Los límites posibles

LEOPOLDO GAVITO NANSON - MARTES, AGOSTO 16, 2011

El domingo por la tarde Ejército y criminales se liaron en un enfrentamiento y persecución en el puerto de Veracruz. Murió un hombre civil y resultaron lesionados una mujer y dos niños.

Reactivo, Alejandro Poiré se subió a los acontecimientos para introducir y contextuar su décimo y último ridículo desmitificador. Dice Poiré: “Como gobierno, la violencia criminal observada en años recientes nos duele tanto como a ti y a tu familia. Por eso desplegamos fuerzas federales para debilitar de manera sistemática a quienes ponen en riesgo la tranquilidad de nuestras comunidades, promovemos la evaluación y cooperación de las corporaciones locales de policía para que puedan hacer frente a los delincuentes y alentamos la participación ciudadana en la regeneración del tejido social”.

El dolor gubernamental por la violencia es harto improbable. Durante los tres primeros años de guerra la actitud gubernamental era minimizar y mentir respecto a las consecuencias de la guerra. La frivolidad fue la constante con frases como “vamos ganando” o dichos respecto a que los muertos eran sólo “malos”. Fue por el reclamo de la sociedad y por la iniciativa de la prensa que empezó a llevarse contabilidad. Pero para el gobierno los muertos siempre han sido cifras y porcentajes, nunca nombres de personas. Tal es el nivel de mezquindad.

Facilón, Poiré califica los acontecimientos del domingo en Veracruz como actos repudiables. Lugar común. Lo mismo hubiera podido decir lamentables que condenables o cualquiera de los recursos y muletillas planas de los machotes gubernamentales para referirse a las consecuencias de su incompetencia.

Llama la atención el intento-sugerencia de involucrar en las consecuencias de sus decisiones a las autoridades locales. Dicen promover la evaluación y cooperación con las instancias locales para más adelante decir que es “responsabilidad primera de las autoridades locales y federales” cerrar los espacios a la criminalidad.

Durante los años de Felipe Calderón en el gobierno, el deterioro de la seguridad ciudadana ha sido constante y creciente. Mismos años en que su gobierno ha intentado embarrar e involucrar en sus decisiones a las autoridades locales.

Pero sucede que las decisiones del gobierno federal fueron tomadas en una situación de aguda debilidad política y desde el inicio buscaron acogerse a la política y lineamientos esadounidenses en el tema. Lorenzo Meyer decía ayer que no duda de la existencia de una carta de intención del gobierno mexicano hacia el de Estados Unidos en la que se compromete en aspectos inconfesables para efectos de obtener la ayuda de la Iniciativa Mérida. Lo más probable es que así sea. Que exista una carta de intención en donde el gobierno mexicano se comprometa explícitamente a permitir la actuación y despliegue de varias agencias de se país en territorio mexicano bajo la cobertura y pretexto de la guerra. De otra forma no se explicaría la información en ese sentido dada la semana pasada por el New York Times.

Lo grave es que en los últimos meses ha habido por lo menos cuatro acontecimientos mayores en el puerto Veracruz en los que las fuerzas federales se enfrentan con criminales en plena calle y luz del día. Para las fuerzas armadas es irrelevante si el enfrentamiento con criminales es en la vía pública, a plena luz del día, en hora pico o si es frente a un plantel escolar, por la mañana y en horario de clases. Perseguir en caliente a un grupo de criminales que huyen y liarse a tiros con ellos independientemente de la presencia de civiles en el campo de tiro es algo que se ha dado a lo largo y ancho del país desde aquel malhadado diciembre de 2006.

En varios niveles revela que en la mentalidad gubernamental y en los protocolos de operaciones –si es que existen de forma sistematizada– el ciudadano y su protección no es la prioridad. Es un asunto de configuración institucional, sí, pero sobre todo es un asunto de mentalidad de los tomadores de decisiones. El Estado y su interés se sobreponen al individuo. Las instituciones se arreglan en torno al interés y defensa del interés del Estado y no en torno al interés y defensa del ciudadano, del individuo. Y el Estado, conviene aclararlo, nunca es mera entelequia o abstracción. El Estado se encarna en la caterva de funcionarios que conforman el gobierno y el poder político. Salvo contadísimas excepciones, cuando se apela al interés de Estado es en defensa del interés del grupo gobernante y su elite. No al de la nación.

En esta guerra hecha en nombre de la defensa de los mexicanos lo que menos interesa al gobierno son precisamente los mexicanos. En la desgracia de la muerte se pierde se pierde todo, incluso la nacionalidad y el buen nombre. En la guerra calderoniana el morir convierte al fallecido en número y luego en estadística. Perdido el nombre se facilita el compartir la homologación de las frases hechas: lamentables acontecimientos, condenables hechos, dolorosas muertes. La criminalidad, por el contrario, goza de la impunidad hasta en la muerte. Ya no son muertos o asesinados, ahora son abatidos.

De la dinámica impuesta por la decisión federal es prácticamente imposible salirse. Pero como gobierno soberano de Veracruz, el gobernador tiene la opción de acordar y presionar para que las fuerzas armadas en el estado observen protocolos rigurosos para proteger a la población al acordar la prohibición de engancharse en combate abierto en medio de población civil.

La muerte de la persona que visitaba el domingo el acuario de Veracruz era totalmente evitable si hubiera protocolos menos primitivos que perseguir en medio de la población civil a un grupo de delincuentes desalmados. Poner límites a las consecuencias de la estupidez ajena también es tarea de gobierno.

*Es Cosa Pública

leopoldogavito@gmail.com

Fuente: La Jornada de Veracruz