Feminicidios e indolencia

En concreto | Laura Itzel Castillo

Los días 6 y 7 de noviembre de 2001, los cuerpos de ocho jóvenes fueron localizados en un lote de Ciudad Juárez, Chihuahua, conocido como Campo Algodonero. Varias de las madres de las chicas asesinadas acudieron ante las autoridades mexicanas exigiendo justicia. Ante su ineficacia y negligencia, las madres acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ocho años después, el 10 de diciembre de 2009, la Corte emitió una sentencia contra el Estado mexicano. En la sentencia se establece, entre otras cosas, que el Estado mexicano deberá hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en honor a la memoria de tres de las jóvenes asesinadas, el cual debe realizarse en la misma ceremonia en que se devele el monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez. Dicho monumento debiera incorporar los nombres de todas las víctimas entre 1993 y 2006.

El día de ayer, en atención a la sentencia de la CIDH, tuvo lugar el homenaje oficial del Estado mexicano hacia las víctimas de feminicidios en Ciudad Juárez. En el acto, se demostró una vez más la indolencia del Estado mexicano en todos sus niveles hacia el dolor ocasionado por los cientos de asesinatos de mujeres en México y, de manera particular, en Ciudad Juárez. Ni Felipe Calderón, ni el gobernador de Chihuahua, ni el alcalde de Juárez estuvieron presentes en el evento. En su lugar, enviaron a funcionarios de nivel inferior a dar la cara, evitando asumir su responsabilidad.

Además de lo anterior, en otro acto de indolencia, el gobierno federal se negó a incorporar en el memorial develado los nombres de las más de 560 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Las disculpas del Estado son mera simulación. En protesta, los familiares de las víctimas y representantes de diversas organizaciones en defensa de derechos humanos y contra los feminicidios se negaron a asistir al evento. Los feminicidios son una de las manifestaciones más lacerantes de la descomposición social que vive México.

Ante ello, la impunidad, promovida por el Estado, es aún más ofensiva e igualmente dañina pues contribuye a la violación sistemática de los derechos humanos y a generar un clima permanente de inseguridad e indefensión para las mujeres. Actualmente, se encuentra en la Suprema Corte de Justicia el caso de violencia feminicida sufrida por la joven yucateca, Grettel Rodríguez Almeida, quien estuvo a punto de morir a manos de su entonces pareja hace más de dos años. Grettel también ha sido víctima de la indolencia de las autoridades.

Este es uno de los pocos casos en que la víctima de violencia feminicida logra sobrevivir, por lo que se presenta la oportunidad de hacer justicia. Una intervención favorable de parte de las autoridades mexicanas para reparar los daños sentaría un precedente muy valioso para las mujeres de México, víctimas de violencia feminicida. También se avanzaría en el camino del combate a la impunidad y se demostraría con hechos la voluntad por acabar con la indolencia estatal hacia los feminicidios.

Fuente: El Gráfico