Tenemos ya a la vista las primeras reacciones nacionales e internacionales de la iniciativa presentada por Enrique Peña Nieto y su gobierno sobre la reforma petrolera, ya en manos del Legislativo para su votación. Por supuesto resulta imposible ahora ofrecer un panorama mínimamente completo de la recepción nacional e internacional que ha tenido su propuesta; tal será sin duda uno de los aspectos más importantes del debate abierto, que irá comentándose y precisando a medida que se desarrolle el proceso.
En lo nacional, como era obvio y esperado, el aparato político gubernamental se ha alineado plenamente a la propuesta presidencial, y no veremos aquí grandes disidencias. Nuestra política, más allá de excepciones que se presentaron sobre todo en el pasado, está hecha en torno al puño severo del presidente en turno. Las posibles diferencias se presentan más bien según las posibles distancias en el nivel de inteligencia e información de los servidores públicos que se expresan, y aquí encontramos diferencias que pueden ser apreciables.
En cuanto a la sociedad pronto se manifestaron diferencias radicales: para la extrema derecha la propuesta es incompleta e insuficiente porque no se trata lisa y llanamente de la privatización del petróleo y sus empresas, como lo hace el PAN también en su propuesta ante el Legislativo. No era necesaria la muestra del botón, por bien conocida. Sin embargo, un conjunto de indicios y antecedentes nos llevan a pensar que el PAN, a falta de algo mejor, alineará sus votos legislativos con el PRI para hacer triunfar la propuesta de Peña. Habrá, sin embargo, probablemente, algunos votos particulares disidentes precisamente quejándose de que Peña Nieto no llegó hasta el ideal privatizador del PAN. Cuestiones bastante obvias que seguramente el PRI tiene bien consideradas.
La propuesta cardenista del PRD –la otra presentada formalmente– representará al voto legislativo mayoritario de las izquierdas sin que conformen, ni de lejos, la mayoría necesaria para triunfar. La esperanza de la izquierda para frenar a Peña ha sido enfocada principalmente a la movilización o movilizaciones populares que pudieran desencadenarse para obstaculizar la propuesta presidencial. En el PRD tal apuesta es, digamos, moderada pero secreta, silenciosamente unida a la capacidad de Morena para lograr movilizaciones importantes, aunque esto no se diga en voz alta.
Es decir, la unidad real de la izquierda en esta cuestión de la reforma petrolera se dará y medirá en su capacidad de movilización en las calles, ya que en el plano de la argumentación parece cerradamente refractario el gobierno peñista. Y creo que es punto menos que imposible esta cuestión de medir o conocer de antemano la dimensión efectiva de la movilización popular contra la propuesta presidencial de la reforma petrolera. Ya que todo parece depender en efecto de su dimensión: movilización popular en las calles se producirá de todas maneras. Pero ¿será una movilización popular restringida a ciertos puntos urbanos del país o podrá considerarse como una movilización realmente nacional?
Lo planteo así porque solamente una movilización verdaderamente amplia, nacional y popular podría echar atrás la nueva fuerza del PRI que se manifiesta en los posibles votos electorales que obtenga la propuesta de Peña Nieto, pero también en su capacidad publicitaria y difusora, lo cual se ha venido ya observando de manera abrumadora. Además, deberá considerarse que la derecha y la extrema derecha del país, con todos sus recursos, está ya movilizada en favor de su propuesta de reforma petrolera.
En el plano internacional el anuncio de Peña, digamos de una privatización restringida, causó un primer impacto favorable por los antecedentes contrarios del caso mexicano; esa privatización limitada hizo ver a la variada prensa internacional y de inversionistas de fuera que el caso y la tradición mexicana se modificaban y que eso había que verlo con beneplácito, que debería incluso orientar apoyos y beneficios al valiente presidente que tomaba tales riesgos.
Muy pronto, sin embargo, el entusiasmo de las primeras horas se tornó en reservas. Por ejemplo, nos dice esta semana David Brooks en su artículo de La Jornada: “Los empresarios y sus consejeros inversionistas no han ocultado que, aunque están complacidos por el impulso de la reforma energética, desean más que los contratos para compartir riesgos y utilidades ofrecidos por México. Las grandes petroleras prefieren obtener –o ‘compartir’– reservas, es decir, tener propiedad no sólo de las ganancias potenciales sino del producto mismo”.
Una cuestión en juego es la posibilidad de las probables empresas inversionistas en México de registrar el interés económico de los contratos de riesgo compartido en la comisión de valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission, SEC), que les permitirían convertir ese valor en volumen, mientras el Estado se mantiene como pleno propietario. Es decir, hay una cuestión jurídica que ya analizan los inversionistas y que consiste en lograr que las empresas que logren los contratos con Pemex para compartir utilidades sean considerados por esa comisión también como reservas en sus estados contables.
Escribe el mismo Brooks: “Algunos analistas consideran positivo el panorama. Aunque ellos (las empresas petroleras que entren) no sean dueños de la reserva misma, pueden obtener un interés sintético en ella, y eso les ofrece de facto un incremento en acceso, entonces estarán extremadamente interesadas”, citando a David Gee, encargado del sector de energía de Estados Unidos del Boston Consulting Group a la cadena CNBC, quien agregó que las empresas pronto desarrollarán estrategias sobre cómo jugar con las reformas y subrayó que “aun con estos cambios –mientras no sea una apertura completa del sector– son un cambio mayor, dada la historia y el contexto de la industria petrolera mexicana”.
Hay pues una cerrada discusión en proceso que se refiere por supuesto a la actual propiedad del petróleo mexicano, pero que alude inequívocamente a la catarata de presiones que aplicarán los grandes inversionistas que en el futuro puedan concurrir. Esto debe tomarse en cuenta ya en las decisiones que se tomen, y que deberían llevar a un rechazo de la propuesta Peña Nieto, precisamente por el peligro que representaría esa situación de presiones. En próximas entregas seguiremos examinando el problema.
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