Faltó contundencia ante detención de policías y coordinadores, dice el defensor de derechos humanos
“Lamentable, que se pierda el sentido profundo de lo que representa el movimiento de los pueblos”
MARGENA DE LA O ( )
Chilpancingo, 1º de septiembre. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) vive una crisis, agudizada sobre todo cuando la organización tuvo más presupuesto, otorgado por el gobernador Ángel Aguirre Rivero, consideró el coordinador del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Ayer, en la asamblea regional de la Crac, en el auditorio del barrio de Playa Larga, los coordinares dedicaron más tiempo a desglosar cómo gastan el presupuesto las cuatro casa de justicia, que es de un millón 100 mil pesos, que a hablar sobre el conflicto interno y externo de la organización, particularmente la relación de las casas de justicia de San Luis Acatlán y El Paraíso.
El 16 de mayo pasado, cuando el gobernador puso la primera piedra de la casa de justicia de San Luis Acatlán, mismo día que mencionó que el coordinador Eliseo Villar Castillo le donó una vaca en barbacoa para su campaña, comentó que aumentaría de 500 mil a un millón de pesos el presupuesto mensual a la Crac. Del ayuntamiento, la organización recibe otros 100 mil pesos.
Ese incremento permitió que, a partir de de entonces, según el desglose de la principal casa de justicia, San Luis Acatlán, los policías que llegan de otros pueblos de comisión por semana reciben un incentivo de 400 pesos, que antes no recibían. La mayoría del tiempo de la asamblea, que duró así seis horas, se fue en los gastos y en discutir si la casa de San Luis Acatlán debían de asignarle más presupuesto porque tiene más comisiones a cargo.
Barrera Hernández, quien estuvo en la reunión, además criticó que en la asamblea faltó contundencia para fijar una postura ante la detención de los 21 policías comunitarios de Ayutla y los coordinadores Nestora Salgado García y Bernardino García Francisco, que dependen de la casa de justicia de El Paraíso. “No se fijó una postura firme de defensa del sistema comunitario; es lamentable que se pierda el sentido profundo de lo que representa el movimiento de los pueblos”, comentó.
Siguió: “la postura de la asamblea aún es tibia en la defensa del sistema, y eso preocupa, porque ha permeado la división, ha permeado la influencia, sobre todo de las autoridades en el apoyo de los recursos, y eso ha debilitado la estructura de la Policía Comunitaria, la ha ido fragmentando, y es una preocupación porque está de por medio la vigencia de un sistema que ha demostrado a lo largo de 18 años tener esa capacidad de contener a la delincuencia, y que los pueblos son capaces de implantar su propio sistema de justicia”.
Insistió en que el hecho de que se haya centrado en revisar cuentas y no en rescatar el sistema “nos está hablando de un debilitamiento y pérdida de identidad”.
Por ejemplo, comentó, se ha tratado de ubicar al sistema como cualquier otro sistema gubernamental, ubicarlo bajo sospecha, que califica y desacredita a sus propias autoridades, y que no rinde cuentas claras: “la imagen que se le ha querido dar a la Crac es la que está permeando”.
“Revés para el gobernador”
La permanencia de la casa de justicia de El Paraíso, de Ayutla, en la Crac, acordada ayer en la asamblea regional, constituye un duro revés para el gobernador, consideró Gonzalo Molina González, promotor de la Coordinadora en Tixtla, porque, aseguró, su gobierno promovió su expulsión.
“Los pueblos son sabios, y por eso no prosperó la estrategia del gobernador; es un mensaje para él, que intentó destruir un proyecto surgido del pueblo”, aseveró.
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