CITLAL GILES SÁNCHEZ ( Enviada)
El dictamen aprobado este martes en el Congreso, del cual esta reportera tiene una copia, es el mismo propuesto entre el gobernador Ángel Aguirre y el bloque plural legislativo integrando por PRI, PAN, Panal y el diputado Evencio Romero, de Movimiento Ciudadano, con el cual quedaron anulados el Instituto Autónomo de Evaluación, y el escalafón y la entrega de plazas por usos y costumbres.
El Instituto Autónomo de Evaluación fue sustituido por el Instituto de Profesionalización y Evaluación Educativa, que será coadyuvante con la Federación.
El artículo 17, referente a la entrega de plazas de nueva creación, también fue cambiado y establece que se otorgarán de acuerdo con las disponibilidades presupuestales del gobierno del estado, mientras que las vacantes serán sujetas a concursos de oposición en los que podrán participar los egresados de las escuelas normales públicas del estado.
Además, establece que las autoridades estatales podrán proponer a la SEP estándares complementarios para el ingreso, que tomen en cuenta las particularidades de la entidad, incluidas las de la educación de los pueblos originarios.
En el articulo 22, de las promociones a los cargos de dirección y supervisión, hubo una fusión de las propuestas de PRD-Ceteg y del bloque plural, y serán otorgadas con base en los resultados del sistema nacional de evaluación educativa, y no por conocimientos, aptitudes, puntualidad y antigüedad en el servicio.
Sin embargo, se matizó, porque “las autoridades estatales podrán proponer a la SEP los estándares complementarios para las promociones, tomando en cuenta las particularidades de la entidad, incluidas las de educación de pueblos originarios”.
Al artículo 27, referente a la inversión pública, en el que se indica que el gobierno del estado destinará al sector educativo un monto anual que no podrá ser inferior al aprobado en el ejercicio inmediato anterior y será actualizado según la cifra oficial de inflación que publique el Banco de México, se agregó que en este rubro se dará preferencia a los pueblos originarios.
Quedó sin modificación el artículo sexto, en el que se prohíbe condicionar la inscripción, la aplicación de exámenes y la entrega de documentos escolares a un pago de cuotas.
Se agregó un párrafo, el 65 bis, para destacar la obligación y responsabilidad de las autoridades de los gobiernos federal y estatal en el sostenimiento de las escuelas públicas. Los padres de familia participarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje únicamente con fines de apoyo.
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