CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 23 de mayo. Organizaciones sociales defensores de la libertad de prensa emitieron una alerta en materia de libertad de expresión por las agresiones sufridas contra periodistas de Guerrero. También exigieron a las autoridades estatales ofrecer todas las garantías para que el gremio periodístico pueda ejercer su trabajo sin riesgo.
Organizaciones como el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y Article 19 reprocharon las agresiones contra el reportero Sergio Ferrer y el corresponsal de la revista Proceso Ezequiel Flores Contreras por efectivos de la Policía Federal.
Los organismos defensores informaron en un comunicado que el 14 de mayo mientras se desarrollaba una reunión de integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) con el alcalde de Tlapa, Victoriano Wences Real, el periodista y colaborador del periódico El Sur y para la radio Kukulkan Sonido Antisistema, Sergio Ulises Ferrer, fue golpeado con un tolete en tres ocasiones en el brazo izquierdo por un policía municipal que resguardaba la entrada del ayuntamiento.
Se detalló que la agresión pasó luego de que un grupo de normalistas quiso entrar a la mesa de negociación y la policía municipal “repelió violentamente” al contingente.
Posterior a los golpes e insultos recibidos, “el periodista fue señalado por dos agentes que a unos metros de distancia lo miraban y conversaban sin que se pudiera escuchar el contenido de su plática, lo que el periodista consideró un acto de intimidación”.
En una entrevista que concedió a Cencos, Sergio Ferrer confirmó que interpuso una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum).
Días después a esta agresión, el corresponsal de Proceso, Ezequiel Flores Contreras, y el reportero gráfico José Luis de la Cruz, fueron agredidos física y verbalmente por un agente de la Policía Judicial de la PGR, mientras cubrían una audiencia pública de los líderes de la Ceteg.
Para los organismos defensores de la libertad de expresión consideraron que dichas agresiones “se encuentran dentro del escaso y endeble marco de conocimiento y sensibilidad de los cuerpos policiacos y funcionarios públicos” sobre derechos humanos, sobre todo en el derecho a recabar, procesar, difundir, publicar o proveer información ya sea de manera de profesional, independiente o de cualquier otra índole.
Ante esto Cencos y Article 19 pidieron al gobierno de Guerrero implemente protocolos claros sobre la actuación de funcionarios públicos y fuerzas de seguridad sobre el respeto y la protección del trabajo periodístico, apegados a los acuerdos y tratados internacionales.
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