GUADALUPE ESPINOZA SAUCEDA
Temaca va de nuevo a la mesa de diálogo con la Conagua, pero ahora espera se resuelva, tal como se pactó, aunque sabe que es difícil llegar a un acuerdo. Está consciente de que su lucha es de más largo alcance y que va a seguir. No le teme al gobierno, porque sabe que la razón le asiste, social, jurídica, ética y políticamente hablando. Tiene claro en que hay que seguir luchando por la cancelación de la presa El Zapotillo. Sabe que se ha posicionado en la lucha regional, nacional e internacional en contra de las presas y los daños ambientales y sociales que éstas provocan.
El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo como ente político aglutinador de la resistencia, ha actuado con firmeza pero sin violencia. Ha desplegado un abanico de estrategias políticas y jurídicas incluso creativas, por lo que necesita y merece que este año se cancele definitivamente la presa, pero las autoridades no han sabido ofrecer otro discurso más que la presa “va porque va”, porque no cuentan con argumentos que salven la viabilidad del proyecto. Por el contrario, en las mesas temáticas que se llevaron a cabo no hubo evolución en la posición de la Conagua, porque no presentaron alternativas y el diálogo como tal no se desarrolló, sino que al contrario, en lugar de avanzar, este espacio que bien se podría insertar como un ejemplo de democracia, corre el riesgo de que se constituya en un retroceso para legitimar el actuar de las autoridades federales, que insisiten en que estos diálogos constituyen una muestra de que sí están consultando a la comunidad.
La Conagua, la Comisión Estatal del Agua y demás representantes del gobierno afirman que reconocen el marco legal de los derechos humanos, pero se rehúsan a aceptar las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y a reconocer que hay violaciones severas en el proceso de construcción de la presa, sin mencionar que ellos mismos representan la ilegalidad al impulsar un proyecto tan costoso que tiene un fallo judicial en contra que ordena la cancelación del mismo. Si reconocen la aplicabilidad y vigencia de los derechos es momento de que lo pongan en práctica, específicamente retractarse de afirmaciones como las de Raúl Antonio Iglesias Benítez, director del Organismo de la Cuenca Lerma-Chapala-Pacífico: “Lo que pasa no es que insista en la Comisión Nacional del Agua en que va el proyecto, lo que pasa es que vemos una necesidad del servicio de dos millones 400 mil mexicanos que hay que darles agua y hay que asegurarles el agua y la fuente más próxima es ésta, por eso estamos desarrollando el proyecto” (Notisistema 18 de mayo de 2011). Un principio básico de los derechos humanos es que no se pueden violar algunos de un sector para cumplir los de otros, por ello desplazar a las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo es un acto que aplica la violencia como preámbulo a la expropiación, y la expropiación al tratarse de un desalojo forzoso es la vulneración de derechos humanos sin duda.
Dice el gobierno que no estaría violando el derecho a la vivienda porque están ofreciendo casas nuevas y “mejorando la calidad de vida de los campesinos”, pero el desalojo forzoso es incompatible con el derecho a una vivienda adecuada (de acuerdo a la Observación General No. 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1997) y los campesinos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo lo han dejado claro: ellos tienen vivienda digna aunque no sea la que el gobierno quiere imponerles.
La Conagua insiste en que la única norma que les aplica es la Ley de Aguas Nacionales, lo cual es absurdo y evidencia el nivel con que son atendidos severos conflictos sociales que ya no pueden sostenerse más, pues hay otras normas que también deben acatar: la Constitución mexicana reconoce que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales, así lo ha dicho la Suprema Corte (SCJN, Novena Época, Tesis Aislada, Constitucional. Pleno. Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta. X, Noviembre de 1999, Tesis: P. LXXVII/99. P. 46). De esta manera, en cualquier situación en que se estén afectando derechos humanos, como en este caso, se deben aplicar y respetar los tratados internacionales que el país suscribe. Las normas y estándares internacionales, incluyendo lo dicho por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos y por los Relatores de Naciones Unidas, son de aplicación obligatoria, pues contribuyen a la protección efectiva de los derechos. Además, la propia Suprema Corte lo incorpora en el ordenamiento nacional. Entonces la Ley de Aguas está supeditada a lo que establecen los tratados internacionales y la Conagua, durante los diálogos, se resistió a aceptarlo.
El Estado como una integridad tiene la obligación de respetar los derechos humanos. Es decir, todas las entidades del Estado, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de todas las entidades federativas tienen esta obligación. Por ende, ni la Conagua ni ninguna entidad pueden argumentar que ellos no son autoridad de derechos humanos y que por eso no les aplican los tratados internacionales. La Corte Interamericana tiene muchas sentencias reiterativas al respecto.
Internacional y nacionalmente se garantiza el derecho a la propiedad, el derecho a la información y a una adecuada consulta en situaciones en que haya desplazamiento forzado. Así lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos para casos de comunidades indígenas (Caso de Saramaka vs Suriname) y también el Relator Especial de Vivienda Adecuada (Principios Rectores de los Desplazamientos Forzados, UN Doc E/CN.4/1998/53/Add.2).
El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo espera que el gobierno cumpla con el Estado de derecho, tal y como debe ser, porque no están dispuestos a seguir aceptando la política y el ejercicio de derechos como simulaciones.
Fuente: La Jornada de Jalisco
