• Empresas fallan en obligaciones legales y responsabilidades sociales; Estado, ausente para garantizar derechos de los pueblos: ONU
El gobierno de México debe revisar el marco legal relativo a la minería con el fin de que esta actividad respete los derechos de los pueblos indígenas y se eviten así conflictos sociales, recomendó un informe difundido hoy en la ONU.
Presentado en el marco del Foro Permanente para la Cuestiones Indígenas de la ONU, el informe destacó que México es uno de los países en América Latina que ha logrado mayores avances legislativos e institucionales en materia de derechos de los pueblos indígenas.
Sin embargo, asentó que “la intensidad de los conflictos y su creciente número, así como la criminalización de las protestas de los que se sienten afectados, que ha llevado incluso a la pérdida de vidas humanas, es preocupante”.
El Estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los pueblos indígenas en los territorios en que están ubicadas estas industrias apuntó que los conflictos reflejan “una importante ausencia del Estado para garantizar y hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas”.
Asimismo, criticó que a menudo las empresas extractivas nacionales y transnacionales fallen en sus obligaciones legales y en sus responsabilidades sociales.
El estudio concluyó que los conflictos surgen a menudo, debido a la falta de procesos de consulta con los pueblos indígenas y de obtención del consentimiento libre, previo e informado, y en otras ocasiones debido a problemas ambientales o laborales.
Indicó que la mayor parte de los conflictos se dan en la franja que ocupan las empresas “juniors” o “canadienses”, debido al modelo de explotación intensiva que llevan a cabo, y al uso de tecnologías que producen notorios pasivos ambientales.
El estudio recomendó por ello aprobar una Ley Federal de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado, conforme a los estándares internacionales establecidos en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Sugirió además armonizar la Constitución y sus leyes con los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos y reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público.
De forma particular, en los artículos 2, 26, 27 y 115 de la Constitución.
Pidió revisar la legislación relativa a los métodos de extracción y los tipos de explotación, así como reformar la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Agraria, la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal de Derechos para que sean acordes con los derechos indígenas.
Finalmente, el informe explicó que “las autoridades federales deben asumir su papel de garantes de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y vigilar el cumplimiento de la responsabilidad social corporativa de las empresas”.
Resaltó además la tarea del Estado de “detener la criminalización de las protestas de los pueblos indígenas contra las empresas mineras y castigar a los responsables de los crímenes cometidos contra sus líderes”.
Hoy viernes a las 20:00 horas videochat de La Jornada: “Minería: despojo y nuevos latifundios”, con Carlos Fernández-Vega @cafevega
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