El enemigo en casa

El enemigo en casa

John M. Ackerman

A

sí como Vicente Fox heredó a Felipe Calderón un aparato estatal debilitado y carcomido por la corrupción y el crimen organizado, Calderón heredará a su sucesor instituciones públicas infiltradas e intervenidas por el gobierno estadunidense. El próximo Presidente se enfrentará a una doble tarea de limpieza: expulsar simultáneamente a los narcotraficantes y a los intereses extranjeros.

Calderón suele representar la situación en que encontraba el gobierno como una en que los criminales no solamente entraban a robar a la casa, sino ya pernoctaban en ella y desde allí operaban su negocio y cometían todo tipo de fechorías. Aun así, el actual Presidente prefirió la salida fácil de atacar mediáticamente a algunos de sus adversarios en la calle, en lugar de declarar una verdadera guerra contra el enemigo en casa. Esta estrategia ciega, torpe y criminal ha sido auspiciada y apoyada de principio a fin por el gobierno de Estados Unidos.

En lugar de insistir en una verdadera limpieza interna, los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama accedieron a la petición de Calderón de hacerse de la vista gorda con respecto a la corrupción y la constante violación de los derechos humanos. Esto a cambio de que Calderón les abriera la puerta para participar y dirigir los operativos antinarco en el territorio nacional. La apertura en otros ámbitos, como el económico y el energético, también se incluyó como regalo adicional a cambio de los espejitos del silencio y la complicidad estadunidenses ante el grave estado de la administración pública federal.

Si bien este trueque ha beneficiado a corto plazo a Calderón en su desesperada búsqueda de legitimidad y reconocimiento externos, a largo plazo tendrá efectos sumamente graves para todos los mexicanos. El constante debilitamiento de las instituciones estatales ha sido aprovechado gustosamente por los estadunidenses para aumentar cada día su intervención en los asuntos internos del país. Así como los gobiernos neoliberales abandonaron Petróleos Mexicanos, Luz y Fuerza del Centro y Mexicana de Aviación con el fin de provocar su quiebra y así justificar su intervención, hoy Calderón sigue el mismo guión con respecto a las instituciones de seguridad pública.

En su artículo del pasado 24 de octubre, Ginger Thompson, de The New York Times, nos regala otra joya periodística al revelar la existencia de una red de informantes secretos del gobierno estadunidense dentro del territorio nacional, que incluye “integrantes de las corporaciones de seguridad pública, políticos con cargos de elección popular y operadores de cárteles” (artículo disponible aquí: http://nyti.ms/rRXKbW). Recordemos que fue la misma Thompson quien en meses recientes dio a conocer tanto los vuelos de aviones espías no tripulados sobre México (http://nyti.ms/g4y4xP) como la existencia de centros de fusión de inteligencia similares a los utilizados por EU en Irak y Afganistán (http://nyti.ms/pcDBPy).

En esta ocasión el mensaje es aún más preocupante, porque los informantes de la periodista afirman que el gobierno mexicano ni siquiera está enterado de la existencia de esta red secreta. No se informa a las autoridades mexicanas para evitar problemas con las “leyes que prohíben que fuerzas de seguridad americanas [sic] operen en territorio mexicano”. Es decir, funcionarios estadunidenses confiesan que violan de manera sistemática y flagrante nuestras leyes al participar en acciones de procuración de justicia y espionaje en el país.

Pero, más allá de conducir investigaciones ilegales en territorio nacional, queda claro que los agentes estadunidenses también participan de manera directa tanto en actos de corrupción de funcionarios gubernamentales como de complicidad con el crimen organizado. Aquellos políticos y policías que participan en esta red de informantes y reciben alguna remuneración por sus servicios, no solamente serían corruptos, sino también traidores a la patria. Asimismo, aquellos agentes estadunidenses que contratan y establecen relaciones de confianza con informantes de la delincuencia organizada a espaldas del gobierno mexicano están siendo cómplices de la comisión de los delitos cometidos por sus contactos.

Ahora bien, en lugar de ordenar inmediatamente una investigación sobre la posible comisión de delitos por agentes extranjeros, el gobierno mexicano ha afirmado que, supuestamente, está perfectamente informado sobre estas acciones y que todas se llevan a cabo estrictamente de acuerdo con la normatividad nacional. Tales declaraciones son tan poco creíbles como aquellas de la canciller Espinosa sobre los aviones espías, en las que afirmaba que el gobierno mexicano mantenía el control directo sobre todos los vuelos. Con este tipo de desinformación el Poder Ejecutivo federal encubre los actos delictivos cometidos por los agentes extranjeros en el territorio nacional.

No sorprende que el gobierno de Estados Unidos defienda sus intereses y busque operar libremente en el país, así como incidir directamente en las acciones del gobierno mexicano. Lo que sí llama la atención es la complicidad del gobierno de Calderón, así como su total desapego de los principios básicos de soberanía y autodeterminación de los pueblos.

Twitter: @JohnMAckerman

http://www.johnackerman.blogspot.com

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Fuente: La jornada

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