicana del discretísimo –casi secreto– hecho es mucho más amable. El embajador Arturo Sarukhán sólo dice que ha “habido un cambio radical en los últimos años en la eficacia de México y en el intercambio de inteligencia de EE.UU”. Para el representante del gobierno de Calderón en Washington tal “cambio” se basa en el entendimiento de que la delincuencia trasnacional organizada sólo puede ser enfrentada si se trabaja de la mano toda vez que éxito o fracaso será compartido.
Toda proporción guardada, el asunto recuerda aquellas etapas tempranas de la norteamericanización de la guerra de Vietnam, cuando Kennedy continuó con la política iniciada por Eisenhower e instrumentó programas y asesorías militares para el inestable gobierno sur vietnamita. La debilidad, corrupción e ineficacia del gobierno sur vietnamita llevó a que Estados Unidos escalara su presencia en el sureste asiático.
Estos últimos avances en el desdibujamiento de las ya escasas capacidades del gobierno mexicano se dan luego de tres años de que Estados Unidos empezara a aumentar la asistencia de seguridad a México con la controvertida Iniciativa Mérida cuyo techo subió a mil 400 millones de dólares. Pero también se dan cuando ambas administraciones están a un año de distancia de sus respectivas elecciones.
El escandaloso por sangriento fracaso de la administración de Felipe Calderón es una gruesa espina en las aspiraciones de reelección del presidente Obama. La creciente violencia de los estados fronterizos con Estados Unidos es fuente muy seria de intranquilidad y el actuar del gobierno calderonista desde luego no ayuda. La derrota panista en 2012 es casi segura, pero lo que suceda en un año en la descomposición de México puede ser determinante en el tipo de factura y reclamos que la oposición intentará facturar a Obama.
Puede darse por descontado que habrá muchos más operativos, muchos más arrestos y muchos más traficantes expuestos con el helicóptero de la Policía Federal a las espaldas y frente a las cámaras de televisión. Nada de eso será suficiente para atemperar las críticas en Estados Unidos que cuestionan por el eje la entrega de dinero a México de la Iniciativa Mérida y demandan rendición de cuentas.
Es natural, en cuatro años las empresas criminales mexicanas acapararon el mercado norteamericano y al parecer también la distribución en territorio estadunidense; 80 por ciento de las drogas que entran a Estados Unidos provienen de organizaciones mexicanas.
El hecho es que el ladino gobierno federal busca el modo, como lo hace en lo económico, para dar la vuelta a las limitaciones que le imponen las leyes mexicanas. Hasta ahora Estados Unidos ha entrenado a unos 4 mil 500 policías federales y ha asistido en escuchas telefónicas, administrando informantes y en el interrogatorio de sospechosos. Parece que sin resultados dignos que cacarear, excepto el mayor debilitamiento de las capacidades soberanas. De todo eso, así como del dinero gastado en la guerra, nos enteramos por la prensa norteamericana o por lo que funcionarios mexicanos dicen en auditorios estadunidenses. Nunca por lo que el gobierno mexicano cumpla con informar.
Fuente: La Jornada de Veracruz
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