El día de hoy, 28 de mayo, integrantes de Amnistía Internacional se concentraron frente a la embajada de Guatemala en la Ciudad de México, para exigir justicia para las víctimas del conflicto civil que vivió aquel país.
Durante el acto, representantes de la organización hicieron entrega a la embajada de una carta en la cual muestran su respaldo a las víctimas de la violencia y a su lucha de décadas en busca de justicia.
El pasado 10 de mayo el tribunal de primera instancia condenó al ex general José Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, en relación con las matanzas de indígenas mayas ixiles cometidas durante su presidencia, en los años 1982 y 1983. Ríos Montt fue declarado autor intelectual de los asesinatos de 1,771 personas y el desplazamiento forzado de decenas de miles más en el denominado Triángulo Ixil, en el departamento de Quiché Sur.
Amnistía Internacional consideró como un paso positivo esta sentencia, con la que el tribunal de primera instancia había enviado el contundente mensaje de que no se tolerarían los crímenes cometidos contra miles de víctimas indígenas. La sentencia era pionera en una región dónde la impunidad por los crímenes del pasado sigue siendo la norma.
Sin embargo, el 20 de mayo, al Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló la sentencia de primera instancia, ordenando la revisión del proceso. Con esta decisión la Corte de Constitucionalidad pone en grave riesgo la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto en Guatemala, y supone por tanto un duro golpe para las víctimas, que más de 30 años después continúan buscando justicia. Esta decisión hace peligrar el derecho a obtener verdad, justicia y reparación en el país.
Ante esta decisión, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades de Guatemala, incluyendo el ejército, su obligación de actuar diligentemente y colaborar con el poder judicial para proporcionar justicia a las miles de víctimas civiles que fueron asesinadas, secuestradas o desaparecidas durante el conflicto en el país.
Guatemala debe garantizar que no sólo Ríos Montt, sino todos los que participaron en el asesinato, la tortura, la violencia sexual y la desaparición forzada de decenas de miles de personas rindan cuentas ante la justicia. Según las estimaciones de la comisión de la verdad creada para investigar el conflicto y respaldada por la ONU, cerca de 200,000 personas murieron o desaparecieron durante los 36 años de guerra civil de Guatemala (1960-1996), más del 80% de las víctimas eran indígenas mayas.
Además de la decisión de la Corte de Constitucionalidad, las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias enfrentan otros muchos retos en Guatemala para acceder a la justicia, como muestra la negativa del ejército del país a proporcionar información sobre los casos de tortura, desaparición forzada, homicidios, violencia sexual y otros graves crímenes cometidos durante el conflicto.
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