Bajo el argumento de que la producción nacional de petróleo y del gas han venido disminuyendo, y que los yacimientos de crudo son más costosos que en el pasado, y que han aumentado las importaciones de las gasolinas, del gas y petroquímicos, lo que compromete la soberanía nacional y el futuro del país, el gobierno presenta una reforma energética encaminada a solucionar tales problemas a través de la apertura del sector a la inversión privada, para que invierta y traiga tecnología. Bajo el diagnóstico de que Pemex está altamente endeudado y no tiene condiciones tecnológicas para la exploración en aguas profundas, ni capacidad de inversión para encarar los rezagos, es que se propone modificar la Constitución para abrir la industria energética y eléctrica al sector privado, para que resuelva los problemas que el Estado ha sido incapaz de solucionar.
Nos dicen que Pemex está altamente cerrado, y ello ha actuado contra la productividad y competitividad, considerando que estamos en un contexto de economía abierta, por lo que el resto de la producción nacional ha resultado afectada. Señalan que no es posible que Pemex siga asumiendo todo el riesgo de la inversión en los contratos de servicios, y que se debe pasar al patrón de inversión de riesgo presente en otras economías del mundo que transfieren ese riesgo y costos a las empresas privadas, sin que ello afecte la propiedad sobre el recurso energético. Insisten en que el petróleo y la industria eléctrica seguirán siendo de la nación, y si las empresas petroleras que realicen tales inversiones tienen éxito, se les paga, si no, ellas asumen sus costos y pérdidas.
La reforma propuesta da lugar a que aumenten los inversionistas en el sector petrolero y en electricidad, para que se genere una competencia, donde participaría Pemex, y la CFE respectivamente, y se fortalecería a éstas empresas para que tengan condiciones de competencia. Se realizarán modificaciones a la Constitución para garantizar la certidumbre jurídica para que los inversionistas privados participen sin ningún problema. Enfatizan que es compatible la propiedad del petróleo, del gas y de la electricidad de la nación, con permitir la competencia para abaratar costos, indispensable ello para impulsar el desarrollo nacional, y que sin la reforma continuaremos perdiendo autonomía energética, y no podremos mejorar los niveles de vida de la población.
Justifican la apertura del sector petrolero a la inversión privada, debido a que ello contrarrestará la caída de la recaudación tributaria derivada de la menor producción y de las exportaciones que ha venido aconteciendo en los últimos años. Dicen que los mayores recursos generados elevarán el crecimiento económico potencial, y redundará en beneficio de las futuras generaciones. Que fortalecerá la competencia y fomentará a la producción manufacturera nacional.
El principio que subyace en la reforma energética es que la competencia es la fuerza más poderosa para generar eficiencia e innovación, tanto en Pemex, como en la industria eléctrica y en el resto de la economía. Se señala que Pemex seleccionará algunas áreas estratégicas en los que tenga interés estratégico, y demuestre capacidad de ejecución en un período razonable, y donde no tenga capacidad de ello, se asociará con el sector privado, o le concesionará a éste el derecho para que lo haga. Se abre el sector energético a la participación de terceros en el acceso al crudo, como a los procesos subsecuentes en la cadena productiva, incluyendo refinación, petroquímica y comercialización.
El régimen fiscal considerado se aplicara por igual a todos los jugadores de la industria, incluyendo a Pemex, y que será competitivo a nivel internacional para que atraiga inversiones.
La reforma presentada no parte de un diagnóstico del porque se ha descapitalizado y sobre–endeudado a Pemex, y del porque de la caída de la producción y de su capacidad de exportación. Cabe aclarar que dicha empresa es altamente productiva y que tiene altas ganancias, y el problema ha sido que el régimen tributario a que ha estado sujeta, el cual le quita la totalidad de sus ganancias, llevándola a sacrificar el crecimiento de la inversión, y el desarrollo tecnológico, y a recurrir a deuda para encarar las deficiencias financieras a que es objeto. El gobierno ha desperdiciado el uso de la renta petrolera. Con ella financia su gasto corriente en vez de utilizarla en reinvertirla en Pemex, como en refinerías y en el desarrollo de gas, y petroquímicos, tanto para ser autosuficientes en estos productos, como para aumentar el valor agregado en petrolíferos para su exportación, pero nada de eso ha estado en la mente de quienes nos han gobernado. Ahora quieren resolver esos problemas con la apertura de estas industrias al sector privado. Nos dicen que ello aumentará la producción y la renta petrolera y la recaudación tributaria, y que bajará los costos de las gasolinas y de la electricidad, y que aumentará la competitividad, como el poder adquisitivo de las familias y la capacidad de inversión de las empresas, y por lo tanto la dinámica económica. El mismo discurso ha estado presente en las reformas estructurales de los tratados de libre comercio, en la liberalización financiera, en la reforma laboral, de que la economía sería más competitiva, de que habría más financiamiento y a bajo costo, y más empleo, y nada de ello se ha dado, sino por el contrario, la economía tiene menos industria, menos agricultura, menos disponibilidad crediticia a favor del sector productivo, y hay más desempleo y miseria. Pemex y la CFE no tienen capacidad competitiva frente a las empresas internacionales que vendrán a tales sectores, por lo que terminará reduciéndose más el tamaño de éstas, así como del Estado, subordinándose más a los intereses del gran capital internacional, como ha venido aconteciendo. No habrá ni baja de precios de estos insumos, ni mayor recaudación tributaria. Las empresas privadas vienen para maximizar ganancias, no a bajar precios, ni a pagar altos impuestos, ni a consumir productos nacionales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario