Castaños, tres años después

Fuente: La Jornada de Zacatecas

• Soledad Jarquín Edgar

Redacción

El pasado fin de semana se cumplieron tres años del “ataque” del batallón MK 19 del 14 Regimiento Motorizado a la Zona de Tolerancia del municipio de Castaños, en la parte central de Coahuila, que dejó el lamentable saldo de 14 mujeres violentadas sexualmente, además de la tortura sicológica y otras agresiones físicas.

En tres años todo empieza a cambiar. El penal estatal se convierte a pasos acelerados en un penal de alta seguridad, lo que, por cierto, no tiene tranquila a la población del municipio de Monclova.

En Castaños, El Pérsico Dancing, uno de los centros nocturnos donde fueron violadas las mujeres, aunque sigue en operación, anuncia desde la carretera 57 que se vende. Y en Ciudad Frontera hay otra noticia: se construirá una nueva base militar. Pero lo que no cambia es la condición de las mujeres.

Las trabajadoras de El Pérsico y Las Playas siguen en una larga espera para que la justicia llegue. El 1 de octubre de 2007 el juez Hiradier Huerta dictó las sentencias tras un largo juicio de más de un año, que dejó un expediente de 52 mil 532 fojas, 102 audiencias, la presentación de 418 personas que recurrieron al juicio y 32 apelaciones.

El resultado dejó la sensación de vacío, de justicia incompleta, esa que vi reflejada en los rostros de las víctimas aquel 1 de octubre, cuando la frustración, el dolor y la rabia caminaron entre un mar de cámaras que buscaban un rostro para ser publicado.

De los 12 soldados identificados por las mujeres agredidas y otros testigos, ocho fueron detenidos en agosto de 2006 y llevados a proceso por el fuero común, un hecho que se realizaba por primera vez en México y no por la justicia militar, como se acostumbra en este país, donde la violencia contra las mujeres perdona incluso que se violen todas las leyes y sus instituciones.

Un noveno soldado, Héctor Méndez de la Cruz, fue detenido en enero de 2007. Sin embargo, sin dar tiempo, el juez de la causa lo liberó en menos de una semana, bastó para ello la declaración de un superior jerárquico, quien dijo que el soldado Méndez de la Cruz no se encontraba en Castaños la noche del 11 de julio de 2006.

Curiosamente el juez no dio tiempo a que la mujer que lo acusaba se presentara a declarar. Bastaba con la voz de mando del superior de aquel militar. Tres más siguen prófugos: Ricardo Hernández Hernández, Bardomiano Hernández García y José Raúl Ramírez Martínez, y seguramente nadie los busca. El caso Castaños se encuentra ahora en espera de los resultados de la apelación interpuesta y podrían darse a conocer en agosto o septiembre próximos.

La abogada Sandra de Luna González, presidenta del Consejo Promotor de la Vivienda (Coprovi), organismo que coadyuvó en el caso a favor de las mujeres, espera que el Tribunal ratifique las sentencias establecidas en octubre de 2007 a tres soldados.

Además, espera que se revoque la sentencia al soldado Angel Antonio Hernández Niño, quien fue acusado de violación por una de las bailarinas en El Pérsico, pero el juez Hiradier Huerta lo castigó sólo por el delito de lesiones. La penalidad impuesta consistía en nueve meses de prisión, que salvó al pagar una fianza por 20 mil 843 pesos.

Luego de tres años las cosas han cambiado en esa zona del país. No sólo se recrudece la inseguridad, hay más militares en las calles en la campaña contra la delincuencia organizada, sino que el gobierno estatal emprende acciones que no terminan por convencer a la población, que se siente cada vez más vulnerable y que ha optado por aplicar con filosofía mirar y callar para sobrevivir.

Del Pérsico y Las Playas casi nada queda. Cada vez hay menos clientes y son pocas las mujeres que se atreven a ir hasta la Zona de Tolerancia a trabajar, derivado principalmente de la falta de seguridad.

El problema es que ahora pululan en esos municipios “casas de citas”, donde los derechos de las trabajadoras del sexo están al garete y sin saberlo están más expuestas a la trata de personas.

De las jóvenes violadas por los militares en Castaños, 10 le dieron un giro a su vida, obligadas por esa circunstancia de inseguridad. Algunas se dedican a vender comida con los carritos de hot dogs que el gobierno de Humberto Moreira Valdés les obsequió para que pudieran “cambiar de vida”. Grandioso, no hay duda.

Lo curioso es que a tres años esa historia amarga no termina. Las injusticias se palpan cuando de 12 soldados, tres fueron a la cárcel con penas significativas; tres más están prófugos y difícilmente alguien los busca, cinco pasaron un año de prisión pero fueron absueltos, pues los delitos de lesiones les permitieron pagar una fianza e irse.

Todavía hoy una de las mujeres agredidas no ha podido llevar a juicio a la persona que la violó. Una de esas mujeres tuvo un aborto como resultado de la violencia a la que fue sometida la madrugada del 11 de julio de 2006 y otra más resultó embarazada, hoy cuida de su hija, a la que el Estado no le asignó alguna protección.

En Castaños se confirma que la injusticia persiste. Mientras a ellas les dan carritos de hot dogs para que puedan cambiar de vida, a ellos, a los integrantes del Ejército Mexicano, les dan 40 hectáreas de terreno para instalar una nueva base militar.

Lo rescatable, aún se piensa, es que fue el primer caso que se logró llevar por la justicia civil y no por la militar, que ya es ganancia, pero tal parece que no sentó algún precedente en México y para muestra hay muchos botones a raíz de que la soldadesca fue puesta en las calles de todas las ciudades del país para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

Hoy los abusos siguen. Hay asesinatos, asaltos, violencia sexual y otros daños ocasionados por las fuerzas castrenses a través de los cuales el gobierno de Felipe Calderón busca protegerse todos los días.