Chile: juicio al feminicidio en Juárez

FRANCISCO MARíN

SANTIAGO, Chile, 1 de mayo (apro).- "Me da mucha alegría todo lo que ha pasado en este juicio. Llegar hasta aquí es un sueño alcanzado después de mucho sacrificio, mucho sufrimiento, pero tengo fe que esta Corte nos dará la justicia que tanto hemos buscado", dice Benita Monárrez, madre de Laura Berenice Ramos, una de las siete jóvenes que aparecieron violadas y asessinadas en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, en noviembre de 2001. 

Monárrez dijo lo anterior al término de la audiencia pública del juicio que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue al Estado mexicano por su presunta responsabilidad en las muertes de Laura, Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera Monreal.

La audiencia, efectuada el martes y miércoles pasado, se realizó en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, ubicada en el edificio que fue sede del Congreso Nacional hasta el golpe militar en Chile, el 11 de septiembre de 1973. 

 

Juicio histórico

 

Las audiencias se iniciaron poco después de las 9 de la mañana del martes. Tanto el salón, de 120 butacas, como las tribunas de este antiguo edificio de corte clásico, estaban casi al máximo de su capacidad. Dirigía el acto la presidenta de la CIDH, Cecilia Medina Quiroga, de Chile.

Además, participaron cinco miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encabezados por el comisionado Florentín Meléndez, y 13 representantes de las presuntas víctimas. La delegación de México estaba formada por 14 miembros, encabezados por Alejandro Negrín, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Las madres de las tres mujeres asesinadas estaban como testigos propuestos por la CIDH. Los testigos del Estado mexicanos eran Rodrigo Caballero, jefe de la Fiscalía de Investigación de Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez; y Silvia Sepúlveda, especialista en genética forense de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua.

Tras las explicaciones de rigor, la juez Medina presentó a la "testigo" Irma Monreal Jaime, madre de Esmeralda Herrera.  

         Tras una consulta de Rosa Velorio, de la CIDH, Medina contó que cuando su hija, de 14 años de edad, no volvió a su casa la noche del 29 de octubre de 2001, acudió a presentar una denuncia en la procuraduría de Chihuahua: 

          "Las autoridades me dijeron que no podían darla por desaparecida antes de 72 horas. Que primero la debía buscar con sus amigos o con su novio… 'No está desaparecida, anda de vaga, así son todas'".

Irma contó que se enteró de la muerte de Esmeralda a través de la prensa. Dijo que cuando fue a la morgue a identificar los restos no la dejaron verla. "Les suplicaba llorando, hasta de rodillas, que me la dejaran ver, aunque fuera una mano, un pie", añadió. 

Señaló que nunca, en los ocho años que han pasado, la han llamado para decirle cómo van las investigaciones. Contó que, debido a la lucha que emprendió su familia por aclarar lo ocurrido con su hija, por confirmar su identidad, comenzó a ser hostigada. Relató que agentes de la policía judicial de Chihuahua agredieron brutalmente a su hijo un mes después de que muriera su hija. 

Afirmó que hace dos años tres hombres encapuchados trataron de secuestrar a otra de sus hijas, y dijo que la policía no fue en su ayuda cuando la llamaron.

Señaló que pudo tener un poco de tranquilidad cuando, en 2005, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró identificar el cuerpo de su hija. Dijo que, antes de eso, "me pasaba las noches sin dormir; pensaba en cómo me la violaban, la torturaban… Era una cosa horrible". 

Frente a los delegados del Estado mexicano, espetó: "¡Nunca han hecho nada (por las mujeres de Juárez)! Y se los digo en su cara: ¡nunca van a hacer nada porque no es una de sus hijas…! Mientras, siguen desapareciendo jovencitas". 

Y agregó: "Los responsables de mi sufrimiento, son el presidente, el procurador y los que le siguen…".

          Después tocó el turno de Josefina González, madre de Claudia Ivette. Sobre la mesa que ocupaban los testigos puso una foto de su hija, que decía: "Justicia". 

           González aseguró que las autoridades "no la han ayudado en nada" Señaló que le dijeron que su hija se había ido con el novio, y afirmó que, cuando iban a la unidad de protección de víctimas, no la recibían, "salvo cuando había periodistas". 

Agregó que tampoco le dan informan de los avances de la investigación, por lo que dijo no confiar en las autoridades. "Dicen que están investigando, pero no hacen nada", añadió. 

Indicó que sólo tuvo seguridad de la identidad de sus hijas cuando el equipo de antropólogos argentinos la certificó mediante exámenes de ADN. Dijo que instituciones estatales mexicanas habían intentado hacer en tres ocasiones estos mismos exámenes, pero en dos de ellas se les perdieron las muestras.  

González pidió a la CIDH que se investigue y se encuentre a los asesinos. "Yo tengo más hijas y miedo de que me vuelva a pasar", afirmó.

A su vez, Benita Monárrez afirmó que también la trataron con desidia. "Tuvieron que pasar cinco meses para que me mostraran a mi hija". 

Contó que, cuando Laura Berenice desapareció, fueron a la fiscalía, donde le dijeron que en 72 horas podrían ayudarla. "Me dijeron que debe haberse ido con el novio; que debe querer vivir su vida sola. No me ayudaron", indcó. 

Dijo que, el 20 de marzo de 2002, le imploró a la fiscal que llevaba su causa que le dejara ver los restos de su hija, como "regalo de cumpleaños". 

Contó que funcionarios del estado de Chihuahua le ofrecieron 130 mil pesos como reparación por todo lo sucedido con ella y con su hija. Sin embargo, dijo que, como condición, le pedían que desistiera de su intención de sacarle muestras de ADN al supuesto cuerpo de su hija. Agregó que no aceptó. Dijo que a un hijo suyo hasta le pusieron una pistola en la cabeza para que desistiera de hacer estas pruebas. 

Explicó que las muestras de ADN que había hecho el Estado se perdieron. Debido a esto, agrego, juntó durante dos años 5 mil dólares para hacer las muestras en un laboratorio de California, Estados Unidos. 

Señaló que fue así como pudo cerciorarse de que el cuerpo que le habían mostrado correspondía a su hija y pudo comenzar el duelo. Su desconfianza se originaba, entre otras razones, en que de los ocho cuerpos encontrado en el campo de algodón, cinco fueron mal identificados.

En abril pasado, el gobierno de Estados Unidos le otorgó asilo político, debido a las "múltiples amenazas y hostigamientos" que ella y miembros de su familia han recibido. 

Reflexionó: "Muchos piensan que por ser humilde no se puede levantar la voz. Yo aprendí a trancasos, a coscorrones, a levantadas, que soy una mexicana con derechos; aprendí a defender mis derechos". 

Agregó: "Estoy orgullosa de ser mexicana, pero no de nuestros gobernantes porque son corruptos, falsos y mentirosos".  

 

El Estado

 

Después fue el turno de los testigos propuestos por el Estado mexicano: el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Investigación de Homicidios, Rodrigo Caballero Rodríguez, y Silvia Sepúlveda, especialista en genética forense adscrita a la dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la PGR en Chihuahua.

La intervención de Caballero se centró en demostrar los supuestos avances en las investigaciones de los casos de mujeres asesinadas en Juárez desde 2005 en adelante, en particular los tres que se ventilan en la CIDH.  

Dijo que Claudia Ivette, después de que no la dejaran entrar a la maquiladora, fue a otra planta de la misma empresa buscando una explicación. Añadió que es lo que ha podido averiguar en cuatro años. 

De Laura Berenice, dijo que el día que se extravió no fue a la escuela. Señaló que se subió a un vehículo Ford Bronco con un hombre que ahora estaría identificado. Afirmó que este vehículo fue encontrado en marzo pasado en un poblado de Tlaxcala. 

Y sostuvo que el interior del vehículo encontraron "material significativo", como cabellos y tarjetas de crédito". Añadió que falta comprobarlo, debido a que aun no se han hecho los análisis de ADN. 

Explicó que, en el caso de Esmeralda, también tendrían un sospechoso identificado y una nueva prueba. Se trata de dos cabellos encontrados recientemente en la blusa de la víctima, que fue nuevamente revisada. Añadió que aún no han sido analizados. 

En el caso de Claudia Ivette, reconoció que no se ha avanzado mucho. En ninguno de los casos hay ejecutadas acciones penales. 

Por su parte, los abogados Juan Pablo Alban y Rosa Velorio, de la CIDH, cuestionaron el argumento en el que, dijeron, se basa la defensa del Estado mexicano: mostrar los avances judiciales que ha habido desde 2004: ¿Las actuaciones de la segunda etapa se basan en los antecedentes recabados en la primera?

El agente del Ministerio Público dijo que estaba siendo cazado. 

--¿Se corrigieron los errores que hubo en la primera etapa? –se le preguntó. 

--Yo no he corregido nada --contestó.

--¿Han logrado determinar las circunstancias en que murieron las tres mujeres?

--Tenemos teorías sobre como murieron…

--¿Tienen establecidas las causas de la muerte?

--Se puede decir que si.

Se le consultó acerca de si los casos de estas tres mujeres asesinadas y violadas eran investigados como circunstancias particulares o eran considerados en el contexto de un conjunto de hechos como el que viene ocurriendo en Ciudad Juárez. Dijo que cada caso se evaluaba por separado y que no se buscaban rasgos comunes con otras investigaciones. 

Además, se le preguntó si había una capacitación respecto del trato que se le había dar a las víctimas de violencia contra la mujer y a sus familiares. Dijo que si, aunque no supo especificar bien en qué consistía. 

--¿Su repartición cuenta con un protocolo especial para casos de violencia contra niñas y mujeres?

--Si, lo tenemos --respondió. 

Pero cuando la presidenta de la Corte inquirió detalles respecto de este, el funcionario no supo qué decir. Finalmente, aseguró que ninguno de los sospechosos de asesinato en estos casos es un agente del Estado. 

Todas las respuestas fueron tomadas por los representantes de las víctimas, entre ellos Sonia Torres y Micheel Salas, y los de la CIDH, para demostrar que las "actitudes negligentes" del Estado en materia de justicia se mantienen. 

Ell interrogatorio duró 30 minutos. 

Después, intervino la forense Sepúlveda, quien dio cuenta de los "avances" que, en su especialidad, se han verificado en los últimos años el estado de Chihuahua. 

Destacó la creación de un laboratorio con personal altamente capacitado, en el que, dijo, desde dos años se hacen exámenes de ADN.

 

Cara y cruz 

 

Luego del almuerzo, tocó el turno a los peritos. La CIDH presentó como perito a Rhonda Copelon, profesora de derecho, especialista en derechos humanos, derecho penal internacional, género y violencia contra las mujeres. 

Copelon habló de la importancia de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mejor conocida como Convención de Belem do Pará. Dijo que "este instrumento es exhaustivo y una guía para los estados". 

Señaló que la CIDH debe considerar en su sentencia los preceptos contenidos en esta Convención, los que ya fueron originalmente considerados en el caso Castro Castro (Perú). Dijo que Belem do Pará apunta a investigar y castigar los delitos contra la mujer. Añadió que también se plantea "que debe haber un esfuerzo más amplio por cambiar el entorno legal, social y cultural que posibilitan la violencia". 

Por su parte, la perito invitada por el gobierno mexicano: Rosa Jurado Contreras, magistrada de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua, cayó en contradicciones e inconsistencias. No supo explicar la forma y los tiempos en que se ha ido implementando la reforma ni qué instituciones se encargan de monitorear el nuevo modelo. Continuamente la presidenta de la Corte tuvo que solicitarle que respondiera lo que se le preguntaba

Cuando el comisionado de la CIDH Florestín Melendez le preguntó qué rango tiene la Convención Belem do Pará en la institucionalidad jurídica de México, ella lo interrumpió antes que terminara la pregunta.

--¡Ya entendí! --gritó molesta. 

La audiencia soltó risas y hasta carcajadas. 

Cuando dijo que a ella le constaba que las "mujeres son enojonas y los hombres enérgicos", su comentario provocó risas y confusión entre una audiencia que ya no entendía lo que pasaba. 

 

Alegatos

 

El segundo día de audiencias fue de alegatos. Por parte de la CIDH habló el comisionado Melendez. Reiteró la acusación contra el Estado mexicano de "incumplir su obligación de garantizar el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos en perjuicio de Claudia, Laura y Esmeralda". 

         Dijo: "El Estado no adoptó medidas idóneas y oportunas tendientes a preservar su vida y prevenir su muerte. Su omisión es particularmente grave, ya que a la fecha de ocurridas estas muertes, era notorio el hecho de la desaparición de centenares de mujeres que después eran asesinadas. Este conocimiento generaba respecto del Estado mexicano una obligación mayor de dar protección a las mujeres que eran reportadas como desaparecidas".

Sostuvo: "No obstante el transcurso de casi ocho años, el Estado no ha avanzado en el esclarecimiento de los crímenes ni en la deducción de responsabilidades". 

Agregó: "Hasta la fecha, las familias de las víctimas no han recibido una respuesta de las circunstancias en que murieron sus familiares ni respecto de los responsables; no han tenido acceso a los expedientes; y según escuchamos de la testigo Benita Monárrez, ¡hasta han tenido que convertirse en investigadoras!, señora presidenta". 

La posición de México fue sostenida por Patricia González, procuradora general de justicia del estado de Chihuahua. Afirmó que, desde fines de 2004, la situación de injusticia en esa entidad "ha cambiado completamente" en sentido positivo. Aseguró, que prueba de ello, es se ha establecido la identidad de los asesinos de Laura y Esmeralda. 

Esto provocó una conmoción entre los familiares y representantes de las víctimas, que luego restaron toda credibilidad a esta versión.

Pero la procuradora fue más allá: sostuvo que "existen 201 causas de muertes de mujeres en Juárez que se han resuelto con sentencia definitiva". 

Esto fue desmentido por Benita, quien pertenece a una asociación de familiares de jóvenes víctimas de la violencia de Juárez, "en la que ningún caso se ha establecido", según afirmó a la revista Proceso. 

En su última alocución, Alejandro Negrín solicitó que los preceptos contenidos en Belem do Pará no sean integrados al fallo que deba emitir la Corte. El juez Ventura le preguntó en qué se basaba para hacer esta solicitud, considerando que ya en otro fallo de la Corte, esta Convención ya había sido incluida. 

Negrín quedó de enviar esa respuesta por escrito. A este compromiso, la CIDH le añadió dos: Una relación detallada de las 201 sentencias condenatorias en casos de feminicidio; los protocolos de atención a las víctimas de ataques sexuales, y la posición de México en relación a la Convención de Belem do Pará.

Mientras se retiraban los magistrados, empezó a aflorar la alegría entre los familiares y representantes de las víctimas, que reían y se sacaban fotos. Se quedaron largo rato en el salón de sesiones. Los representantes del Estado mexicano salieron pronto del salón.

Mientras esto ocurría, el comisionado Meléndez, en entrevista con Apro, resaltó la importancia de este proceso: "La audiencia fue muy importante porque permitió que esta gente humilde que no encontró justicia en su país pudiera llegar a un tribunal internacional y, en audiencia pública, plantear su verdad. También permitió presentar pruebas de esta práctica sistemática no sólo de asesinatos, sino también de impunidad que hay en Ciudad Juárez", afirmó. 

Dijo que se iba "muy optimista, puesto que estoy seguro que va a haber una sentencia que va a reivindicar la justicia y va a reparar a las víctimas". 

En tanto, la abogada Salas expresó: "Me voy muy contenta porque la Corte va a analizar el caso de Ciudad Juárez; más allá de los tres casos de mujeres asesinadas en el campo algodonero. Va a analizar la responsabilidad de los estados en relación con la violencia que se ejerce contra las mujeres, la violencia institucional". 

El licenciado Negrín, consultado por Apro respecto de que es lo que espera del fallo de la Corte, dijo: "Decida lo que decida, lo importante es que van a ganar los derechos humanos".