Nelly Olivos
nelly24olivos@yahoo.com.mx
* Existe un subregistro en el total de agravios contra periodistas * Tienen conocimiento de casos donde los afectados decidieron no denunciar * Temen o no tienen confianza en las autoridades para sancionar a los responsables
En el tan llevado y traído tema de las agresiones a periodistas y medios de comunicación, el pasado febrero se presentaron dos informes; uno realizado por el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) y otro por la organización Artículo XIX.
Si bien es cierto que ambos informes poseen diferencias metodológicas, es necesario reconocer los puntos en común y los hechos no parecen mentir: existe un incremento generalizado en los casos de agravios a comunicadores y los principales agresores son las fuerzas de seguridad del Estado.
Las autoridades se han dado a la tarea de descalificar cuanto informe presentan las organizaciones civiles en torno al tema de los agravios a la libertad de expresión, argumentan la diferencia en los registros de estos casos, así como carecer de una metodología única; pero la verdad es que tales argumentos no consideran el problema de fondo: la impunidad.
El informe de la FEADP
Antes de concluir el 2009, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), presentó su respectivo informe de actividades donde de forma poco clara señala que “del 16 de febrero de 2006 al 30 de noviembre de 2009, esta fiscalía desarrolló la investigación de asuntos radicados, tramitados y determinados en un total de averiguaciones previas y actas circunstanciadas de 1,108, de las cuales 99 se han determinado y nueve se encuentran actualmente en trámite”, sin que con exactitud sepamos a ciencia cierta cuántos presuntos responsables hayan sido sancionados.
Más aún, en el informe de Artículo XIX se crítica la labor de la Fiscalía al señalar puntualmente que de los 108 casos registrados por dicha dependencia, sólo 16 casos se registraron el año pasado, lo que contradice la cifra de 244 agresiones registradas por la organización internacional.
El baile de cifras continúa en el informe de la FEADP: se realizaron 45 reuniones con organizaciones internacionales y nacionales interesadas en la defensa de los periodistas; se atendieron vía telefónica 66 llamadas relacionadas con posibles denuncias por parte de comunicadores; se atendieron mil 130 treinta comunicaciones por escrito de organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos; se efectuaron 50 acciones de difusión de las actividades de la Fiscalía Especial (entrevistas, reportajes, etcétera); de las visitas a las autoridades locales de procuración de justicia se obtuvo como resultado el registro, seguimiento y actualización de 145 asuntos de agresiones contra periodistas; y por último, se han elaborado 31 mil 621 análisis informativos a partir del seguimiento en prensa de 24 asuntos que en su mayoría no derivaron en acciones legales ni quejas.
Lamentablemente el documento de la FEADP no da cuenta de cuántos responsables de las agresiones a periodistas y medios de comunicación han sido sancionados o qué avances hay en las investigaciones correspondientes en el tema.
Las coincidencias
Como señalábamos anteriormente, en los informes presentados por el Cepet y Artículo XIX existen diferencias, pero coinciden en puntos centrales como el hecho de identificar a Oaxaca y Veracruz como las entidades donde se registraron mayor cantidad de agravios contra periodistas y medios de comunicación; aun por encima de Chihuahua que se encuentra sumergido en la violencia de la batalla contra el narcotráfico.
La explicación a tal situación es sencilla, este alto índice de agravios se encuentra directamente relacionado con la presencia de cacicazgos políticos.
Un ejemplo de lo anterior fue la detención el 11 de enero de 2009 de los voceadores del diario Noticias, de Oaxaca, Hilaria Jacobo Robles y Guillermo Vicente Pérez, por órdenes del presidente municipal de San Pedro Jicayá, Leonardo Silva Palacio, con el propósito de evitar la difusión de críticas a su administración.
El Cepet señala en su informe, Gobierno y narco: la lucha por imponer la agenda periodística, que la existencia de cacicazgos locales que ven amenazados sus proyectos políticos a causa de las críticas y denuncias periodísticas suelen echar mano de los cuerpos de seguridad municipal, así como del Ministerio Público y juzgados locales, como una especie de mecanismo de ajuste de cuentas.
Por su parte el informe Entre la violencia y la indiferencia, de Artículo XIX, señala que Oaxaca y Veracruz son “ejemplo de la resistencia que aún impera en los círculos de gobierno para garantizar y respetar el ejercicio del periodismo crítico y sobre asuntos de interés público”.
Estudios de seguimiento y documentación de agresiones a periodistas y a medios de comunicación han señalado que durante los procesos electorales estos incidentes suelen aumentar, por lo que podemos señalar que en el presente año la situación no va a ser diferente en dichas entidades.
Ambos informes también señalan que integrantes del crimen organizado se han convertido en los responsables de los ataques más violentos contra comunicadores, de ello dan cuenta los atentados con armas de grueso calibre, atentados con granadas y varias ejecuciones de periodistas.
Una última coincidencia guardan los documentos elaborados por el Cepet y Artículo XIX: existe un subregistro en el total de casos de agravios contra periodistas, en otras palabras, ambas instituciones manifestaron tener conocimiento de casos de agravios donde los afectados decidieron no denunciar los hechos por temor o falta de confianza en las autoridades para sancionar a los responsables.
Las diferencias
Probablemente, las diferencias más notorias en el trabajo del Cepet y de Artículo XIX estén dirigidas a los mecanismos de protección de periodistas. Mientras la primera organización busca el “entrenamiento” de los profesionales de la comunicación para enfrentar y alejarse de prácticas de riesgo, mediante el apego estricto al cumplimiento de la ley; la segunda dirige toda su atención a la creación a un sistema de protección a periodistas adaptando el colombiano a nuestro país.
Por su parte, las autoridades dan nuevas esperanzas a las organizaciones civiles encargadas de promover y garantizar el respeto a la libertad de expresión de los comunicadores, ya que el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, removió a Octavio Orellana Wiarco como titular de la FEADP y en su lugar designó a Gustavo R. Salas Chávez quien tiene instrucciones “precisas de revisar a profundidad cada uno de los casos registrados en la Fiscalía Especial y abatir la impunidad, así como reorganizar la estructura del área”, señala un boletín de la Procuraduría General de la República.
Todo parece indicar que en materia de agravios contra periodistas y medios de comunicación, este año no va a ser diferente a los anteriores y que tales casos van ir a la alza garantizando un enorme esfuerzo de las organizaciones civiles para monitorear, documentar, registrar y denunciar los crímenes que pretende silenciar al gremio periodístico; mientras las promesas de acabar con la impunidad serán moneda corriente entre las autoridades. Lo único que queda preguntarnos como periodistas es quién se volverá parte de las estadísticas de los informes.
Fuente: Forum
Difusión: Soberanía Popular
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