A la memoria del profesor Aristide Zolberg colega de la New School y amigo de vida.
Con el conflicto de la reforma educativa reaparece la tentación de la violencia para dirimir diferencias.
La reforma aborda un gran problema nacional pero tiene como trasfondo el intento de Enrique Peña Nieto y sus aliados por lograr un Estado eficaz, restaurando la rectoría del Estado y fortaleciendo la Presidencia. Los maestros de la Coordinadora se rebelan contra reforma y trasfondo, y en Guerrero suma amplios sectores del México marginado y golpeado por la delincuencia. Adopto deliberadamente un tono prudente para opinar sobre algunos puntos del diferendo.
La evaluación y la permanencia. La reforma educativa sí condiciona la obtención de una plaza y la permanencia a mecanismos de evaluación independientes. La Coordinadora lucha por mantener el sistema actual creando instituciones locales. No comparto esta posición de la Coordinadora pero reconozco que son discriminados porque la reforma privilegia a las universidades públicas en donde la evaluación no afecta la permanencia. ¿Por qué no incluirlas en la exigencia de calidad educativa?
La privatización. Me convencieron las tesis críticas de la Coordinadora sobre una posible "privatización". A lo que ellos se refieren es que será posible institucionalizar las cuotas "bajo el liderazgo del director". Las cuotas van, argumentan, contra la gratuidad de la educación y sí importan en zonas de extrema pobreza.
La descentralización y la autonomía generan energías positivas y negativas como lo demuestran los claroscuros en estados y municipios. En México hay una cultura de la corrupción y el abuso y, de no corregirse en la ley reglamentaria, ese párrafo de la reforma podría legitimar abusos de directores en aras de la autonomía.
El conflicto trasciende el aula. También es una batalla política sobre la distribución del poder y el tipo de país que queremos. Los maestros se consideran representantes del pueblo marginado, y una parte de éste los apoya en Guerrero. Dada la amplitud de sus objetivos la Coordinadora quiere ser una interlocutora nacional respetada, y rechaza las "campañas mediáticas" en su contra. Si quieren apoyo de sectores más moderados, les haría bien una reflexión sobre sus métodos de lucha y una dosis de autocrítica.
Me resulta inaceptable su profundo menosprecio a los afectados por sus bloqueos. Algunos maestros parecieran disfrutar inmovilizando a miles de personas durante varias horas. Olvidan que una sociedad democrática exige conciliar permanentemente derechos diferentes. Las libertades de expresión y tránsito deben compatibilizarse.
Nuestros niños merecen una educación de calidad. La Coordinadora dice que ellos saben cómo lograrlo. Difícil creerles cuando uno observa lo que pasa en Oaxaca donde controlan la mayoría de los cargos directivos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), gracias a un acuerdo firmado el 28 de octubre de 1992 por el entonces gobernador Heladio Ramírez con el sindicato magisterial. No han entregado buenos resultados y cargan con la contradicción de ser juez y parte.
El dilema de Peña Nieto. El Presidente será decisivo en la evolución del conflicto. En mayo de 2006 era gobernador del Estado de México y autorizó la represión en Atenco: dos muertos, centenares de heridos y detenidos y docenas de mujeres vejadas y violadas. Seis años después se lo reprocharon los estudiantes de la Universidad Iberoamericana y asumió la responsabilidad: "Tomé la decisión", dijo, de ejercer el "legítimo derecho que tiene el Estado mexicano para [utilizar] la fuerza pública". Después del escándalo de ese día sus seguidores políticos y mediáticos descalificaron a los estudiantes y de ahí surgió el movimiento #YoSoy132 que costó a Peña Nieto millones de votos.
A la sociedad mexicana no le gusta que el gobierno reprima. En 1968, las mayorías capitalinas estaban en desacuerdo con los estudiantes pero, según unas encuestas que mandó a hacer Gobernación en el Distrito Federal, reprimir el 2 de octubre le valió a Gustavo Díaz Ordaz 50 puntos menos de aprobación. Peña Nieto es un político pragmático que va haciendo correcciones para preservar su imagen y conseguir sus fines. En marzo de este año su gobierno pidió formalmente disculpas a las víctimas de Atenco en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizada en Washington. Las afectadas rechazaron las disculpas porque sigue sin castigarse a los responsables.
Cuando los ánimos se calientan es fácil dejar que corra la adrenalina y se intente eliminar al contrario. Hasta ahora sólo hay intercambio de "mentadas de madre", descalificaciones y bloqueos. Es una situación potencialmente delicada en la cual debe recordarse la importancia de mantener el consenso en torno a los métodos pacíficos. Como parece que será un conflicto largo, me propongo participar con más información y pocos adjetivos. La difícil pero necesaria prudencia.
Colaboró Paulina Arriaga Carrasco.
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