LEOPOLDO GAVITO NANSON - JUEVES, OCTUBRE 13, 2011
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió ayer un comunicado de prensa en respuesta al anuncio de los promoventes de la demanda contra Felipe Calderón y funcionarios destacados de su gabinete de seguridad. En realidad no extraña que lo hiciera, el gobierno federal es consistente con lo que lo ha distinguido en esta ya larguísima administración: su característica reacción a los acontecimientos. Desde su temprano inicio, el gobierno de Calderón ha sido constantemente sorprendido por los acontecimientos. En mayo de 2007 un enfrentamiento entre elementos del Ejército y presuntos narcotraficantes se prolongó por horas; participaron más de 300 efectivos militares y al menos 20 integrantes del crimen organizado. Para reducirlos, el Ejército recurrió al uso de ametralladoras y bazucas. Sería la primera señal clara del poder de fuego de las bandas criminales. La historia del sexenio ha venido a tumbos entre improvisaciones gubernamentales, controles de daños por excesos, violaciones de derechos humanos de las fuerzas federales, criminalizaciones frívolas de estudiantes, justificaciones pueriles y necedades obtusas. Los costos en vidas, en dinero público, en tranquilidad, en educación y construcción social han sido prohibitivamente altos; los resultados obtenidos, nulos.
Pero la SRE en el primer punto de su comunicado rechaza (desde luego) “categóricamente que la política” (sic) de seguridad pueda constituir un crimen internacional. Que las acciones de la Estrategia (!) Nacional de Seguridad son “desplegadas con pleno apego al Estado de Derecho, con el fin de detener la actividad de las organizaciones criminales, llevar a sus miembros ante la justicia y evitar la violencia e inseguridad que generan. De no haber actuado con la contundencia mostrada desde el inicio de la Administración, muchas familias en diversas comunidades del país estarían a merced de los criminales”.
La SRE miente de forma casi infantil. Si las acciones de las fuerzas armadas se realizaran con pleno apego al estado de derecho como dice, no hubiera sido necesaria la presión de las propias fuerzas armadas para que el gabinete de seguridad nacional del gobierno de Calderón solicitara al Senado un marco que les ofreciera certeza jurídica. En abril de 2009 se presentó una iniciativa que precisaba los recursos del Estado mexicano, incluidas las fuerzas armadas, para atender situaciones que pudieran representar una afectación a la seguridad interna. Si se presentó fue porque no existía. Recién el 13 julio, en oposición al comunicado de la SRE, un grupo de generales pidió a senadores y diputados acelerar la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, precisamente porque consideraban urgente definir su retorno a los cuarteles y regular su participación en las tareas de seguridad pública con el argumento que los militares no tienen aspiraciones de cubrir funciones que no son propiamente de ellos, pues competen a otras instituciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba por acotar el llamado fuero de guerra.
Las peticiones de las fuerzas armadas para que el Estado les provea de un marco legal constitucional para las tareas irregulares que les encomendó el gobierno federal son de larga data.
Para no variar, el gobierno mexicano vuelve a insistir en la pueril hipótesis que de no haber actuado “con la contundencia mostrada desde el inicio de la Administración, muchas familias en diversas comunidades del país estarían a merced de los criminales”.
La afirmación no resiste un elemental ejercicio comparativo con la realidad simple retratada en la prensa nacional. Hay zonas completas del país donde el Estado es ausente, o ciudades también completas donde la autoridad está acotada por el crimen, lo que deja a las familias que viven en esas extensiones precisamente a merced de las organizaciones criminales.
Dice el punto número 3 del comunicado que el compromiso del gobierno federal con la protección de los derechos humanos es indeclinable. Tampoco la afirmación resiste la prueba de la realidad. El crimen cometido sobre Ernestina Ascencio sigue en la completa impunidad ofrecida por el propio presidente Calderón.
El punto número 5 no tiene desperdicio. Juzga equivocadadamente el llamado para que la Corte Penal Internacional (CPI) analice el caso mexicano, porque la intervención de la corte se justifica sólo cuando el Estado no puede o no quiere ejercer acción penal para castigar los crímenes detallados en el Estatuto de Roma. Bien, ésos crímenes son genocidio (artículo 6), crímenes de lesa humanidad (artículo 7), crímenes de guerra (artículo 8) y crímenes de agresión (artículo 8 bis). Más de 50 mil muertes indiscriminadas, especialmente de menores de 30 años, aún sin pertenecer a un mismo grupo étnico o religioso, debe ser considerada genocidio, ya lo decidirá la Corte, pero no es equivocado solicitar que se juzgue a los responsables que propiciaron con decisiones erradas tal cantidad de muertes.
Por lo pronto, las variables para considerar al genocidio en el estatuto de la CPI son a) matanza de miembros del grupo; b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Los tres primeros incisos son aplicables a la situación que viven los migrantes centroamericanos que atraviesan el país donde un abanico de autoridades han sido cómplices y el gobierno federal ha sido omiso.
Los crímenes contra la humanidad se configuran con un ataque sistemático contra cualquier población civil. Abundan los casos acumulados en cinco años, pueblos enteros aislados bajo la férula de organizaciones criminales, migrantes centroamericanos como población objetivo para la extorsión a escala industrial, ejecuciones masivas. Para efectos de la CPI se entiende cualquiera de los siguientes como parte de un ataque generalizado y sistemático: a) asesinato; b) exterminio; c) esclavitud; deportación o traslado forzoso de población; e) encarcelación u otra privación grave de la libertad física; f) tortura; g) violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género…; i) desaparición forzada de personas; j) el crimen de apartheid; k) otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Excepto el crimen de apartheid, todos los demás aplican en el caso mexicano.
En cuanto a crímenes de guerra el estatuto considera las violaciones graves que se cometen en conflictos armados, en estos cinco años se han cometido todas.
Al final el comunicado de la SRE hace una serie afirmaciones verborráicas que se vive en un Estado de derecho, compromisos indeclinables y otras frases socorridas cuando se carece por completo de contenidos.
Queda por ver cómo se defiende el gobierno federal ante la CPI. Si hiciera una defensa parecida a la que hizo Gómez Mont en 2009 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya podrían adelantarse varias sentencias condenatorias.
Es Cosa Pública
leopoldogavito@gmail.com
Fuente: La Jornada de Veracruz
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