México debe mostrar un autentico compromiso para combatir la violencia contra las mujeres.

El próximo viernes día 19 de julio, se reunirá el Sistema Nacional para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), encargado de discutir la posible declaración de una “alerta de violencia de género” en el Estado de México, solicitada por organizaciones de la sociedad civil frente a los índices de violencia contra las mujeres en dicho estado.

“Pese a los alarmantes niveles de violencia contra las mujeres en México, las autoridades parecen esforzarse en evitar actuar para prevenir y sancionar la violencia de género” afirmó Daniel Zapico, representante en México de Amnistía Internacional.

A pesar de haber recibido varias solicitudes para activar el mecanismo de “alerta de género” en los últimos años, el SNPASEVM ha ignorado sin sustento estas solicitudes sin atender a las pruebas presentadas por organizaciones de la sociedad civil para su activación en los estados de Oaxaca, Guanajuato, Nuevo León y el Estado de México.

“La negativa a declarar la alerta de género parecería un intento de minimizar una situación que ha cobrado ya una dimensión epidémica” agregó Zapico.

De acuerdo a cifras dadas a conocer por Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la discriminación contra las Mujeres (CEDAW) en México seis mujeres mueren al día por crímenes de violencia extrema.

Amnistía Internacional considera que la alerta de género, al ser un nuevo instrumento que permite a las autoridades federales y a la sociedad civil ejercer presión y supervisar la actuación de las autoridades estatales en materia del combate a la violencia contra las mujeres podría ser una herramienta fundamental para poner fin a esta tragedia.br /> br /> “Continuar con la negativa a tomar medidas encaminadas a poner fin a la violencia contra las mujeres, incluyendo la alerta de género, significa esperar a que los mismas autoridades estatales que han demostrado poco interés en poner fin a la violencia contra las mujeres, sean quienes espontáneamente tomen la iniciativa y comiencen a combatir eficazmente esta violencia. Sabemos que esto no sucede y sería una irresponsabilidad esperar que suceda teniendo en cuenta la crítica situación de violencia a la que se enfrentan las mujeres en México” afirmó Zapico.

La organización reitera su llamado a las autoridades mexicanas para que estas modifiquen los procedimientos para así garantizar la aplicación efectiva del mecanismo de alerta de violencia de género y otras medidas para erradicar la violencia contra las mujeres.

Amnistía Internacional hace también un enérgico llamado al SNPASEVM para que este reconsidere a la brevedad su decisión con respecto a la declaración de la alerta de género en el Estado de México.

Información adicional

En 2011 el Sistema Nacional para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres rechazó la petición realizada por las organizaciones Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de declarar la alerta de violencia de género en el Estado de México. Ante esta negativa, las organizaciones se ampararon, declarando un juzgado federal la nulidad de dicha decisión y obligando al Sistema a reconsiderar y sustentar su decisión.

A pesar de esta decisión judicial, el SNPSEVCM todavía no ha cumplido con la misma y no ha dado respuesta a los reclamos de la sociedad civil.

Amnistía Internacional ha llamado en el pasado la atención sobre como la composición del SNPSEVCM conforma un problema fundamental para la operatividad de la alerta de violencia de género, ya que este sistema incluye a representantes de los institutos de la Mujer de los diferentes estados, los cuales a su vez dependen directamente del ejecutivo de cada estado, lo que dificulta severamente la posibilidad de tomar decisiones imparciales, al ser los mismos gobiernos estatales que se va a supervisar los que participan en la toma de decisiones.

Esta alerta fue establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para lograr una respuesta efectiva y coordinada de diversas autoridades con la participación y supervisión de la sociedad civil.