Amnistía Internacional (AI) se encuentra profundamente preocupada por la seguridad del personal de la organización “Artículo 19” después de que está fuera objeto de una amenaza directa.
El pasado 19 de abril se encontró una carta de amenaza en la puerta principal de las oficinas de “Artículo 19” en la Ciudad de México. Artículo 19 es una organización internacional dedicada a la defensa de la libertad de expresión.
La carta amenazaba directamente al director de la organización y al resto de su equipo.
Artículo 19 ha presentado ya denuncias formales ante las autoridades de la Ciudad de México. La organización ha solicitado también apoyo del Mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
La organización ha decidido continuar con su trabajo que incluye la documentación casos y la defensa de periodistas en riesgo. Durante los últimos años, Artículo 19 ha documentado y denunciado numerosos casos de ataques y amenazas contra periodistas, así como la ineficacia de las autoridades a la hora de investigar estas agresiones y de llevar a los responsables ante la justicia.
Amnistía Internacional llama a las autoridades a que aseguren que la investigación que se conduzca sobre esta amenaza sea pronta, efectiva e imparcial y que quienes sean responsables sean llevados ante la justicia.
Así mismo, la organización recuerda al gobierno mexicano su obligación de velar por la seguridad de quienes informan y defienden derechos humanos, esto de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos y a su propia legislación nacional.
Información adicional.
En año 2006, Artículo 19 abrió sus oficinas regionales en México y desde entonces ha documentado y denunciado los obstáculos existen para que medios de comunicación y periodistas puedan desempeñan su labor, misma que es fundamental para asegurar el derecho a la libertad de expresión.
El año pasado entro en vigor la “Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”. El proceso para implementar esta ley está marcha y cuenta con la participación directa de representante de la sociedad civil. Sin embargo, hacen falta instrumentos fundamentales para su operación como protocolos de operación y políticas claras de cooperación entre los distintitos niveles de gobierno.
También es necesario que las autoridades de todos los niveles tomen todas las medidas necesarias para prevenir, investigar y castigar este tipo de agresiones.
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