JAIME HERNÁNDEZ ORTIZ
La semana pasada, y mediante un albazo, fue aprobada “en lo general” por el pleno de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados una nueva Ley de Seguridad Nacional.
La medida, inicialmente similar a las tomadas durante las dictaduras del Cono Sur para justificar la presencia del Ejército en las calles y reprimir a la oposición, propone ahora que los militares estén permanentemente en ciudades, calles y carreteras con el supuesto de apoyar el combate del crimen organizado y participar en tareas de seguridad pública.
Legalizar la arbitrariedad
Así, el gobierno se propone legalizar una función para el Ejército que no tiene asidero en ordenamiento alguno.
Como sabemos, los militares no obedecen a ningún secretario federal, a ningún gobernador, a ningún presidente municipal; es más, no obedecen a ninguna ley fuera del ámbito castrense; simple y sencillamente “reciben órdenes” y obedecen al “comandante supremo”, en este caso a quien indebidamente se hizo cargo del Poder Ejecutivo, a Felipe Calderón, quien les ha ordenado salir a las calles a realizar una guerra contra el crimen organizado.
Si los generales dicen: “a ése hay que detener”, a ése lo detienen; “a ése sospechoso hay que disparar”, a ése le dispararán. A quien consideren enemigo de la nación. Así de simple. Nada de explicaciones. Nada de argumentaciones. Nada de información para nadie. Y a nadie le rendirán cuentas.
Todo esto en el contexto de un creciente malestar social, caracterizado de impotencia, de coraje e indignación, de desempleo y pobreza, y de un proceso electoral en ciernes que amenaza ser más crítico que el de 2006.
Opiniones en contra
Apenas en abril de este año un grupo de trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas (ONU) que vino a México había señalado que la ausencia forzada de personas es un delito que ha crecido desde que inició el sexenio del presidente Felipe Calderón y que “el Ejército era una de las instituciones señaladas de cometer este crimen”.
La ONU aseguró que en México existe un “patrón crónico de impunidad”, con reportes de organizaciones civiles de casi 3 mil casos de desapariciones forzadas, por lo que solicitó al gobierno federal reconocer las dimensiones reales de esa problemática y “que retirara en el corto plazo a los militares de las operaciones de seguridad pública”.
A principios del mes pasado, la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en su visita a México criticó la creciente militarización del país y dijo que era preocupante el uso excesivo de la fuerza de los agentes del Estado en sus acciones en contra el crimen organizado, “las que han derivado en un aumento de las violaciones a los derechos humanos”.
Navi Pillay cuestionó directamente a Felipe Calderón por su decisión de combatir el narcotráfico a través de las fuerzas armadas, acción que debía ser “una medida excepcional, y que de acuerdo con su naturaleza, debía ser extraordinaria y limitada en el tiempo”.
La Comisionada de la ONU le recomendó nuevamente el retiro del Ejército de las labores de seguridad pública por “no estar facultado para dicha labor, y que, por el contrario, su actuación se ha relacionado con el aumento de la criminalidad”.
Eliminación sistemática de “sospechosos”
Apenas la semana pasada Amnistía Internacional advirtió que las violaciones de los derechos humanos por las fuerzas armadas “podrían derivar en una represión sistematizada, que llevaría a México a una situación similar a la que se vivió en las dictaduras militares del Cono Sur”.
El organismo, a través del director de investigación del Secretariado Internacional, Javier Zúñiga, dijo que “puede haber una política que no necesariamente está sancionada a los más altos niveles y que consiste en atacar al crimen organizado a través de la eliminación física de los sospechosos, lo que pondría a México en peligrosa igualdad con lo que sucedió en los países del Cono Sur en los años 80. Esta actitud costó miles y miles de vidas y años de oscuridad en materia de derechos humanos. En México existe el peligro de que haya esa reacción de la población en demanda de seguridad y que, paradójicamente, esté a favor de la inseguridad creada por el Ejército, lo que nos puede llevar en una espiral descendente a un escenario muy preocupante”.
En la realidad, cualquier abuso militar será canalizado a la justicia militar y con esa medida se perpetuará la impunidad.
Como se observa, el gobierno continúa desoyendo propuestas y recomendaciones de organismos tan importantes. Vemos que el gobierno ya no intenta siquiera legitimarse en esta acción tardía y fallida. Por el contrario, intentará endurecer prácticas antidemocráticas y golpistas con el objeto de continuar en la permanencia del poder, aun a través de otro partido.
La nueva Ley de Seguridad Nacional será aprobada, sin duda, “sin prisas”. Pero atenta contra las garantías individuales y las recientes reformas constitucionales en derechos humanos, ubicando a las fuerzas armadas en una amenaza para la ciudadanía.
“Declárate defensor”
Ante la eventualidad de que esta ley legitime nuevos y graves abusos en derechos humanos, continúa vigente la campaña anunciada hace un par de meses por la ONU con el objeto de apoyar la lucha que a lo largo y ancho del país realizan defensores y activistas en derechos humanos, a veces a costa de su seguridad personal.
Por ello, hay que sumarnos a la campaña “Declárate”, una iniciativa que busca crear conciencia en la población sobre el derecho a defender los derechos humanos. Visiten www.yomedeclaro.org.
Fuente: La Jornada de Michoacán
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