En la antesala del Estado fallido

"Estado fallido es un término polémico que califica de esta manera a un Estado débil en el cual el gobierno central tiene poco control práctico sobre su territorio.

"El término es muy ambiguo e impreciso. Por ejemplo, si se toma de forma literal, un Estado fallido sería aquel en el que no hay un gobierno efectivo, al contrario de un gobierno dictatorial que acapara y utiliza todo el poder.

"Con esto se quiere decir que un país 'tiene éxito' si mantiene un monopolio en el uso legítimo de la fuerza física dentro de sus fronteras.

"Cuando este monopolio está quebrantado (por ejemplo, por la presencia dominante de señores de la guerra, de milicias o de terrorismo), la misma existencia del Estado llega a ser dudosa, y el país se convierte en un Estado que ha fallado o Estado fallido.

"El término también se utiliza en el sentido de un Estado que se ha hecho ineficaz (...) y no puede hacer cumplir sus leyes uniformemente debido a las altas tasas de criminalidad, corrupción extrema, un extenso mercado informal, burocracia impenetrable, ineficacia judicial, interferencia militar en la política, las situaciones culturales en las cuales los líderes tradicionales gastan más energía que el Estado sobre ciertas áreas, aunque no compitan con el Estado, y otros factores".

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Uno de los más encendidos debates políticos es si dada la crisis de seguridad que se vive, México debe ser considerado o no un Estado fallido.

La polémica se abrió al inicio de este año, cuando algunas agencias estadounidenses de inteligencia ubicaron a nuestro país dentro de esta categoría.

El presidente Felipe Calderón y la diplomacia mexicana salieron al paso para desmentir la pretensión. Las instituciones mexicanas son lo suficientemente sólidas para invalidar el Estado fallido, dijeron entonces.

Pero si a la definición pura nos remitimos, nuestro país muestra ya los síntomas y características de lo que se niega. Basta analizar las definiciones.

Vivimos en un Estado débil, en el que los poderes fácticos operan al margen y por encima del presidente en turno, infiltran e imponen su agenda al Poder Legislativo y manipulan al Poder Judicial.

Tenemos un gobierno poco efectivo en el cumplimiento de la ley. La parcialidad de la justicia y la impunidad son la regla, no la excepción.

Y, sobre todo, somos testigos de cómo cada día el gobierno pierde aceleradamente el monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de sus fronteras.

Pero más allá de las apreciaciones, están los hechos. Cuatro sucesos ocurridos esta semana vienen a confirmar de facto la condición mexicana del Estado fallido.

I. El informante ejecutado. Edgar Enrique Bayardo del Villar era el nombre del testigo protegido más importante que tenía el gobierno mexicano en su Operación Limpieza contra el narcotráfico.

Como ex mando de la Policía Federal y presunto informante del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, el ejecutado se había acogido a un programa de Testigos de Colaboración para denunciar el modus operandi del Cártel de Sinaloa.

Sus denuncias llevaron a la captura de media docena de mandos federales que hoy purgan largas sentencias en penales de alta seguridad.

Y como informante que había sido de la DEA cuando estuvo en activo en la Policía Federal, Edgar Enrique Bayardo del Villar estaba a punto de ser enviado a Estados Unidos, también en calidad de testigo protegido, para aportar información privilegiada a las autoridades norteamericanas.

Pero una ráfaga disparada a mansalva acabó con su vida. Fue ejecutado a plena luz del día, sin importar que estuviera en un lugar público, como un Starbucks, donde una mujer resultó herida.

Y no era la primera ejecución de un testigo protegido este mes. Diez días antes, Jesús Zambada, alias "Rambo III", hijo de "El Rey" Zambada, presuntamente se suicidó. Apareció "ahorcado". También estaba bajo el régimen de Testigo de Colaboración. Curioso, ¿no?

Si un Estado no puede garantizar la vida a su testigo protegido más relevante, que está escoltado por sus propias fuerzas, ¿cómo puede el ciudadano común y corriente esperar que ese mismo Estado le garantice la suya?

Después de que estos dos testigos protegidos perdieron la vida, ¿habrá alguien más que se atreva a revelar los vínculos entre las policías y los narcos? ¿Quién parece tener la sartén por el mango, el Estado o los narcos? ¿No es eso un Estado fallido?

II. Los policías desaparecidos. El pasado 17 de noviembre, siete nuevos elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) fueron enviados a una misión contra el crimen organizado en la zona caliente de Michoacán.

Jóvenes recién egresados de las filas de la academia policial, trasladados en vehículos no oficiales, se dirigieron a realizar su encomienda en los territorios de La Familia michoacana. Pero nunca llegaron a su destino. Desaparecieron y nadie sabe dónde están. Se los tragó la tierra.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública federal, a cargo de Genaro García Luna, no puede informar sobre sus hombres desaparecidos en el cumplimento de su deber.

Más aún, exigen a sus familiares que no hagan un escándalo en los medios porque las vidas de quienes están desaparecidos correrían un alto riesgo.

Sus familiares creen que tanto tiempo sin comunicación significa que los desaparecieron.

Si la máxima autoridad de seguridad en México no puede garantizar ni la seguridad de sus propios elementos, los que están capacitados para luchar contra el crimen organizado, ¿cómo se espera que un ciudadano ordinario lo haga? ¿No es esto un Estado fallido?

III. El alcalde justiciero. México podría hacer una valiosa aportación a la definición de Estado fallido.

Y ese texto diría: "Cuando los ciudadanos rinden culto a una autoridad que levanta su popularidad mediante la violación impune de la ley que juró guardar". Absurdo, ¿no?

Pues de ese tamaño es el desencanto ciudadano. La ineficacia del gobierno para controlar el narcotráfico, los secuestros, la venta de protección en negocios es tal, que todo se permite y hasta se aplaude. Incluso violar impunemente la ley.

Bueno, hasta poner a modo los horarios a los antros, bares y discotecas. No porque la autoridad lo decida, sino porque es el horario que los gobernados quieren. Para que cierren más tarde y ya no violen la ley que no fue cambiada para apegarse a derecho.

Ese es el caso de Mauricio Fernández Garza, el controvertido alcalde del emblemático municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León.

El que anticipó casi 24 horas antes la muerte de "El Negro" Saldaña sin que hoy podamos conocer quién fue su oportuno informante y sin que la autoridad pueda exigir al funcionario el origen de su clarividencia.

Un alcalde que a pesar de tener un cuerpo de policía a su servicio, anunció en su toma de protesta que crearía grupos de limpia, de rudos, para acabar con los secuestradores. Legitimar la ley de la selva.

El que esta semana legalizó la ilegalidad en un pacto con quienes sistemáticamente violaban la ley: los dueños de bares y discotecas.

Y si la ley de Nuevo León dice que los cierres deben ser a las 2:30 de la mañana, no importa. Si se mantienen abiertos hasta las 4:30 sin que autoridad alguna los obligue a cumplir el reglamento, la solución es sencilla. Pactemos, sin modificación previa a la ley, que el nuevo horario de cierre sea dos horas más tarde.

Es decir, la autoridad sometida a las peticiones de quienes, violando la ley, terminan por imponer sus condiciones. Y todavía el alcalde de San Pedro va a una de las discotecas, la que más clausuras tiene por violar la ley, para firmar "el pacto".

Y para cerrar la semana, Mauricio Fernández Garza ratifica que va por el padrón de las empleadas domésticas. En el municipio más próspero de México, se instalará un nuevo apartheid. El de los amos y el de sus sirvientes. Los blancos contra los de piel morena. Los ricos contra los pobres. Todo en contra una Constitución que establece que todos los mexicanos somos iguales ante la ley.

Pero lo curioso es que todo, lo de las guardias blancas, lo de las discotecas y lo del hierro ganadero a las empleadas domésticas, se le aplaude y se le festeja. ¿Hasta cuándo?

Hasta que el próximo perjudicado por algún capricho del alcalde sean los mismos que hoy aplauden la violación de la ley en aras de acabar de una vez por todas con los miedos sociales.

Y también es curioso que a pesar de aceptar que está violentando la ley, ninguna autoridad superior someta al orden a quien ya decidió instituirse como el sheriff del pueblo.

¿Puede una autoridad violar la ley repetidamente, aceptarlo, jactarse de ello, sin que sus actos ilícitos tengan consecuencias legales? ¿En dónde está el Estado de derecho? ¿No es acaso esto un Estado fallido?

IV. Los presos fantasmas. La historia de la humanidad registra algunos estados perversos que en su autoritarismo crearon prisiones donde desaparecían a los enemigos del sistema. Gulag, Siberia y Auschwitz, por citar algunos.

Pues México podría tener un ingreso tardío a esta lista negra. El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) acaba de otorgar al muy cuestionado Genaro García Luna una patente de corso para "desaparecer" a conveniencia a presos recluidos en penales de alta seguridad.

El argumento es que la autoridad no tiene por qué informar en que penal se encuentra recluido un reo de alta peligrosidad. Puede incluso cambiarlo de reclusorio sin dar aviso alguno a sus familiares.

Más aún, con esta facilidad, la autoridad tampoco estará obligada a proporcionar detalles sobre la enfermedad o muerte de esos internos.

En principio, el asunto podría defenderse. Nadie quiere que los reos más peligrosos de México puedan ser ubicados para luego ser rescatados y liberados por comandos que toman por asalto los penales.

Pero esta incompetencia del Estado para resguardar sus penales se traduce en una legislación que también permitirá a la autoridad coludida la liberación de reos peligrosos. Después de todo, no se puede dar información sobre su paradero.

Peor aún, se puede fingir la muerte de un reo peligroso y, con el pretexto de la custodia de la información, liberarlo con nueva identidad.

Lo más lamentable, sin embargo, no son los reos peligrosos. La alerta va sobre aquellos mexicanos que, por motivos políticos, sean detenidos y clasificados en la categoría de no informables de su ubicación penitenciaria.

Bajo ese esquema, los disidentes del gobierno en turno podrían no sólo ser encarcelados injustamente, sino enviados sin aviso a otros penales. O, de plano, colocados en la lista de muertos, sin que obre de por medio explicación alguna. ¿No es esto un Gulag, aquella prisión soviética en la que se sometía a los disidentes del comunismo?

¿Es esta una práctica sana del Estado de derecho? ¿Cuántos gobiernos del mundo gozan de esta prerrogativa de ocultar información sobre sus criminales? ¿No es esto un Estado fallido?

Después de escuchar estos cuatro casos, todos ocurridos en los últimos siete días, la pregunta obligada, una y otra vez, es si tenemos o no un Estado fallido.

Fuente: Reporte Indigo

Difusión: AMLOTV