Autodefensas: colapso del Estado

JESÚS CANTÚ

Grupos de autodefensa en Tancítaro, Michoacán.

Foto: Eduardo Miranda

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Los grupos de autodefensa o policías comunitarias se extienden velozmente por todo el territorio nacional; una somera búsqueda en los principales portales de información sobre México da cuenta de su aparición en al menos 13 estados, lo que representa más de 40% de las entidades federativas. Su nacimiento se remonta a finales del siglo pasado, pero su expansión y notoriedad apenas se dan a principios de este año, cuando destacan dos entidades donde se manifiestan con mayor beligerancia: Guerrero y Michoacán.

Ante la tolerancia del delito o incapacidad para hacer cumplir la ley (o ambas) por parte de las tres instancias de los gobiernos (federal, estatal y municipal), grupos ciudadanos optaron por tomar la justicia en sus manos. Buscan la vigencia del estado de derecho y se organizan, entre otras causas, para evitar la abusiva explotación de los bosques, los abusos de las mineras trasnacionales, la devastación de zonas protegidas y, desde luego, los estragos del crimen organizado, que son los más notorios y extendidos.

Desde 1995 surgieron los primeros grupos de policía comunitaria en la montaña de Guerrero, para emprender la lucha de las comunidades indígenas en contra de los asaltantes, asesinos y violadores; dos años después se convirtieron en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que desde esa fecha combate la delincuencia común a través de la detención de los presuntos malhechores y la reeducación de los detenidos.

El 5 de enero de este año la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) siguió el ejemplo del CRAC y se convirtió en un grupo de autodefensa. El día 31 del mismo mes los pobladores de Ayutla iniciaron el primer juicio popular contra 54 presuntos criminales, lo que atrajo la atención nacional y, desde luego, ocupó a las autoridades federales y estatales, particularmente a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al gobernador.

En un reportaje realizado en aquel entonces por CNN México, que recogió declaraciones de actores y conocedores de la realidad de la zona, el antropólogo y fundador del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera, fue categórico: “Hay un asedio histórico hacia esta región, porque siempre ha sido de algún modo rebelde, resistente; hay un desprecio hacia los indígenas, un trasfondo de abusos por parte de los caciques, de los grupos políticos, del Ejército, de la Policía Ministerial que ha sido cómplice de los delincuentes. Es un pueblo que históricamente ha sido lastimado y ha resistido, a la par”.

Por su parte, el sacerdote de Ayutla, Mario Campos, señaló: “Esto no es algo como llamarada, no es algo mágico, no es algo que se da por el azar. Es resultado de un largo proceso de muchos años. El primer elemento que vemos para llegar a este momento es que el pueblo trabajó el nivel de la concientización”.

Desde hace un mes la atención se centra en Michoacán, donde los enfrentamientos entre los grupos de autodefensa y la delincuencia organizada son prácticamente cotidianos y han cobrado, únicamente en estos últimos días, varias decenas de muertos. Los combates se escenifican en zonas con condiciones muy similares (en materia de pobreza, carencia de servicios y productos básicos, inseguridad y vacío de autoridad, entre otras) a las de Guerrero.

Los hechos también atraen la atención nacional y provocan las declaraciones de las autoridades involucradas, entre las que sobresale la del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien enfático sentenció: “No van a extenderse (los grupos de autodefensa), se lo aseguro, lo garantiza el Estado mexicano, el estado de derecho”.

Pero más allá de lo que sucede en Michoacán, donde campea la ingobernabilidad, lo cierto es que los llamados grupos de autodefensa se han multiplicado en el país; una somera revisión de las informaciones difundidas en los portales de información electrónicos revela datos precisos de sus acciones al menos en las siguientes 13 entidades: Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

Sin duda, en algunos casos se hallan vinculados a grupos del crimen organizado y son simplemente otra de las manifestaciones de éstos; pero en muchos otros son producto de la desesperación ciudadana ante la inacción de las autoridades, pues como afirmó el mismo titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, tras visitar algunas comunidades del municipio de Ayutla, Guerrero: “No puedo justificar ni aprobar que pobladores decidan tomar justicia por su propia mano por la situación legal que implica, pero es muy importante que el gobierno cumpla su función para que no le deje a la sociedad otra alternativa en materia de seguridad, que es algo fundamental”.

Muchos de estos grupos de autodefensa surgen en regiones y comunidades largamente laceradas por la pobreza y el abandono de las autoridades y que hoy son víctimas de la violencia perpetrada por diversos delincuentes ante la ausencia de autoridad. En muchos de los casos es notoria la precariedad de recursos y el raquítico armamento con que cuentan. Como señaló el sacerdote Campos: “El poder de la Policía Comunitaria no está en armas sofisticadas ni en presupuesto; está en la organización y su cultura de servicio”.

Promovidos y subvencionados por grupos del crimen organizado; o expresión auténtica y espontánea de una sociedad cansada “de los abusos, violaciones, ejecuciones, secuestros, extorsiones y de que se ejecute a las personas que denuncian”, como señaló José Manuel Mireles, jefe de las autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán, los grupos de autodefensa son consecuencia del colapso del Estado mexicano.

Michoacán es la expresión más acabada de este colapso; pero seguido muy de cerca por varias de las entidades donde delincuencia y grupos de autodefensa ya sientan sus reales.