A cuatro años de la tragedia en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, por la que murieron 49 bebés y otros 70 quedaron lesionados, los padres de las víctimas sólo cuentan con un posible respaldo de organismos internacionales, pues en el país han agotado las instancias de justicia; no obstante, insisten en una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto.
Actualmente, la mayoría de los familiares de los 49 niños fallecidos se agrupan en dos organizaciones: el Movimiento 5 de junio y Manos Unidas por Nuestros Niños.
Desde el 5 de junio de 2009, tras el entierro de sus pequeños, los padres no han dejado de exigir justicia y han llevado el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien dio un fallo que no los dejó satisfechos.
El histórico fallo de la Corte, no declara culpables
La Suprema Corte de Justicia de la Nación integró una comisión investigadora de los hechos.
En un primer dictamen elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, se establecía que en el sistema de guarderías subrogadas del IMSS impera el desorden, de igual forma se señala la violación grave de garantías individuales por parte de 14 funcionarios, entre ellos se encontraban Juan Molinar Horcasitas, director del IMSS en la fecha del incendio y Eduardo Bours, entonces gobernador de Sonora.
Sin embargo, la mayoría de los ministros no admitió, en 2010, establecer responsabilidades de mandos del IMSS -dependiente del gobierno federal- ni del gobierno de Sonora.
Juicio ciudadano
En 2011, un juicio presidido por activistas, intelectuales y académicos, determinó que el Estado omitió su responsabilidad en el incendio de Sonora.
En aquel entonces, la Presidencia de la República, el poder legislativo y el judicial, laProcuraduría General de la República (PGR), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fueron declarados culpables en el juicio presidido por Emilio Álvarez Icaza, ex titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
A las dependencias y al gobierno se les acusó por la negación de acceso a la justicia a las víctimas y la omisión de legislar para proteger a la infancia, así como negligencia y desatención a las víctimas de la Guardería ABC.
Buscan reunión con EPN
Con el cambio de gobierno federal, los padres confían en una reunión con el presidente Peña, luego de que algunos se reunieran con él cuando estuvo en campaña y prometiera dar seguimiento al caso.
José Francisco García envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto para solicitarle una reunión con él, exponerle el caso y lograr que se comprometa con las investigaciones.
Paralelamente, en la PGR, se encuentra una denuncia interpuesta, el pasado 17 de abril, por el movimiento Manos Unidas por Nuestros Niños, que logró abrir una nueva línea de investigación, sobre que el incendio fue provocado, para quemar documentos de una bodega de la Secretaría de Hacienda, que se encontraba al lado de la guardería.
Nuevas rutas legales
El 21 de abril pasado, padres de familia enviaron una carta a Christof Heyns, relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas, para pedir que el organismo internacional se involucre en el caso.
“Le solicitamos su intervención… para que a través de su oficina, directamente intervenga en el caso del incendio de la Guardería ABC, tanto para que las instancias internacionales a las que hemos acudido atiendan nuestras peticiones y la propia ACNUHD realice las gestiones que le son propias”, expone la misiva firmada por José Francisco García Quintana, titular del M5J, y el secretario de la asociación civil, Manuel Alfredo Rodríguez Amaya.
Los padres de familia cuentan con asesoría de abogados y expertos en derechos humanos del Centro Miguel Agustín Pro Juárez.
Hasta ahora, está pendiente la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
La demanda de justicia sigue viva.
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