Bahía de Banderas: corrupción y tráfico de influencias

Bahía de Banderas: corrupción y tráfico de influencias

ÁLVARO DELGADO

MÉXICO, D.F., 13 de julio (apro).- Después de 25 años de ser uno de los principales ejecutivos de la trasnacional tecnológica Microsoft, de la que fue su presidente mundial y "cerebro financiero", Jon Anthony Shirley decidió jubilarse, el año pasado, y escogió las costas del Pacífico de México para gozar su retiro.

Pero apenas había comenzado a disfrutar de su mansión en Bahía de Banderas, Nayarit, valuada en 10 millones de dólares, cuando el estruendo de obras de construcción, que repentinamente comenzaron a edificar un desarrollo condominal junto a su propiedad, le expropió la paz.

Y ahora lo acecha el riesgo de que su casa, levantada sobre un macizo granítico y selvático, se venga abajo por el daño que los constructores vecinos han provocado a la estructura y al suelo de esa zona eminentemente sísmica.

Se trata no sólo de un caso más del habitual "contubernio" de autoridades con desarrolladores inmobiliarios que violan impunemente la normatividad y destruyen el medio ambiente --y que ha dado lugar a la paulatina "acapulquización" de Bahía de Banderas, limítrofe con Puerto Vallarta, Jalisco--, sino de corrupción y tráfico de influencias al más alto nivel en los tres niveles de gobierno.

Los propietarios de la empresa Desarrollo Pacífico Arena Blanca, S.A. de C.V., en cuyo expediente se sustenta la violación de diversas disposiciones legales en materia de desarrollo urbano y ambiental para edificar el complejo denominado Aura Arena Blanca, gozan presuntamente de la protección de prominentes funcionarios de los gobiernos de Felipe Calderón y de Ney González Sánchez, de Nayarit, detrás de quienes supuestamente se encuentra Elba Esther Gordillo, presidenta vitalicia del sindicato magisterial.

"Es un paradigma de la impunidad", define Eric Coufal Díaz Garza, cónsul honorario de Austria en México y abogado de Jon (sic) Shirley, quien --afirma-- es víctima de la complicidad de funcionarios federales y de Nayarit, cuya representante en la Ciudad de México es Maricruz Montelongo, hija de Gordillo y esposa de Fernando González, subsecretario de Educación.

Según el abogado, las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Desarrollo Social (Sedesol) y de Turismo (Sectur), así como la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), han actuado con negligencia e ilegalidad para favorecer a los desarrolladores, en perjuicio de Shirley, con cuyo caso "se erosiona gravemente la confianza en el sector del turismo y la inversión extranjera en México".

El ayuntamiento de Bahía de Banderas, presidido por el priista Héctor Paniagua Salazar, tampoco ha cumplido con sus obligaciones de frenar las obras del conjunto condominal, supuestamente por presiones del gobierno de Ney González y de Gordillo, como se lo confesó a Coufal el asesor jurídico del alcalde, Rubén Cerón Palacios.

"El licenciado Cerón me dijo, en enero, que la razón por la cual al alcalde le estaba temblando la mano para actuar era porque estaba recibiendo presiones estatales que, a su vez, recibía presiones federales, y que la persona que está detrás del asunto es la profesora Elba Esther Gordillo."

El abogado de Shirley recuerda que no le dio mucha credibilidad a esa versión, pero después supo que Maricruz Montelongo, hija de Gordillo, es la representante del gobierno de Nayarit en la Ciudad de México.

"No sabemos qué implicación tenga esto, pero llama la atención que en la alcaldía me digan que detrás está la profesora y que su hija tenga un cargo en el gobierno. No es delito ser representante del gobierno de un estado, pero lo que sí es delito es el tráfico de influencias", subraya.

--¿Eso explica por qué las autoridades federales, estatales y municipales no han actuado?

--No estoy dándole credibilidad a esa referencia, porque no considero que la señora Gordillo tenga que valerse de unos mozalbetes, unos muchachitos de poca monta, para hacer sus negocios y poder caer en el descrédito.

"No me interesa quién esté detrás, porque el interés es México y su estado de derecho. Pero si el interés es del presidente (Felipe Calderón), entonces vamos a ir a instancias internacionales, porque no podemos tolerar la impunidad y convertirnos en cómplices del abuso."

Y es que, según el abogado, los inversionistas que están construyendo el conjunto residencial que ha afectado a su cliente son desconocidos en el ámbito de los negocios y los recursos que usan para financiar sus proyectos son "oscuros", porque no se ha identificado que tengan líneas de crédito bancarias.

Desarrollo Pacífico Arena Blanca, S.A. de C.V., la empresa que construye el desarrollo Aura Arena Blanca, está formada por Alberto Djaddah Jamous, Ricardo Sarraf Assad, Jacobo Levy Tawil, Rafael Sevilla Arias, Juan Carlos Rodero Godínez, Carlos Pacheco Arredondo, Joseph Liberman Sourasky y Roberto Madrid Jácome.

Se trata --dice Coufal-- de una sociedad sospechosa: "Son unos mozalbetes prestanombres de paja y, por supuesto, corruptores profesionales."

El señalamiento de Coufal no es gratuito: En Zapopan, Jalisco, este grupo de inversionistas ha colapsado el poniente del área metropolitana de Guadalajara, con la construcción irregular de las Torres Aura, cinco edificios de departamentos de lujo, uno de los cuales, Aura Altitude, de 43 niveles, es el cuarto rascacielos más alto de México.

Tal como lo acreditó el actual ayuntamiento de Zapopan, en 2005, los desarrolladores incurrieron en numerosas irregularidades, pero contaron con todo el apoyo de Arturo Zamora, exalcalde de Zapopan, a su vez estrechamente relacionado con la familia Leaño Álvarez del Castillo, en cuyos terrenos de Puerta de Hierro se construyeron las torres, próximas a la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), la institución de esa familia.

Un dato más: Uno de los representantes del Grupo Aura o Anima es Francisco Vazquez Castañeda, esposo de Marisela Leaño Reyes, hija de Antonio Leaño Álvarez del Castillo, el jefe del clan de los Tecos, de quien precisamente Coufal fue yerno.

Un hombre de peso

Antes de que la finca de Jon A. Sherley fuera inhabitable, como lo es ahora, tenía una vista espectacular al mar desde cualquier parte de la edificación, enclavada en la zona conocida como la Cruz de Huanacaxtla, donde se ubica el complejo turístico Real del Mar, de alta plusvalía.

El exdirector ejecutivo de Operaciones de Microsoft Internacional y miembro de su Junta Directiva de esa empresa –identificado por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos de Estados Unidos y donante de la campaña de Barack Obama-- había decidido jubilarse y, en uno de sus viajes a México en 2007, lo sedujo Bahía de Banderas, donde identificó el proyecto de una mansión que estaba aún en obra negra. La compró y, ya terminada, le dio el nombre de "Canción del mar".

A finales del 2007, poco tiempo después de que Sherley comenzó la mudanza a la finca para perfilar su jubilación –que se materializó en junio del 2008—, comenzó a edificarse el complejo condominal Aura Arena Blanca, gracias a licencias de construcción expedidas por el ayuntamiento de manera irregular, según el expediente del caso.

El grupo desarrollador comenzó la construcción de un edificio de condominios que sería de cuatro niveles y que continuó a ocho y 10 pisos, con la consecuente agresión al entorno natural y las edificaciones vecinas, entre ellas la de Sherley, porque se usó dinamita para remover miles de toneladas de tierra al rebanar el monte.

Miembros del ayuntamiento 2005-2008 están identificados como quienes otorgaron irregularmente las autorizaciones, particularmente Arturo Ayala, director de Desarrollo Urbano, quien presuntamente alteró los polígonos del desarrollo Aura Arena Blanca para modificar la zonificación de densidades y uso de suelos. Otro de los involucrados es Juan Cuevas, hermano del excalde Juan Cuevas.

Por su parte, la Semarnat, a cargo del delegado Armando Zepeda Carrillo, autorizó el cambio de uso del suelo en terrenos forestales sin cumplir lo que establece la Ley General de Desarrollo forestal sustentable, y emitió dictamen de impacto ambiental, pero tampoco observó lo que dispone la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Al respecto, el equipo de abogados de Sherley, encabezado por Coufal, promovió un recurso contra la manifestación de impacto ambiental, pero el mismo delegado recibió el recurso de revisión y, para proceder a suspender las obras del desarrollo, fijó un plazo de cinco días para depositar una fianza de 20 millones 500 mil pesos.

"¡Es absurdo! Es como si ves que están robando tu casa y le dices al policía que detenga a los sinvergüenzas, y él dice que no queda claro quién es el dueño, porque no tiene a la vista el título de propiedad. Para detenerlos debe usted depositar una fianza por el valor de las cosas que se están llevando y le da un día de plazo para depositarla. Usted le dice: 'Oiga, se van a ir'. 'Pues, sí, pero si no nos da la fianza no podemos detenerlos'.

"¡Es realmente una protección a la impunidad! ¡El mismo sujeto que dio la autorización irregular es el que fijó una fianza de esa naturaleza onerosa, desproporcionada, excesiva, que demuestra que sólo los multimillonarios pueden defender sus derechos! Y el derecho a la protección ambiental, que es un derecho constitucional, está siendo pisoteado por los que están encomendados a cuidar. ¡Esos sujetos viven medrando!"

En el caso de la Profepa, antes de comenzar las obras, se solicitó a los desarrolladores un estudio de una universidad acreditada para ver cómo se mitigarían los daños por mover más de 24 mil metros cúbicos de tierra, pero no existe ningún documento al respecto.

"Semarnat, Profepa y Conagua están coludidas –acusa el abogado--. Destruyen recursos naturales y derrumban cerros en una zona de gran sismicidad, provocando la inestabilidad de los predios vecinos, sin ninguna base técnica. El caso demuestra una falta de congruencia radical entre las políticas anunciadas por Calderón de manera reiterada."

Coufal, quien se hizo cargo del caso después de que Sherley contrató a un bufete que sólo reclamó daños por cuarteaduras --que ni siquiera han sido pagadas por los desarrolladores--, ha promovido diversos recursos jurídicos para que se proceda a la suspensión de las obras y su demolición, y de ello ha informado a los titulares de las secretarías involucradas.

Influyentismo y corrupción

Al tomar el caso y antes de enviar el expediente del mismo a los titulares de Semarnat, Rafael Elvira, y de la Profepa, Patricio Patrón, Coufal envió una carta al secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, para informarle de la delicadeza del caso y solicitarle una audiencia a través de su secretario particular, Raúl Parissi.

En el documento expone a detalle el caso y le aclara que la gravedad de éste trasciende la afectación a un particular y no está circunscrita sólo al municipio nayarita, porque tiene repercusiones en la credibilidad de México.

Le advierte: "Existen presunciones fundadas, y de buena fuente, en el sentido de que la autoridad municipal se ha negado a suspender las obras del desarrollo a partir de las presiones ejercidas por autoridades del gobierno de Nayarit, incluso aparentemente influenciadas por funcionarios federales."

Más adelante, señala: "Se lesiona el interés público, al demostrarse que se ha violado impunemente la normatividad aplicable; se erosiona gravemente la confianza en el sector turismo y la inversión extranjera en México, y se demuestra que en México prevalece el influyentismo y la corrupción por encima del estado de derecho."

Y añade: "Se tolera una situación de anarquía provocada por los promotores del desarrollo, que impulsan además proyectos abusivos semejantes en desmedro del bien común en otras latitudes, incluyendo Guadalajara, y desdoro de la política pública federal, que es competencia de la Secretaría de Turismo."

En el documento, Coufal insiste: "En caso de no suspenderse las obras del desarrollo y ejecutarse la demolición de las edificaciones que se condujeron en contravención a la legislación aplicable, se ocasionará un efecto negativo irreparable, no solamente a los intereses del señor JAS, sino a la política de México en materia de turismo e inversión extranjera, ya que se pondría en evidencia que el tráfico de influencias y los actos de corrupción superan las políticas anunciadas por el gobierno federal."

Sobre Sherley, el jurista aclara: "No es solamente un inversionista más en México, sino un líder de opinión empresarial mundial que se encuentra afectado por la voracidad de los promotores del desarrollo, y el campo de conflicto no solamente se limitará a procesos judiciales por montos de dinero, sino que, en ausencia de un respaldo federal decidido, rabia de convertirse en un detonante de denuncia pública internacional que afectará la credibilidad de nuestro país, ya que independientemente de que se retirará el señor JAS de México, se ocasionará un efecto devastador en cascada. Se irá el señor JAS de México, se irán otros con el señor JAS y no vendrán los inversionistas de la importancia que el señor JAS representa."

La carta enviada a Elizondo, el 12 de diciembre de 2008, tuvo respuesta casi dos meses después, el 23 de febrero, a través de Hugo Bermúdez, coordinador técnico de gestión de la Sectur, quien le comunicó que el jurídico de la Secretaría de Turismo, Edwiges Fragoso, se había comunicado con el alcalde de Bahía de Banderas, Miguel Paniagua Salazar, para que lo atendiera.

Al respecto, Coufal dice que se ha reunido cuatro veces con el alcalde y no sólo no cumple con su responsabilidad, sino que parece estar del lado de los desarrolladores. "Me llegó a decir: 'Me vinieron a ver los de Aura Arena Blanca. ¿Por qué no se arreglan?' ¡Esto es verdaderamente monstruoso! Es como si un juez, que tiene que aplicar la ley por homicidio, le dice a la viuda a la que le mataron a su marido: 'Oiga, señora, arréglese con el asesino."

Expresidente de cónsules honorarios en México, Coufal Díaz Garza insiste en que en este caso no se está violando solamente el interés privado de Sherley, sino el interés público, porque los desarrolladores se han apropiado de bienes de naturaleza pública, como las vialidades del fraccionamiento vecino. "Esto es un delito."

El litigante, cuyo despacho de Guadalajara tiene documentada la misma mecánica de corrupción de los empresarios de Desarrollo Pacífico Arena Blanca, S.A. de C.V., advierte que el gobierno de Estados Unidos tiene conocimiento del caso y que ya se integra un expediente para que a los responsables y sus cómplices –incluida eventualmente Elba Esther Gordillo-- les sean retiradas las visas para ingresar a ese país.

"Independientemente de los trámites legales que estamos conduciendo, se procederá a la anulación de las entradas de estos sinvergüenzas a Estados Unidos. Que se vayan a África, a Nigeria, el país más corrupto del mundo. Allá serían dignos ciudadanos, no mexicanos."