En el marco del día internacional para erradicar la pena de muerte, Amnistía Internacional ha llamado a las autoridades de Estados Unidos a cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos y revisar o conmutar las sentencias a pena de muerte contra ciudadanos mexicanos en este país.
De acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 60 mexicanos han sido sentenciados a pena de muerte en los Estados Unidos y permanecen a la espera de su ejecución, la mayoría de ellos se encuentran amparados por una sentencia la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que ordena la suspensión de estas sentencias en tanto no se revisen sus procesos judiciales (el llamado caso Avena).
Amnistía Internacional reconoce el papel que la SRE ha desempeñado en la defensa de los derechos de los mexicanos sentenciados a pena de muerte en los Estados Unidos, y ha llamado a las diferentes instituciones mexicanas a redoblar sus esfuerzos para asegurarse que se suspendan sus condenas a muerte y en los casos que forman parte de la sentencia de la CIJ, se revisen sus procesos.
La sentencia de la CIJ se basó en la falla de las autoridades estadounidenses en dar cumplimiento a los derechos consulares que se establecen en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Amnistía Internacional considera que cumplimiento de estos derechos es fundamental para acceder a un juicio justo para quienes son procesados en un país distinto al suyo, especialmente cuando existe un riesgo importante de que prácticas discriminatorias y barreras de lenguaje puedan limitar el acceso a la justicia a las personas procesadas.
Pese a la obligatoriedad de la sentencia de la CIJ, Texas se ha negado a acatarla y ha ejecutado ya a dos mexicanos amparados por su sentencia: José Ernesto Medellín, en mayo de 2008, y Humberto Leal, el 7 de julio de 2011.
La organización recordó que Estados Unidos es el único país de América que durante el último año llevó a cabo ejecuciones, siendo Texas el estado donde ocurrieron la mayoría de ellas, y donde quienes integran minorías étnicas tienen mayor probabilidad ser sentenciados a pena de muerte. Desde que asumió el cargo el actual gobernador de Texas, Rick Perry en el año 2,000, se ha ejecutado en total a 250 personas en ese estado.
Los argumentos de Texas para llevar a cabo estas ejecuciones es que no existe una norma interna en Estados Unidos que obligue a Texas y sus tribunales a aplicar la sentencia de la CIJ.
De acuerdo al derecho internacional, las sentencias de la CIJ deben cumplirse incondicionalmente y no cabe como excusa argumentar incompatibilidades con el derecho nacional, por lo que el argumento presentado carece de validez.
Además el estado de Texas ha hecho caso omiso de los llamamientos del gobierno Obama para detener las ejecuciones de mexicanos amparados por la sentencia de la CIJ.
Existe un proceso para aprobar una legislación federal que permita cumplir con esta sentencia, pero dicha legislación no ha sido aprobada todavía.
Información adicional
La CIJ, establecida en 1945, es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Entre otras, su función es resolver, de acuerdo con el derecho internacional, disputas legales presentadas por los gobiernos. México presentó en 2003 su caso contra Estados
Unidos basado en la Convención de Viena, que dio lugar a la sentencia de la CIJ Avena y otros ciudadanos mexicanos, dictada el 31 de marzo de 2004. Estados Unidos aún no ha cumplido la resolución Avena, pese a que está de acuerdo en que tiene obligación de hacerlo.
El 25 de marzo de 2008, en Medellín v. Texas, la Corte Suprema de los Estados Unidos concluyó por unanimidad que la resolución Avena “constituye una obligación del derecho internacional por parte de Estados Unidos”. Sin embargo, por una mayoría de seis contra tres, la Corte decidió que la resolución de la CIJ “no es automáticamente vinculante en la ley nacional” y que la autoridad de ponerla en práctica no recaía en el presidente, sino en el Congreso de Estados Unidos (véase http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/025/2008/en).
De acuerdo al Departamento de Justicia Criminal de Texas, cerca de la tercera parte (31%) de las personas ejecutadas durante el 2011 eran de origen hispano y casi dos tercios (65%) de las personas ejecutadas en los últimos 10 años pertenecen a minorías étnicas[1].
El día de hoy, Amnistía Internacional presenta un informe sobre la falta de efectividad de la pena de muerte como medida disuasoria contra el crimen, y la necesidad de actuar para poner fin a la impunidad y atender a las víctimas de graves delitos, pero sin usar la pena de muerte (http://www.amnesty.org/es/library/info/ACT51/002/2013/en).
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, independientemente del delito, del delincuente o del método de ejecución.
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