El gobierno espurio hipoteca el futuro con la anticonstitucional Ley de Asociaciones Público-Privadas
México, Distrito Federal
Lunes 16 de noviembre de 2009
* La ley deja en descubierto la política del PAN de abrir el endeudamiento público sin la autorización del Congreso
La iniciativa de la Ley de Asociaciones Público-Privadas (LAPP), presentada por el gobierno espurio en el Senado, pone a descubierto la política económica promovida por el PAN de abrir el endeudamiento público sin la autorización del Congreso y sin que se registre como deuda pública al clasificarlo como “gasto corriente”, expresó la secretaria de Salud del Gobierno Legítimo de México, Asa Cristina Laurell.
Además, el gobierno usurpador, detallo, pretende facilitar la expropiación por “utilidad pública” mediante un procedimiento simplificado para poner a disposición del sector privado los bienes expropiados.
“La ley legalizaría la suscripción de contratos, mediante licitación o adjudicación directa, con el sector privado nacional e internacional que comprometen el gasto público durante 25 a 40 años y dándole prioridad a estos pagos por encima de cualquier otro gasto”, señaló Asa Cristina Laurell.
Especificó que los contratos de inversión-administración están previstos para la construcción y administración de infraestructura. El objetivo de la ley es “brindar mayor certeza jurídica a los inversionistas y a los funcionarios públicos”.
Las modificaciones a los procedimientos de la expropiación por causa de utilidad pública consisten en separar la declaratoria de utilidad pública y el decreto de expropiación, explicó al mencionar que para la primera bastará el dictamen técnico de la entidad o dependencia pública y luego se procedería a desarrollar el proceso legal administrativo de la expropiación.
Con ello se limita la defensa de particulares, ejidos y comunidades al reducir el tiempo para interponer recursos legales a 15 días. La iniciativa propone además que no proceda la suspensión ante un decreto de expropiación, prosiguió.
Expuso que otra novedad de la ley es la posibilidad de recibir y aprobar propuestas no solicitadas de la Iniciativa Privada. “Al proponente se le pagarán además los gastos de la elaboración de su propuesta, eso es que el gobierno espurio no sólo dejaría de cumplir la función de proporcionar los servicios públicos sino que los particulares realizarán el trabajo del ejecutivo que será retribuido a precios que determine la iniciativa privada” explicó.
Calificó a la iniciativa de ley de anticonstitucional “porque infringe las facultades del Congreso de la Nación plasmadas en el artículo 73-VIII que faculta al Congreso decidir sobre el endeudamiento de la nación. El hecho de que se clasifique el pago como “gasto corriente” no cambia que sea endeudamiento público sólo lo disfraza”.
Recordó que esta maniobra se inventó en la Unión Europea que puso como techo máximo un endeudamiento del 60 por ciento del PIB en 1997 para los estados miembros. Para salir a paso de este límite se ideó la llamada Asociación Público-Privada(APP) o en inglés “Private Finance Iniciative” que permite a los estados violar sus propias reglas sobre el nivel del endeudamiento.
Sin embargo, continuó, actualmente la Unión Europea está planteando la necesidad de abrir estos contratos al escrutinio público con la finalidad de conocer su monto y costos. Por ejemplo en Inglaterra, el pionero de estos contratos, se ha decidido cambiar las reglas de la contabilidad pública para que esta deuda escondida (off balance sheet) aparezca como parte de la deuda pública.
Esta medida, mencionó, se actualizó a raíz de la crisis económica mundial causada, entre otras cosas por el desconocimiento respecto al endeudamiento real y la capacidad de pago de los grupos financieros y de los estados.
Destacó que los contratos APP consisten en contratar con el sector privado el financiamiento, la construcción y la administración de una obra –hospital, carretera, puente, de agua, etcétera—a cambio de un pago, mensual o anual, al ganador del contrato y/o el otorgamiento de una concesión para cobrar por su uso.
Explicó que se pide al inversionista-constructor-administrador que: ponga un capital de “riesgo”, frecuentemente muy bajo; consiga en el mercado financiero el resto del capital, generalmente a una tasa mayor que la gubernamental; construya la obra y; la administra.
Estos contratos, aclaró, ya existen en México con el nombre eufemístico “Proyectos de Prestación de Servicios” (PPS) justificados legalmente con un “Acuerdo Secretarial” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 2004 (DOF 9/4, 2004) que tiene una jerarquía legal muy baja. Este acuerdo se publicó durante el gobierno de Fox con Gil Díaz como titular de la SHCP y Barrio Terrazas en la SFP.
La LAPP, sostuvo, tiene la finalidad de resolver esta debilidad legal. Es más, en 22 entidades federativas ya fueron aprobadas leyes semejantes generalmente sin mayor conocimiento y sin un debate a fondo. “Se trata ni más ni menos de una hipoteca de un monto desconocido a cargo de los futuros ingresos públicos que obliga a los gobiernos —federal, estatal o municipal— a pagarla prioritaria- y puntualmente. Los célebres “Pidiregas” de PEMEX tenían el mismo carácter y han sido reconocidos por el Congreso como deuda pública” resaltó.
Especificó que operan en México un grupo de asesores-cabilderos especializados en este tipo de contratos, destacadamente los despachos de White & Case, Currie & Brown, Pricewaterhouse y Jáuregui y Nader Asociados, entre otros. “Estos despachos se han encargado de “vender una imagen falsa de estos proyectos además de elaborar los contratos y las iniciativas de ley” comentó.
Mencionó que han cobrando honorarios por un monto acumulado de unos cien millones de pesos sólo en el sector salud por estas actividades y al ser asesores de los gobiernos influyen en el dictamen de las propuestas de los licitantes. Uno de los casos más emblemáticos es el estado de México.
Indicó que el contenido de la iniciativa de ley permite inferir que alguno(s) de estos despachos están detrás de su redacción ya que dice que permitirá reducir los costos hasta en un 15 por ciento y sobre todo disminuir los tiempos de ejecución hasta en un 30 por ciento.
“Estos son los argumentos machaconamente esgrimidos a favor de los PPS pero la realidad los ha desmentido tanto en México como en el extranjero. Ponemos el ejemplo de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad contratados por la SSA” e expuso.
El primero hospital ubicado en León, Guanajuato fue asignado a la empresa española Acciona con un contrato por 3,600 millones lo que significa un monto superior en 164 millones del proyecto de referencia. Sin embargo se estima que su costo total –sin contar el costo de la prestación de los servicios médicos, medicamentos y otros insumos—serán unos 7,500 millones por las actualizaciones del INPC y los ajustes pactados en el contrato, detalló.
“La inversión realizada en la construcción y equipamiento del hospital fue de 603.7 millones y entre abril, 2007 y junio, 2009 Acciona ha recibido pagos por 391 millones. Si el gobierno federal hubiera contratado un préstamo por 603.68 millones con una tasa de interés de 4% anual habría pagado 61 millones por el tiempo señalado. Es decir, hubiera tenido un excedente de 330 millones respecto al contrato PPS y con este dinero podría haber pagado el 55% del préstamo original. Es una mentira que los PPS son 15% más baratos”, pormenorizó.
La secretaria de Salud mencionó que la eficiencia privada se ha además mostrado ser bajísima. El hospital fue inaugurado en marzo de 2007 con un retraso de cinco meses. El problema no terminó allí ya que durante el primer año sólo estaban en funcionamiento 25 de sus 180 camas. Los últimos datos oficiales permiten estimar que se llegará al 36% de la meta contractual de egresos hospitalarios anuales en 2009. Esto equivale a un funcionamiento regular de 60 a 70 camas.
Resaltó que el segundo hospital en Ciudad Victoria, Tamaulipas, fue asignado a la empresa mexicana Marhnos que carece de la experiencia solicitada pero aportó a la campaña del PAN. El monto del contrato es de 4,725 millones de pesos y aumentará al menos al doble por las actualizaciones previstas. Se inauguró en marzo de 2009 con un médico y 15 altos funcionarios.
“Hasta la fecha no está funcionando, carece de personal y sólo están presupuestados para 2010 los recursos para el pago del contrato. Esto significa que se mantendrá cerrado también durante 2010. Es decir, es un buen negocio para las empresas contratantes pero un desastre para los pacientes no atendidos y para los contribuyentes”, informó.
La suerte de las carreteras concesionadas es de sobra conocida –sus quiebras, rescates y saneamiento—, sus altos costos para los usuarios y el pésimo mantenimiento. Con estos antecedentes no hay nada que haga suponer que una Ley de Asociaciones Público-privadas tenga algo que ofrecer que no sean grandes negocios al sector privado, señaló.
Aseguró que los investigadores ingleses Liebe y Pollock acaban de publicar una revisión de este tipo de proyectos (The experience of the private finance initiative in the UK’s Nacional Health Service www.health.ed.ac.uk/CIPHP/publications) en Inglaterra después de diez años de experiencia con ellos. Su revisión se basa fundamentalmente en la información oficial y los documentos del Ministerio de Finanzas, la Auditoría Superior y el Regulador Autónomo del sistema de salud.
Manifestó que esta revisión les permite extraer tres lecciones. La primera es que los PPS no proporcionan financiamiento adicional porque el estado de cualquier modo tiene que pagarlo. La segunda es que no son más baratas ya que el costo del financiamiento incrementa y tampoco proporcionan mejores servicios. La tercera es que sus altos costos obligan a reducir los servicios prestados.
Indicó que la iniciativa mexicana llega 10 años tarde cuando ya está probada su inoperancia y altos costos. Es una propuesta disimulada para legalizar la privatización de los bienes públicos y desresponzabiliar al estado de sus obligaciones. Procuraría además la silenciosa privatización de PEMEX.
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Fuente: Gobierno Legítimo
Difusión AMLOTV
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