Por: Manuel Felipe Díaz
teleSUR
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa a propietarios, editores y directores de diarios, periódicos y agencias informativas de América, convertida en foro de ataque contra los Gobiernos progresistas de algunas naciones latinoamericana y, consecuentemente, cooperante con el desarrollo de golpes de Estado en la región, cada vez más reafirma su relación con sectores políticos de derecha, al tiempo que se aleja de sus ''principios'' para la defensa de los periodistas y la libertad de expresión.
Permanentemente y bajo el argumento de supuestas amenazas a la prensa, en sus asambleas anuales y alocuciones de sus directivos, la SIP cuestiona las políticas que han impulsado Gobiernos de izquierda en Latinoamérica para fomentar la democratización de los medios de comunicación, como parte de los esfuerzos para garantizar el acceso de los ciudadanos a la información.
Las naciones latinoamericanas que integran la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA: Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, son a las que principalmente van dirigidos los ataques de la SIP, arremetidas basadas en una reiterada denuncia de irrespeto a la libre expresión por parte de los Estados, libertad que siempre se trata de vender como el derecho a fomentar la conspiración y el golpismo que los dueños de medios se otorgan a sí mismos.
Bolivia, Ecuador y Venezuela han puesto en vigencia instrumentos jurídicos en los que se norma la operación de medios de comunicación; con la intención, principalmente, de acabar con la promoción de antivalores y, por el contrario, promover la cultura e impulsar la educación de sus ciudadanos.
Estas iniciativas, junto a la naturaleza humanista y revolucionaria de los Gobiernos, han costado la preparación de acciones desestabilizadoras contra los procesos políticos liderados por los presidentes venezolano, Hugo Chávez; boliviano, Evo Morales y ecuatoriano, Rafael Correa, en las cuales si bien no se demostró responsabilidad directa de la SIP, sí fue evidente en todos los casos un cómplice silencio de parte de ese ente que conglomera a los dueños de medios de prensa.
Por ejemplo, durante el golpe de estado en Venezuela el 11 de abril del 2002 y en los 64 días del sabotaje petrolero al año siguiente, donde los medios de comunicación privados no hicieron más que transmitir mensajes de división y odio para derrocar al Gobierno legítimo, no hubo condena alguna por parte de la SIP ante la actitud depravada de la prensa a favor del golpismo.
Posteriormente, hubo un intento por desmembrar la integridad territorial boliviana en 2008, como parte de las acciones de la derecha de ese país por deslegitimar y desestabilizar al Gobierno del presidente Morales que, al igual que Chávez, ha sido ratificado en el cargo en varios procesos electorales. La SIP tampoco emitió críticas sobre el papel de los medios impresos, radiales y televisivos que llamaron a votar en un ilegítimo referendo secesionista con el cual se buscó decretar la independencia del departamento de Santa Cruz, región boliviana que concentra en el subsuelo gran cantidad de recursos energéticos.
Más recientemente, en septiembre pasado, lejos de condenar el secuestro del Presidente Rafael Correa y la represión policial de los grupos golpistas contra el pueblo y contra periodistas, entre ellos el corresponsal de teleSUR en ese país suramericano, la SIP señaló su condena al estado de excepción que decretó el legítimo Gobierno ecuatoriano para garantizar la seguridad interna del país.
La SIP advirtió sobre la ''violación'' a la libertad de prensa que implica la obligatoriedad de enlazar a la televisión y la radio privada, a la señal de la cadena estatal. Con ello se refieren a la orden del Ejecutivo a que la televisión privada estuviera enlazada a la pública ante la contingencia nacional que implicó el secuestro del Presidente de la República.
Esta es sólo una parte de la negra historia de la SIP, que incluye la participación activa en el derrocamiento de Salvador Allende en Chile en septiembre de 1973, lo cual le resta a esa organización autoridad moral para cuestionar la libertad de expresión en la región o el continente.
Lejos de defender los derechos de periodistas o de los trabajadores de la comunicación , la SIP opera como una sucursal patronal de los grandes oligopolios de la información en el continente, al servicio de la hegemonía capitalista y el golpismo que este promueve contra las libres naciones latinoamericanas que han decidido desligarse de sus designios imperialistas.
Fuente: TeleSur
Difusión: Soberanía Popular
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