La instancia tendría más legitimidad, afirma el académico; la de Fox fue “tibia”, critica
HÉCTOR BRISEÑO
El académico Sergio Aguayo Quezada externó que existe un resquicio para pensar en la posibilidad de crear una comisión de la verdad que investigue las violaciones a los derechos humanos, pero subrayó que la iniciativa debe surgir de las víctimas de la guerra sucia, sus familiares y los órganos civiles que los representan, para tener legitimidad.
Recordó que el ex presidente de México, Vicente Fox Quezada, creó una Fiscalía de la Verdad, la cual no fructificó, pues su misión fue sacrificada en aras de contar con los votos priístas para aprobar su reforma económica.
Sostuvo que lo más importante en dicho sexenio fue la recopilación de información referente a violaciones de las garantías individuales, pero recriminó que la documentación fue declarada como extraviada por parte de la Procuraduría General de la República.
En su intervención vía Internet en el coloquio nacional ¿Guerra sucia o terrorismo de estado?, en el auditorio de la Unidad de Estudios de Posgrado e Investigación de la Universidad Autónoma de Guerrero, el investigador expresó que los 30 millones de pesos aprobados en el presupuesto 2011 en la Cámara de Diputados para el pago de sanciones interpuestas al estado mexicano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los casos de Rosendo Radilla y las indígenas me´phaa violadas por militares en Ayutla, Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández, no representan una solución a la represión oficial en el país, y mucho menos para el resarcimiento de daños.
Consideró que la diferencia de criterios entre asociaciones civiles ha representado un obstáculo para integrar un órgano que investigue los casos de represión de la autoridad.
Manifestó que “más allá de la resistencia real del viejo regimen y las tibiezas de Vicente Fox, también influyó la incapacidad de la comunidad interesada por establecer una agenda única. Teníamos propósitos diferentes y una manera diferenciada de vivir el terrorismo de estado”
Aceptó que el balance es negativo respecto a lo logrado en países como Sudáfrica, Chile, Argentina y El Salvador, y aseveró que el tema de los derechos humanos aun no es asunto prioritario de la agenda ciudadana.
La representante del Centro de Investigaciones históricas de los movimientos sociales, Florencia Ruiz Mendoza, señaló que gracias al informe histórico elaborado por la instancia, se tiene conocimiento de 255 guerrerenses desaparecidos en la década de los 70, cuando se vivieron los momentos más álgidos de la guerra sucia en Guerrero; además de 15 crímenes de guerra cometidos bajo el amparo de las políticas de contrainsurgencia aplicadas por el ex presidente Luis Echeverría.
Entre ellos se tiene el registro de desapariciones forzadas, detenciones masivas, detenciones prolongadas, lo que se tradujo en el genocidio sistemático y el cerco a poblaciones completas en zonas rurales de la entidad, en comunidades aledañas a Atoyac.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión: Soberanía Popular
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