Carlos Fazio / Prensa Latina
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Más allá de su desenlace final, el secuestro y desaparición forzada de Diego Fernández de Cevallos, conspicuo personaje de la estructura de poder clasista de México, es un crimen político que se convirtió en un asunto de Estado. Se trata sin duda del crimen político más sonado desde el asesinato del candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio, en 1994.
Desde un comienzo, el caso del Jefe Diego, como se le conoce en los círculos políticos y mediáticos mexicanos, cuya desaparición cobró estado público el sábado 15 de mayo, estuvo rodeado de enredos y, por eso, alimentó todo tipo de especulaciones.
La desaparición del excandidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN) en 1994, y principal opositor en lo interno de la fuerza política del actual mandatario Felipe Calderón, ocurrió en una coyuntura muy particular: la víspera de la gira presidencial a España y Estados Unidos. Cuando temprano la tarde del 15 de mayo el exdirigente nacional del PAN, Manuel Espino, divulgó por la red social de twitter que Fernández de Cevallos estaba muerto y su cuerpo en la Zona Militar de Querétaro, el impacto de la noticia fue tremendo.
En un primer control de daños, el gobierno intentó limitar la información oficial sobre el caso y pidió a los medios que lo minimizaran. Al respecto, la prueba más fehaciente fue la extraña e insólita declaración de autocensura de Televisa.
Desde ese momento El jefe Diego se convirtió en el mensaje. Y dado que el silencio no se impone por decreto, por lo menos, no por ahora, el gobierno acabó sobredimensionando las versiones y, lo peor, el caso terminó ensombreciendo las visitas de Calderón a España y Estados Unidos.
Las versiones en juego desde un inicio fueron tres: ejecución, desaparición o secuestro con fines extorsivos o de Estado. Pero nadie reivindicó el hecho. El lunes 17, la influyente columnista Denise Maerker aseveró que el secuestro del jefe político del actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont y del procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, era una declaración de guerra al Estado mexicano, que sólo podía provenir de la guerrilla del Ejercito Popular Revolucionario (EPR) o el crimen organizado.
El EPR se deslindó y creció el rumor sobre un posible intercambio del Jefe Diego por el presunto narcotraficante Ignacio Coronel, sindicado por las autoridades como uno de los jefes del cártel de Sinaloa, quien habría sido detenido en Jalisco por un comando militar.
Pero el Ejército y la Marina desmintieron la información. En todo caso, los raptores ejecutaron un tiro de precisión al poder político en México.
En vísperas de un viaje presidencial, le quitaron argumentos a Calderón sobre la vigencia del estado de derecho en México y abonaron la tesis sobre un Estado fallido, alimentada por los círculos de inteligencia estadunidenses. El propio Calderón, desde España, aludió a que el país atravesaba por una fase de "colombianización".
Aunque Diego Fernández de Cevallos es el prototipo del traficante de influencias y ha sido abogado de turbios y multimillonarios negocios, su secuestro tocó directamente a la "clase política" corrupta. En ese contexto, el caso puede estar vinculado con la sorda lucha entre las diversas facciones de la ultraderecha mexicana, no sólo panista, debido a que fue un duro golpe político al exmandatario Carlos Salinas de Gortari, a quien ayudó abiertamente en las fraudulentas elecciones del 6 de julio de 1988. En ese sentido, puede tratarse de un arreglo de cuentas dentro de la cúpula gobernante, en el seno de las fuerzas del poder político en México y que tienen un pie en la economía criminal y otro en el Congreso, los partidos y las grandes empresas. En todo caso, y dado que al momento de escribir estas líneas seguía el "misterio", la desaparición y eventual ejecución del Jefe Diego supone reacomodos en los círculos económicos, financieros y políticos con cara a la sucesión presidencial de 2012.
Fuente: Forum
Difusión: soberanía popular
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